Las mujeres concejalas de Bolivia impulsan una ley que las proteja de la discriminación y el hostigamiento político por parte de sus pares varones, a los cuales atribuyen actos de intimidación y hasta amenazas de muerte, en particular en las zonas rurales.
"Me encerraron en una habitación, me golpearon y luego fui amenazada con una pistola para que firmara mi renuncia", dice uno de los 168 testimonios recogidos entre 2000 y 2007 por la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), que reivindica el derecho de las mujeres a ejercer una función pública.
En Bolivia existen 327 gobiernos municipales. La legislación electoral exige a los partidos políticos incluir 30 por ciento de candidatas en sus listas, mientras que en el caso de las agrupaciones ciudadanas deben contener 50 por ciento de mujeres.
Esa apertura a la participación no tiene paralelo en los cargos ejecutivos. Sólo 14 mujeres gobiernan municipios, señaló a IPS la gerente de Acobol, María Eugenia Rojas.
La preparación de un proyecto de ley contra el acoso y la violencia de género en política "coloca a Bolivia en una posición de liderazgo en América Latina", dijo Rojas, donde las denuncias son frecuentes y las sanciones no existen.
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El proyecto se encuentra actualmente en la Cámara de Diputados para su tratamiento y luego debe ser debatido en el Senado. Mientras, el sociólogo e investigador Fidel Rojas continúa recogiendo testimonios de concejalas echadas de su cargo por representar un estorbo a las gestiones de los alcaldes.
Aunque en Bolivia las mujeres superan levemente en número a los hombres (4,7 contra 4,6 millones, según datos de 2005) no pueden equilibrar la relación de poder "porque a los hombres no les gusta ser fiscalizados", afirmó Rojas.
En el municipio de Irupana, señala otro de los testimonios compilados por Acobol, la concejal Martina Barra denunció que el presidente de la concejalía, Javier Salgueiro, la discriminó por su condición de afro boliviana.
Los relatos destacan la frecuente práctica de obligar a las candidatas a firmar una hoja en blanco. Si resultan elegidas, los concejales llenan el papel con un texto de renuncia que envían a las autoridades electorales.
Las mujeres que se resistieron sufrieron presiones directas, al igual que sus familias, y hasta la amenaza de una golpiza por los pobladores de municipios rurales bajo control de los concejales agresores, comentó la gerente de Acobol.
Entre los casos registrados se incluye la historia de la alcaldesa Juana Quispe, del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), quien en 2004 resultó elegida con 59 por ciento de los votos en el municipio de Chimoré, en la zona tropical del departamento de Cochabamba.
Bajo presiones psicológicas, amenazas de muerte y de quema de su vivienda, Quispe presentó su renuncia a los cargos de alcaldesa y concejal titular, la cual fue rechazada por la Corte Departamental Electoral. Pero finalmente se impuso el acoso de sus compañeros de partido y Quispe pidió una licencia por tiempo indefinido.
El concejal suplente Valerio Felipe asumió como alcalde con el respaldo de cuatro representantes del MAS en esa región productora de hojas de coca, la zona donde construyó su liderazgo el presidente Evo Morales.
En las elecciones municipales de 2004, 337 mujeres resultaron elegidas concejalas, pero apenas cuatro por ciento de ellas lograron acceder al cargo principal de alcaldesa, describió Rojas. Para ser alcalde hay que ser concejal.
El ejercicio del poder masculino convierte a sus actores en "dueños todopoderosos" en las zonas rurales y relega a la mujer a cumplir sólo las labores domésticas o a liderar organizaciones de amas de casa o del comercio informal, dijo a IPS el investigador Fidel Rojas.
El proyecto de ley intenta llenar el vacío de una legislación que tipifique como infracciones y delitos a las conductas del acoso y violencia. También amplía la protección a todas las mujeres elegidas en cargos municipales, en prefecturas y nacionales.
Según el texto que ahora se debate, el acoso político se define como "un acto o conjunto de actos cometidos por una persona, por sí o a través de terceros, en contra de una mujer o de su familia, con el propósito de impedir y/o inducir a una acción u omisión, en el cumplimiento de sus funciones, derechos o deberes, mediante actos de presión a través de persecución, hostigamiento o amenazas efectuadas por cualquier medio".
La violencia política está caracterizada como "las acciones y/o conductas agresivas cometidas por una persona, por sí o a través de terceros, que causen daño físico, psicológico, o sexual en contra de una mujer y/o de su familia, en ejercicio de la representación política, para impedir y restringir el ejercicio de su cargo o inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad, de sus principios y de la ley".
Las sanciones propuestas contemplan procesos penales, la aplicación de los reglamentos de las instituciones estatales donde se cometan los actos y las disposiciones de la legislación sobre partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas.
