En una resolución juicial sin precedentes en Argentina, fue procesado el ex presidente Fernando De la Rúa por cinco homicidios culposos y más de 150 lesiones, delitos perpetrados por la represión policial a manifestantes horas antes de abandonar el gobierno el 20 de diciembre de 2001.
Casi seis años después y luego de la presión concertada de organizaciones defensoras de derechos humanos, el juez federal Claudio Bonadío encontró que De la Rúa tuvo responsabilidad en los hechos de violencia de entonces y por eso también decretó un embargo de 6,2 millones de dólares en su contra. Su defensa señaló que apelará la medida ante el tribunal de alzada.
En diálogo con IPS, el abogado Rodolfo Yansón, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, explicó que el homicidio culposo permite que el acusado permanezca en libertad mientras sigue el proceso, pero adelantó que, si la Cámara Federal de Apelaciones confirma la medida, irá a juicio y podría terminar en la cárcel.
De todos modos, Yansón, que representa a la familia de una de las víctimas fatales y de más de 20 heridos, advirtió que ellos prefieren ser cautos. "Hace cinco años que pedimos sin éxito que se procese a De la Rúa por su responsabilidad en estos hechos y nunca habíamos tenido éxito", remarcó.
La causa estuvo primero en manos de la jueza Maria Servini, quien había dictado la falta de mérito del ex mandatario en los delitos indicados, y la cámara de apelaciones había confirmado esa posición. Sin embargo, en julio, cuando la magistrada debía elevar la causa a juicio oral, resolvió apartarse del caso.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que representa a otros familiares de víctimas de estos hechos, denunció entonces la "marcada lentitud" del proceso, la "falta de eficiencia" de la jueza, y su alejamiento por razones "poco claras". La causa quedó entonces en manos de Bonadío.
En septiembre, el CELS junto a otras organizaciones humanitarias cuestionó de nuevo la demora en elevar la causa a juicio y llevó a la cámara de apelaciones una queja por "retardo de justicia". Fue entonces que Bonadío llamó a De la Rúa a ampliar su declaración el 12 de octubre y este lunes ordenó su procesamiento.
Según el magistrado, De la Rúa tuvo una conducta "imprudente" y "negligente" y "estaba en pleno conocimiento de los actos de violencia" que se produjeron en vísperas de su renuncia. Intentó aparecer como "ignorante" de la situación, pero lo hizo para "evadir su responsabilidad" en las muertes y las lesiones cometidas por las fuerzas de seguridad.
En la misma resolución ordenó procesar por los mismos delitos al entonces vicejefe de la Policía Federal, Osvaldo Camizzaro, y a cuatro ex comisarios de la misma fuerza.
"No va a ser fácil que la cámara, que confirmó la falta de mérito, reconozca ahora que hay elementos para probar su responsabilidad en estos casos", adelantó Yansón, cauteloso pero no del todo escéptico. El letrado también representa a heridos graves como Jorge Portillo, quien quedó parapléjico por las heridas que recibió del fuego cruzado de policías.
La resolución judicial sorprendió a la defensa del ex mandatario, que confiaba en que su cliente sería sobreseído.
De la Rúa reiteró este mes ante la justicia que los crímenes cometidos durante la represión formaron parte de "una conspiración política" en su contra, urdida por el entonces opositor Partido Justicialista.
El ex gobernante, del ala conservadora de la Unión Cívica Radical (UCR), argumentó que el entonces senador justicialista Eduardo Duhalde había advertido en julio de ese año que "sería presidente" de Argentina en poco tiempo más y, según su dijo, ese vaticinio se cumplió.
También señaló en su descargo que el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, le pidió que decretara el estado de sitio. A su juicio, ese gesto fue "parte del complot" del partido opositor para desbancar del gobierno a la Alianza, formada por la UCR y el centroizquierdista Frente País Solidario.
Al conocer el procesamiento de De la Rúa, el presidente de Argentina, el centroizquierdista Néstor Kirchner, en plena campaña por las elecciones del domingo que el oficialismo lleva de candidata a su esposa, la senadora Cristina Fernández, opinó que la caída del ex presidente se precipitó por la falta de apoyo de Estados Unidos.
"Me lo dijo (el ex presidente Bill) Clinton cuando estuve reunido con él hace poco, que si aún hubiera estado en el gobierno (su mandato fue de enero de 1993 a igual mes de 2001) no se hubiera producido la crisis" en Argentina, contó este martes, tras conocerse la orden de procesamiento a De la Rúa.
Los hechos se desencadenaron el 19 de diciembre de 2001, cuando tras un largo período de recesión, ajustes fiscales, restricción de la salida de depósitos de los bancos y caída estrepitosa de la economía, pobladores de barrios pobres asaltaron supermercados y otros comercios de alimentos, mientras miles de manifestantes de todas las clases sociales se lanzaron a las calles.
Las protestas en Buenos Aires exigían la renuncia del entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, pero enseguida alcanzaron también al mandatario.
De la Rúa decretó el estado de sitio ese día, pero aún así no pudo frenar las protestas en Plaza de Mayo, el paseo público ubicado frente a la sede de la presidencia y lugar emblemático de manifestaciones políticas.
Para el 20 de diciembre en esa plaza y sus alrededores eran miles los manifestantes que reclamaban pacíficamente la renuncia del gobierno, pero fueron violentamente reprimidos por la Policía Federal. El saldo fue cinco personas muertas y centenares de heridas. La represión se repitió en otras ciudades del país y el saldo total de muertos en general superó la treintena.
De la Rúa renunció ese mismo día, cuando apenas había cumplido dos de los cuatro años de mandato, y abandonó en helicóptero la Casa Rosada, sede del gobierno.
En los 10 días siguientes se sucedieron varios presidentes por vacancia del elegido hasta que la asamblea legislativa la reunión conjunta de las dos cámaras del Congreso Nacional— eligió la noche del 31 de diciembre a Duhalde como presidente, quien asumió al día siguiente para completar el mandato del renunciante.
La causa judicial avanzó rápidamente sobre funcionarios de segunda línea y policías. En pocos meses quedó detenido el ex secretario de Seguridad del gobierno de De la Rúa, Enrique Mathov, y el entonces jefe de la Policía Federal, Rubén Santos. Pero los querellantes exigían ir más allá de las responsabilidades inmediatas.
En su fallo, el juez Bonadío consideró que el ex mandatario "no usó las herramientas que tenía" para evitar la violencia policial, que "no cumplió con el deber de cuidado" de todo gobernante, y que no puede argumentar que "no sabía" lo que ocurría en la Plaza de Mayo el día de su renuncia.
