La gran ofensiva militar contra los separatistas rebeldes del sur de Filipinas despierta preocupación por razones humanitarias y por el retroceso que significa para el proceso de paz.
La ofensiva siguió a la muerte de una veintena de soldados en enfrentamientos contra el separatista Frente Moro de Liberación Islámica y el grupo radical Abu Sayyaf, vinculado con la red terrorista internacional Al Qaeda.
El gobierno despachó a unos 9.000 soldados para combatir en las provincias meridionales de Basilian y Sulu a unos 200 rebeldes de Abu Sayyaf, al que atribuyen secuestros y atentados con bomba.
Funcionarios del Ministerio de Defensa afirmaron que la ofensiva proseguirá durante Ramadán, el mes sagrado musulmán de ayuno desde el alba hasta el anochecer, que comienza la semana próxima.
La izquierdista organización Bagong Alyansang Makabayan (Bayan, Nueva Alianza Patriótica) expresó dudas acerca de la verdadera intención de la ofensiva. Incluso planteó la posibilidad de sea presionar a Estados Unidos para arrancarle dinero.
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"No se puede descartar que la guerra en el sur, al parecer sin fin, esté pensada para justificar el pedido de más asistencia militar de Estados Unidos", señaló Renato Reyes, secretario general de Bayan.
"El gobierno debe darle una razón a Estados Unidos para que mantenga y aumente su apoyo militar. Debe mostrar a Washington que la 'guerra contra el terrorismo' anda bien y avanza", sostuvo.
Miembros del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ya dan por descontado que ese país no recortará la asistencia a Filipinas porque hace un buen trabajo en la lucha contra el terrorismo.
Las garantías siguieron a la visita del representante Silvestre Reyes, del meridional estado de Texas, que visitó a efectivos estadounidenses apostados en la ciudad de Zamboanga, en el sur del país, cuya misión es entrenar a soldados filipinos para combatir a Abu Sayyaf.
Los últimos enfrentamientos no harán más que agravar una "situación ya crítica" en la sureña región de Mindanao y la presencia de soldados extranjeros sólo empeorará más las cosas, según el profesor y analista político Bobby Tuazon.
"Los conflictos armados siempre se originan en problemas sociales, políticos y económicos, y una solución meramente militar, con asistencia extranjera, no va a funcionar", señaló.
"La respuesta armada sólo propiciará un mayor extremismo. No podemos tener otro Iraq o Afganistán en el sur de Filipinas", advirtió.
También le preocupa el futuro del proceso de paz con el secesionista Frente Moro, que ya lleva 10 años.
Las negociaciones se bloquearon por choques entre fuerzas del gobierno y los rebeldes, pero hubo "cooperación táctica" de ambas partes, en especial en lo relativo al orden y la paz, recordó Tuazon.
Por su parte, Amirah Lidasan, de la Alianza del Pueblo Moro Cristiano, manifestó la alarma de su organización por el retraso en la reanudación de las conversaciones de paz entre el gobierno y el Frente Moro, previstas para el mes pasado.
La demora puede mandar "un mensaje equivocado al ejército" acerca de que el gobierno "no está interesado en las conversaciones de paz", añadió.
Malasia oficia de intermediario en las negociaciones de paz. Los representantes del Frente Moro se aprestaban a viajar a Kuala Lumpur cuando fueron notificados de que Manila pedía postergar el encuentro.
Como parte del proceso de paz, ambas partes firmaron un cese del fuego en 2003 que supervisa un grupo integrado por Brunei, Indonesia, Japón, Libia y Malasia.
Para el sacerdote católico Joe Dizon, enlace entre la red de iglesias Voz Ecuménica por la Paz y los Derechos Humanos en Filipinas, y para varias organizaciones de defensa de los derechos civiles, la gran ofensiva "sólo costará más vidas y gran parte de las arcas de la nación".
El costo estimado de la guerra, alrededor de 21,5 millones de dólares al mes, podría destinarse, según él, a la construcción de escuelas y viviendas de bajo costo, compra de medicamentos y equipamiento para la agricultura y suministro de servicios a los pobres.
Los enfrentamientos armados no sólo causaron la muerte de muchos combatientes. Además, muchas familias fueron desplazadas de las zonas de conflicto.
De las 14.000 personas desplazadas, las mujeres y los niños son los que más sufren, recordó Lidasan.
El Frente Moro combate en un área llamada Bangsamoro, que abarca el sur de Mindanao, el archipiélago Sulu, Palawan, Basilian e islas cercanas. Hay unos 4,5 millones de musulmanes en Filipinas y la mayoría de ellos se ubican en esa zona.
El acuerdo de cese del fuego disminuyó los enfrentamientos entre las fuerzas regulares y el Frente Moro.
Los insurgentes emboscaron el 10 de julio a unos 100 marinos en la aldea de Basilan que buscaban al sacerdote italiano Giancarlo Bossi. Se supo después que éste había sido secuestrado por Abu Sayyaf en otra provincia.
Catorce soldados fueron asesinados y muchos más decapitados.
El Frente Moro admitió haber disparado contra los efectivos porque habían ingresado en su territorio sin previa coordinación, como quedó estipulado por el acuerdo de alto el fuego. Pero negó haberlos decapitado.
La decapitación desató reacciones furiosas en filas militares y gubernamentales.
El hecho se agravó porque un equipo de noticias de un canal de televisión se encontraba con los soldados y pudo registrar varios momentos en que los efectivos trataron de utilizar morteros que fallaron en disparar sus proyectiles.
Eso es una prueba, según la oposición, de la mala calidad de las municiones que maneja el gobierno.
Para peor, las autoridades militares no autorizaron el apoyo aéreo, que hubiera sido vital para apoyar a los soldados atacados, por razones que no se han develado aún.
Una investigación sobre lo sucedido aquel día demostró que los militares habían sido decapitados por combatientes de Abu Sayyaf, que ingresaron al área tras la retirada del Frente Moro. Sus líderes dieron la orden a solicitud del gobierno y varios equipos encargados de observar la tregua.
Por su parte, el senador Antonio Trillanes, teniente de la marina de guerra detenido por liderar un motín en 2003, dijo haber recibido información de que altas esferas del gobierno estaban implicadas en el asesinato de los 14 soldados.
Pero se negó a dar más detalles y pidió una investigación de la cámara alta de lo sucedido.
Fuentes del gobierno y del ejército negaron las acusaciones de Trillanes.
En cambio, Dizon apoyó el pedido de investigación de Trillanes.
La acusación es "seria" "y no debe barrerse bajo la alfombra", señaló Dizon.
Funcionarios utilizan el caso de las decapitaciones para "avivar las llamas de la guerra y justificar la presencia, no sólo de efectivos filipinos en Mindanao, sino también de soldados estadounidenses", alegó.
La emboscada del 10 de julio motivó más operaciones militares en Basilan y Sulu, dónde un enfrentamiento entre soldados y combatientes de Abu Sayyaf el mes pasado causó varias víctimas en el ejército.
