Los dueños de las televisoras y radiodifusoras de México afilan sus garras contra un proyecto de reforma electoral que prevé, entre otras medidas, cortar el formidable traspaso de dinero público a esos medios por emitir propaganda política.
Varios legisladores denunciaron que las dominantes Televisa y TV Azteca iniciaron una campaña con el propósito de frenar las reformas, que al parecer tienen consenso político, y algunos afirmaron que fueron amenazados con ser blanco de censura en esos medios.
En un comunicado publicado este viernes en los medios de comunicación escritos, la Cámara Nacional de la Industria y la Televisión manifiesta su rechazo al proyecto de reforma con el argumento de que no llena las expectativas y de que algunos de sus puntos restringen la libertad de expresión.
"La reacción de los medios demuestra que la reforma sí les pega, pero deberían asumir por el bien de la democracia que no está diseñada contra ellos, sino contra la perversión mediática en que cayeron los procesos electorales", dijo a IPS el experto en comunicación Néstor Cortés.
En los comicios presidenciales de julio de 2006, cerca de 80 por ciento de los más de 324 millones de dólares que los partidos políticos gastaron, y que los contribuyentes aportaron, fue a los medios electrónicos de comunicación, que son los principales difusores de la propaganda electoral.
En ese proceso se difundieron 757.545 cuñas en los medios electrónicos, en especial en Televisa y TV Azteca. Una tercera parte de esa publicidad continúa en investigación pues no se sabe quién la contrató ni la pagó.
Varias investigaciones indican que el puñado de radiodifusoras y televisoras que dominan el espectro radioeléctrico de México deben parte de su poder económico a los millones de dólares que reciben en las campañas electorales. Las dos grandes televisoras son las más beneficiadas.
De acuerdo con el proyecto de la reforma electoral que el Poder Legislativo discute desde inicios de este mes, los partidos, que reciben financiamiento público, no podrán nunca más contratar en forma directa su publicidad.
Además, las cuñas sólo podrán transmitirse en tiempos oficiales o del Estado, y será el independiente Instituto Federal Electoral el que administre esos tiempos.
Según la Cámara Nacional de la Industria y la Televisión, "el loable propósito (de la reforma) de dar mayor transparencia al empleo y gasto en los medios de comunicación no debe conculcar el derecho de los ciudadanos y organizaciones sociales para expresar sus ideas y puntos de vista".
La reforma, que podría aprobarse ante de finalizar este mes, además de regular la propaganda durante los procesos electorales, acorta a la mitad el tiempo de las campañas para comicios presidenciales, que ahora duran 180 días, y pone freno a las llamadas "pre-campañas".
Además, se reduce el financiamiento público a los partidos a la mitad del monto actual, y se unifican los procesos electorales de los estados, ahora dispersos, en uno solo, entre otras disposiciones.
Entre los legisladores del gobernante Partido Acción Nacional (PAN) y de los opositores Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática, parece haber acuerdo sobre las reformas, pero la discusión continúa.
Hay presiones y amenazas de las televisoras, declaró el senador Francisco Labastida, del PRI, mientras su par Santiago Creel, del PAN, dijo que la discusión seguirá aunque se toquen intereses económicos poderosos.
Siete de cada 10 televidentes mexicanos sintonizan canales de Televisa, mientras dos ven a los del emporio TV Azteca. En radiodifusión, la oferta se concentra en unos 13 grupos empresariales en este país de más de 104 millones de habitantes.
"Las televisoras andan furiosas, pues ven que ya no bastan las amenazas y su poder para garantizar que permanezca el statu quo. Hay cambios en el país, y deben leerlos para adaptarse y contribuir a la democracia", sostuvo Cortés.
De forma paralela al proyecto electoral, los legisladores discuten ahora una reforma fiscal y otra sobre medios de comunicación. Esta última apunta a sustituir una norma anulada en junio por la Suprema Corte de Justicia, que había sido aprobada por el Poder Legislativo bajo presión de las dos principales cadenas de TV.
La concentración de los medios de comunicación electrónicos de México es una de las herencias del período en el que gobernó el PRI (1929-2000). Durante ese tiempo, casi todos los medios estaban alineados con las autoridades y, a cambio, recibían mayores espacios de poder.
Tres meses atrás, la Suprema Corte asestó un golpe a las otrora intocables Televisa y TV Azteca, al declarar inconstitucionales varios aspectos de la Ley Federal de Radio y Televisión, aprobada poco antes de que se iniciara la última campaña electoral presidencial.
Los magistrados dictaminaron que los artículos centrales de la norma, que favorecían ampliamente a las dos empresas dominantes y a un puñado de radiodifusoras, eran ilegales y contrarios a la democracia.
El tribunal declaró inconstitucionales las partes centrales de esa norma que permitían a los consorcios que ya manejan estaciones de radio y televisión obtener canales digitales adicionales e incursionar en otros servicios de telecomunicaciones sin pasar por una licitación y sin pagos adicionales al Estado.
Además, los magistrados anularon la disposición que estipulaba que la entrega de nuevas concesiones se debía hacer por subasta y que ganaba quien más dinero ofertara. También consideraron contraria a la Constitución las concesiones de ondas por 20 años y su renovación automática.
Según legisladores, el nuevo proyecto a estudio apuntará a democratizar y ampliar la competencia entre los medios de comunicación electrónicos.
