A pedido de dirigentes políticos y activistas, la justicia argentina evalúa la legalidad de la decisión del gobierno provincial de Chubut de prorrogar hasta 2047 la concesión a una firma transnacional del mayor yacimiento petrolífero del país. La medida fue tomada 10 años antes del vencimiento.
Con la resolución anticipada, avalada por la legislatura local, las autoridades de esta austral provincia de Argentina renunciaron de hecho a su poder de revocación para el caso de que la empresa Pan American Energy (PAE) no cumpla con sus obligaciones de inversión y cuidado del ambiente en la próxima década.
"Sólo una acción de la justicia puede retrotraer este contrato anticonstitucional", explicó a IPS Hipólito Solari Irigoyen, el ex senador nacional por Chubut de la opositora Unión Cívica Radical, quien presentó el recurso de amparo para frenar la prórroga de la concesión del yacimiento Cerro Dragón, el más productivo de Argentina.
La acción judicial es respaldada por organizaciones no gubernamentales y dirigentes políticos de distintas tiendas, incluido el propio Partido Justicialista (peronista) en el gobierno provincial y nacional.
El acuerdo cuestionado es considerado por el gobierno de Chubut como "un modelo" para la renegociación de otros contratos para el sector de hidrocarburos en la provincia que vencen en 2017 y en otros distritos de donde se extraen esos recursos, anticipó exultante en agosto el ministro coordinador del gabinete provincial, Norberto Yahuar.
El actual gobernador Mario Das Neves, peronista al igual que el presidente de Argentina, Néstor Kirchner, fue reelecto el domingo pasado por más de 71 por ciento de los votos.
"Ahora sueño con ser presidente", admitió Das Neves esta semana en una entrevista con el rotativo La Nación, de Buenos Aires.
Con el tácito respaldo del gobierno centroizquierdista nacional, Das Neves firmó en abril con la firma transnacional una prórroga del contrato de explotación del yacimiento, que vencía en 2017, por otros 10 años a partir de esa fecha y con opción a seguir haciéndolo por otros 20 años hasta 2047.
La legislatura provincial avaló en mayo el acuerdo que ahora intenta ser frenado en la justicia. En una presentación conjunta, el gobierno provincial y la empresa reclamaron al Supremo Tribunal de Chubut que se expida sobre el amparo, pedido que fue derivado finalmente para su resolución al juez de la causa.
"Con el sigilo de la negociación que duró cuatro años se logró evitar el lógico debate que debía tener en la opinión pública el otorgamiento, sin licitación, de una concesión que se puede evaluar entre 45.000 millones y 50.000 millones de dólares", aseguró Solari Irigoyen.
"Por la extensión, que puede llevar la explotación hasta su agotamiento, más que una prórroga de la concesión corresponde hablar de enajenación", cuestionó. Las pocas voces opositoras al acuerdo en la legislatura provincial fueron acalladas por barras de sindicalistas que vivaban la rápida aprobación sin debate.
"El gobierno asegura que Chubut percibirá 778 millones de dólares en el próximo decenio, pero, aun suponiendo que así fuera, no se dijo que en el mismo lapso la empresa va a obtener 12.000 millones de dólares de ganancias", alertó.
El yacimiento, que contiene casi 25 por ciento de las reservas conocidas de crudo del país, en su mayor parte está ubicado en el sur de Chubut y sólo 10 por ciento en la vecina Santa Cruz, la provincia natal de Kirchner y de consecuente fuerte influencia política. El gobierno de este último distrito, también peronista, autorizó la prórroga pero el legislativo se resiste a convalidarlo.
Pan American Energy es una empresa cuyo paquete accionario mayoritario pertenece en conjunto a la británica British Petroleum y a la estadounidense Amoco y en menor medida a la argentina Bridas. Con diversos nombres, las dos primeras explotan el yacimiento desde 1957, cuando la entonces estatal Yacimiento Petrolíferos Fiscales lo entregó por primera vez en concesión.
"Estamos ante un caso de concesión a perpetuidad", explicó a IPS Félix Herrero, vicepresidente de la organización no gubernamental Moreno (Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora) liderada por el cineasta Fernando "Pino" Solanas, y que acompañó el recurso de amparo de Solari Irigoyen.
