La gigantesca compañía de energía francesa Total podría afrontar juicio en Bélgica por crímenes contra la humanidad por sus operaciones en la dictatorial Birmania.
Un fiscal belga decidió reabrir la investigación iniciada en 2002 a raíz de la denuncia de cuatro refugiados birmanos, que acusaron a Total de dar apoyo financiero y logístico en los años 90 a un régimen responsable de trabajos forzados, asesinato, ejecuciones arbitrarias y tortura.
El fiscal decidirá este mismo mes si procede con la acusación penal.
El abogado de los refugiados, Alexis Deswaef, anunció este martes que el caso había sido reabierto.
La Corte Constitucional admitió el proceso en 2005, pero el caso sufrió un retroceso en marzo de este año, cuando un tribunal de apelaciones dispuso su finalización porque los querellantes no eran belgas.
De todos modos, la Corte Constitucional observó que, según las leyes internacionales, un refugiado legalmente reconocido tiene el mismo derecho a la justicia que un ciudadano belga.
Por otra parte, en Bélgica rige una ley de "competencia universal" que faculta a sus tribunales a procesar casos de violaciones a los derechos humanos sin importar dónde fueron cometidas.
Esta norma fue invocada para demandar al ex primer ministro israelí Ariel Sharon y a varios implicados en el genocidio en Ruanda en 1994.
La demanda se dirige contra el ex jefe de Total Thierry Desmarest y el ex director de las operaciones de la firma en Birmania, Hervé Madeo.
La industria del gas supone para las fuerzas armadas birmanas ingresos por más de 2.000 millones de dólares. La mayoría de ese dinero procede de apenas dos yacimientos, los de Yetagun y Yadana.
El de Yadana fue desarrollado por un consorcio encabezado por Total desde 1992.
La organización de derechos humanos Human Rights Watch advirtió esta semana que no existe transparencia en el uso que se da a los ingresos gasíferos. Se estima que las fuerzas armadas reciben la parte del león, mientras se reserva una mínima porción a la salud, la educación y a otros servicios sociales.
Los inversores en el petróleo y el gas de Birmania proceden de países como Australia, China, Islas Vírgenes (una dependencia británica), Tailandia, Malasia, Corea del Sur, Rusia, Francia, Estados Unidos, Japón, Singapur e India.
Estas compañías podrían presionar a la junta militar birmana para que cese la represión contra los monjes budistas, comience un diálogo con la oposición y las minorías étnicas y se libere a los presos políticos, según Human Rights Watch.
Esta organización con sede en Nueva York urgió a las empresas a considerar retirarse de Birmania si no hay sustanciales mejoras en la situación política.
"Las compañías que hacen negocios en Birmania argumentan que su presencia es constructiva y beneficiosa para el pueblo birmano, pero no condenan los abusos del gobierno contra sus propios ciudadanos", dijo Arvind Ganesan, de Human Rights Watch.
"Mantener la tranquilidad mientras los monjes y otros manifestantes son asesinados y encarcelados no demuestra un compromiso constructivo", agregó.
El año pasado, Yadana produjo más de 19 millones de metros cúbicos de gas diarios, la mayoría usada en centrales de electricidad en la vecina Tailandia. Este yacimiento contiene unos 150.000 millones de metros cúbicos de gas. Total pronosticó que tardará tres decenios en agotarse.
El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, anunció la semana pasada que no habrá nuevas inversiones de su país en Birmania. Pero nada permite prever que Total abandone la nación asiática.
El vicepresidente de Total, Jean-François Lassalle, dijo que obligar a la firma a retirarse de Birmania sólo abriría paso al reemplazo de la firma por otros operadores.
Lassalle admitió que el ejército birmano usó trabajo forzado en el área que rodea el yacimiento de Yadana.
Pero "Total nunca usó trabajo forzado, ni directa ni indirectamente a través de contratistas. Siempre nos aseguramos que no haya trabajo forzado en las áreas en que operamos", aseguró.
"Cuando supimos que lo hubo en el corredor del gasoducto a pesar de nuestras precauciones, pagamos compensaciones inmediatamente", afirmó.
Harn Yanghwe, de la Oficina Euro-Birmania en Bruselas, dijo: "No creo que Total estuviera involucrada directamente en violaciones de derechos humanos. De todos modos, para lograr que el gasoducto marche, contrataron a la junta militar por seguridad, y ése es el problema."
"Hubo muchas violaciones de derechos humanos, pero que Total estuviera al tanto de ellas es otra cuestión", indicó.
A pesar de su oposición al régimen birmano, Yanghwe dijo que la retirada de las empresas que operan allí es un asunto vidrioso.
Toda empresa extranjera que abandona el país es, en general, reemplazada por otra, recordó. La participación de Gran Bretaña en el sector petrolero, por ejemplo, fue vendida a la compañía estatal Petronas, de Malasia. (FIN/IPS/traen-mj/dc/ss/ap eu ip hd if/07)
