Bajo el paraguas del desarrollo y la integración, rutas, puentes, represas, gasoductos, puertos y otras construcciones de infraestructura se expanden por América del Sur, muchas sin importar zonas protegidas que albergan recursos biológicos únicos y culturas extremadamente vulnerables.
"La colonización en América Latina se hizo históricamente en la periferia, pero ahora asistimos a una segunda ola que se dirige al corazón del continente", dijo a IPS el argentino Jorge Cappato, coordinador de un simposio que analizó la incidencia de los megaproyectos en áreas bajo protección y ecosistemas críticos.
El simposio se realizó en el marco del "II Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y Otras Áreas Protegidas", que congrega a más de 2.000 académicos, ambientalistas y delegados gubernamentales desde el domingo y hasta el sábado próximo en San Carlos de Bariloche, situada 1.600 kilómetros al sudoeste de Buenos Aires.
En dos talleres muy concurridos, los congresistas presentaron estudios sobre el impacto de las obras, la mayoría de las cuales se lleva a cabo dentro de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), un programa lanzado en la cumbre de 2000 en Brasilia.
La IIRSA se propone avanzar en la integración física de la región mediante cerca de 400 proyectos de transporte, energía y telecomunicaciones en los 12 países sudamericanos, con un costo que supera los 38.000 millones de dólares. Algunas de las obras están en pleno desarrollo y otras están aún en el papel.
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Ernesto Raez Luna, de la organización Conservación Internacional de Perú, señaló que la carretera interoceánica sur en su país, que va de Brasil a la costa del océano Pacífico, cruza la selva amazónica en zonas de gran biodiversidad y afecta ocho áreas protegidas. "El 62 por ciento de la Reserva Nacional Tambopata fue deforestada para este proyecto", advirtió.
Por su parte, Alberto Barandiarán, de la agrupación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales de Perú, explicó que 68 por ciento de la Amazonía de ese país tiene terrenos de explotación de hidrocarburo. "Hay 20 de esos lotes que se superponen con áreas protegidas, de los cuales 12 fueron concesionados en forma ilegal", denunció.
Por su parte, Leonardo Colombo Fleck, de Bolivia, planteó el impacto económico, social y ambiental de la carretera que cruza el Parque Nacional Madidi, el de mayor biodiversidad en su país. Según su estimación, el proyecto no sólo tiene costos ambientales sino que tampoco es sustentable económicamente.
"Pero ya no es sólo la IIRSA", abundó Cappato. "Hay otras iniciativas nacionales y regionales, como el programa de aceleración del crecimiento económico en Brasil, que contienen proyectos cuyos estándares ambientales procuran ser salvados rápidamente para garantizar obras de un supuesto desarrollo o una supuesta integración", dijo.
Para Cappato, que preside en Argentina la Fundación Proteger, el desarrollo y la integración son necesarios "siempre que avancen en armonía con el ambiente y mejoren la calidad de vida de las comunidades locales". Pero en algunos casos se arrasa con la agricultura familiar y otras formas de economía local, denunció.
En uno de los talleres se presentó la investigación titulada "Una tormenta perfecta en la Amazonia", sobre el impacto de IIRSA en esa región, elaborada por Thimothy Killeen, un biólogo estadounidense residente en Bolivia y parte del Centro de Estudios Aplicados de la Biodiversidad, de la organización ambientalista Conservación Internacional.
En diálogo con IPS, Killeen explicó que el libro "evita juicios de valor" sobre la IIRSA y describe los procesos de producción de campesinos y productores agropecuarios de la Amazonia, algunos muy racionales, dice. "Los ambientalistas tendemos a demonizar, y en verdad debemos entender lo que pasa", apuntó.
"Hay un mito en nuestro gremio (sector) que indica que la agricultura y la ganadería en Amazonia son insostenibles en el tiempo, pero no es así. La tecnología les permite invertir para 20 o 30 años. La deforestación allí produce riqueza y, si queremos lograr propósitos de conservación, tenemos que conocer esta realidad", exhortó.
La Amazonía tiene 6,6 millones de kilómetros cuadrados, la mayor parte en Brasil, pero también se extiende a Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Guayana, Guyana Francesa y Suriname. Del total de la superficie, 45 por ciento son áreas protegidas o territorios indígenas.
El trabajo de Killeen plantea que el programa de la IIRSA en sus principios es "visionario". "Es una iniciativa práctica de integración física del continente", afirma. No obstante, advirtió que muchas inversiones se realizarán sobre "ecosistemas y culturas extremadamente vulnerables al cambio".
También alertó que los estudios de impacto ambiental que realizan los organismos multilaterales que financian las obras son insuficientes y están vinculados a proyectos individuales, sin tomar en cuenta el impacto conjunto de las inversiones. La "IIRSA debe incorporar medidas para evitar o mitigar los impactos más nocivos", puntualizó.
De los 10 corredores proyectados en la Amazonía, hay nueve que cruzan el Área Silvestre de Alta Diversidad, una zona que provee al mundo de reservas de carbono para mitigar el cambio climático, recursos hídricos y regulación climática.
Algunas de las regiones afectadas contienen "un número extraordinariamente alto de especies que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta", señaló el biólogo.
Por eso "está en riesgo el área silvestre tropical más grande del globo, que brinda servicios ecológicos a comunidades locales, regionales, y al mundo entero".
"Lamentablemente, la IIRSA se concibió sin prestar atención a sus posibles impactos y debería incorporar medidas para garantizar que los recursos naturales renovables de la región se conserven y que las comunidades tradicionales se fortalezcan", reclamó.
Entre las propuestas de Killeen, se plantea desarrollar programas que en lugar de premiar al que desmonta se haga con el que no lo hace. Según sus estimaciones, los gobiernos podrían subsidiar ciclos más largos de corte para la deforestación, o aprovechar el nuevo mercado de bonos de carbono.
"El activo más grande y todavía no explotado de la Amazonía lo constituyen las reservas de carbono, que se calculan en un valor de 2.800 millones de dólares si se monetizan en los mercados actuales", afirmó.
Si los países amazónicos redujeran cinco por ciento anual durante 30 años su tasa de deforestación actual, lograrían una merma de las emisiones de gases de efecto invernadero, que puede traducirse en crédito para atender las necesidades de salud y educación de un millar de municipios de esa región. (FIN/IPS/mv/dm/en ip dv pr/ar sl la/07)