El recurso judicial fue respaldado además por dirigentes del propio Partido Justicialista que lo apoyaron "en defensa del patrimonio nacional y de la provincia".
"Estamos totalmente en contra de esta renegociación y tenemos expectativas favorables en el recurso de amparo que acompañamos", añadió Herrero. "¿Cómo piensa controlar el gobierno de Chubut si la firma cumple o no las condiciones del contrato si se anticipa a prorrogarlo?", se preguntó.
Para Herrero, en un momento en que están en crisis las concesiones a perpetuidad en el mundo, es inadmisible que Argentina entregue el total de las reservas de crudo a empresas extranjeras.
Además, consideró ilegal que gobernadores y legisladores se arroguen el derecho a otorgar prórrogas por períodos más largos que sus mandatos, y hacerlo sin el debate del Congreso Nacional ni de la sociedad civil. Cuestionó asimismo a la empresa, que tendrá utilidades que duplican las que obtiene en otras partes del mundo.
"Es un contrato que se viene negociando desde 2003 y que se mantuvo en un cono de sombra", añadió Solari Irigoyen. Según el acuerdo, que en su versión preliminar llevaba la firma del ministro de Planificación Federal de la Nación, Julio De Vido, el porcentaje de regalías que debe pagar la empresa se fijó en 12 por ciento.
"Hoy, en todo el mundo, se negocian porcentajes más altos, como en Bolivia que exige 50 por ciento", objetó Herrero aludiendo a los yacimientos de gas de ese país vecino. Pero, además, la firma consiguió que sus inversiones estén condicionadas a que no baje el porcentaje de regalías acordado ni tampoco el precio del crudo.
Sergio Acevedo, el ex gobernador de Santa Cruz que renunció a su cargo por diferencias con Kirchner, rompió su silencio de más de un año en agosto para denunciar la renegociación de este contrato en su provincia y en Chubut.
Siete legisladores del oficialismo en la legislatura de Chubut también anticiparon su rechazo a la iniciativa de avalar el acuerdo, mientras organizaciones sociales y religiosas comenzaron a juntar firmas en las dos provincias para una consulta popular que permita revocar los acuerdos.
En un foro convocado en agosto por el grupo Moreno en Comodoro Rivadavia, ciudad de Chubut, al que asistieron Solanas, Herrero, Solari Irigoyen, Acevedo y otros dirigentes, miembros del sindicato de trabajadores petroleros de empresas privadas atacaron a golpes a los disertantes.
Los sindicalistas del sector están de acuerdo con la renegociación, porque coinciden con el argumento oficial de que la prórroga es un estímulo a las inversiones y una garantía a la estabilidad laboral en una provincia poco poblada y donde el desarrollo agropecuario es muy deficitario.
Pero la renegociación tiene un antecedente que impide a los patrocinadores del recurso ser optimistas. El gobierno de Neuquén, vecina de Chubut por el noroeste, también acordó en 2000 una prórroga anticipada en 17 años con la firma petrolera española Repsol para la explotación del mayor yacimiento de gas del país, el de Loma de la Lata.
El derechista gobernador neuquino Jorge Sobisch consiguió el apoyo del entonces presidente Fernando de la Rúa (1999-2001) para prolongar la concesión que vencía en 2017 por otros 10 años, a cambio de un canon de 300 millones de dólares anuales de Repsol al gobierno nacional.
Al igual que Das Neves, Sobisch, del provincial Movimiento Popular Neuquino, ya se lanzó como candidato a presidentes para las elecciones del 28 de octubre.
Loma de la Lata produce 28 por ciento del gas ofertado en Argentina y la prórroga tan anticipada también condiciona el control del cumplimiento de las obligaciones emergentes de la concesión, entre las cuales está la preservación del ambiente.
Repsol había sido denunciado por la contaminación de napas subterráneas en torno al yacimiento, que afecta principalmente a comunidades indígenas de la etnia mapuche. El estado provincial distribuyó agua mineral a los pobladores por algún tiempo y construyó una planta potabilizadora, pero muchos animales murieron por la polución.
En el caso de Cerro Dragón, el gobierno de Santa Cruz ordenó a la firma cerrar 47 pozos tras haber hallado pruebas de contaminación en las napas.
