El gobierno de Estados Unidos podría contar en breve con una nueva arma para controlar a empresas y a la sociedad civil: un programa de inteligencia pergeñado a fin de garantizar que el dinero de la asistencia oficial no termine en manos de terroristas.
Organizaciones de beneficencia e incluso empresas temen también por la vida y la seguridad de sus empleados y colaboradores en caso de que se implemente la propuesta, denominada Sistema de Control de Colaboradores (PVS).
Este programa ordenaría a las instituciones que solicitan apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) presentar información detallada sobre su personal.
Agencias de inteligencia, policiales y judiciales utilizarán la información —que incluirá fechas y lugares de nacimiento, números de telefóno y direcciones de correo electrónico— para descartar potenciales conexiones entre estos empleados y grupos terroristas.
Si Usaid considera que una organización no merece la asistencia solicitada, no estará obligada a informarle sobre las razones.
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"Usaid no puede confirmar ni negar si un individuo 'aprobó' o 'reprobó' la investigación de antecedentes", señaló la agencia al anunciar el programa el mes pasado.
La agencia preveía implementar este plan a partir de agosto. Pero el día 30, un portavoz de Usaid, David Snider, dijo que el programa seguía siendo una propuesta y que no entraría en vigor hasta completar un proceso de consultas al público y a organizaciones probablemente afectadas por las nuevas reglas.
"No estamos avanzando con ninguna implementación de este programa", dijo Snider.
"La implementación del PVS pondrá en peligro la vida de ciudadanos estadounidenses comprometidos en actividades humanitarias en el exterior", dijo Samuel Worthington, presidente de InterAction, red de más de 160 organizaciones de este país que trabajan en o con naciones pobres.
"Si se los percibe como una extensión de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, los ataques terroristas contra ellos sólo pueden aumentar", escribió Worthington en una carta enviada el 17 de agosto a Usaid.
La fórmula "comunidad de inteligencia" es usual en este país para aludir a las organizaciones del gobierno y las fuerzas armadas asignadas a esa función.
Worthington aseguró que en ocasiones anteriores en que las autoridades gubernamentales propusieron la recolección de estos datos él le advirtió a Usaid lo mismo que ahora.
La investigación de antecedentes también será engorrosa, dijo. Algunas organizaciones de asistencia tienen hasta 20.000 empleados, y muchas de ellas trabajan con colaboradores locales en países que los funcionarios estadounidenses consideran "sensibles".
Además de todos los problemas que podría causar el PVS, "Usaid no demostró necesitar semejante sistema", declaró Worthington.
Ninguna dependencia del gobierno de Estados Unidos presentó hasta ahora evidencia alguna de que fondos de Usaid hayan terminado en manos de terroristas a través de organizaciones no gubernamentales, agregó.
Numerosas empresas parecen ansiosas por evitar los costos de las nuevas reglas, pues los gastos administrativos podrían expulsar de la competencia a las firmas más pequeña, por lo cual manifestaron preocupaciones similares a las de Worthington.
"Las empresas contratadas por Usaid ya son objeto de una amplia gama de requisitos para asegurar que fondos de la agencia no sean entregados a individuos o entidades asociadas con el terrorismo", dijo Alan Chvotkin, vicepresidente de la asociación empresarial Consejo de Servicios Profesionales.
"Este programa PVS propuesto no se aplica —ni necesita hacerlo— a compañías" contratadas por Usaid, aunque un esquema similar está vigente para las firmas que trabajan para la agencia en territorio palestino, explicó.
El Consejo de Servicios Profesionales representa a más de 225 firmas de tecnología, logística y otras áreas, contratadas por Usaid para diversas tareas.
"La agencia se arriesga a reducir la competencia" por concentrar sus intereses en la seguridad y la privacidad, "excluyendo a las pequeñas empresas y minimizando su capacidad de ejecutar sus programas de asistencia para el desarrollo", escribió Chvotkin en una carta a Usaid el 27 de agosto.
Aunque el Consejo no representa a organizaciones de voluntarios particulares, sus miembros "reconocen el efecto perjudicial que un programa de investigación de antecedentes como el PVS podría tener en el logro de los objetivos de la política de Estados Unidos en todo el mundo".
Usaid implementó en 2003, a instancias del Congreso legislativo, un sistema de revisión de antecedentes para organizaciones y empresas que operan con fondos suyos en Cisjordania y Gaza.
Pero, contrariamente a lo que señalan algunos informes, la agencia no estableció una experiencia piloto del PVS —un programa más estricto que el actual sistema— en territorio palestino, aseguró Snider.
"No se está implementando en ninguna parte", enfatizó.
En el año fiscal 2006, que terminó el 30 de septiembre pasado, Usaid administró unos 9.200 millones de dólares, dijo el portavoz del organismo.
"El propósito del trabajo de Usaid en materia de desarrollo es, junto con la diplomacia y a la defensa, una de tres piezas clave del aparato nacional de política exterior", declaró la agencia en su sitio web.
Este organismo aseguró también tener relaciones operativas con más de 3.500 compañías estadounidenses y más de 300 organizaciones de voluntarios particulares con sede en este país.
A las organizaciones que buscan dinero o apoyo en especies de agencias del gobierno de Estados Unidos e instituciones filantrópicas privadas ya se les pide que certifiquen que carecen de vínculos con individuos y organizaciones oficialmente calificadas como terroristas.
En vez de depender de esa certificación, el nuevo programa involucrará una activa investigación de antecedentes por parte de agencias de inteligencia y de aplicación de la ley de Estados Unidos.
