En el violento y pobre municipio colombiano de Soacha, vecino de la capital, la sociedad civil organizada consiguió que seis de los ocho candidatos a la alcaldía firmaran un Acuerdo de Voluntades sobre gobernabilidad y transparencia.
Ubicado en el departamento de Cundinamarca y 18 kilómetros al suroeste de Bogotá, Soacha sufre inseguridad, violaciones de derechos humanos, desempleo, ausencia de servicios públicos, contaminación y corrupción y acoge a gran cantidad de desplazados de la guerra interna colombiana que lleva más de cuatro décadas.
La no gubernamental Mesa Humanitaria y Social de Soacha consolidó el Acuerdo de Voluntades en 20 puntos que deberá cumplir el alcalde que resulte elegido en los comicios del 28 de octubre para el periodo 2008-2011.
Se trata de trabajar en aspectos como el buen uso de recursos, la participación democrática en el diseño y ejecución del Plan de Desarrollo Municipal, la construcción de espacios para la resolución pacífica de conflictos, el fortalecimiento de la conciliación en equidad y la creación de comités de seguimiento, entre otros puntos.
La solución de los problemas del municipio se debe conseguir "mediante el diálogo permanente y la realización de acciones coordinadas entre la Administración Municipal, el Ministerio Público, la Sociedad Civil y la Cooperación Internacional", según lo firmado el jueves por los candidatos José Martínez, del Partido Liberal, Manuel Suescún, de la Alianza Social Indígena, Ángela Donoso, de Colombia Democrática, Fernando Ramírez, de Cambio Radical, y Juan Carlos Nemocón, de Alas Equipo Colombia.
El postulante del izquierdista Polo Democrático Alternativo, Oswaldo Córdoba, se excusó enviando una representante de su partido, y no asistieron los candidatos del tradicional Partido Conservador ni de la oficialista Convergencia Ciudadana.
El Acuerdo establece también "animar la presencia de industrias con responsabilidad social" y fortalecer el funcionamiento del Comité de Derechos Humanos, la rendición de cuentas a la comunidad y la puesta en marcha de programas a favor de la niñez y la adolescencia.
Como testigos del Acuerdo firmaron Bruno Moro, representante residente del Sistema de las Naciones Unidas en Colombia, Merete Hansen, directora del Consejo Noruego para los Refugiados, el obispo de la Diócesis de Soacha, Daniel Caro, el defensor regional de Cundinamarca, Mauricio Vesga, y Fernando Enciso, de la Federación Colombiana de Municipios.
La suma de problemas de Soacha impulsó hace dos años la conformación de la Mesa Humanitaria y Social, que integran 40 entidades gubernamentales, no gubernamentales, comunitarias y privadas, además de la Iglesia Católica.
La Mesa se subdivide en áreas de trabajo sobre juventudes, salud, transición económica y educación, que cuentan con apoyo de 13 agencias del sistema de las Naciones Unidas y de las entidades de cooperación internacional Diakonía, Consejo Noruego para los Refugiados y Médicos Sin Fronteras.
La inseguridad afecta especialmente a los jóvenes de Soacha, sujetos a asesinatos selectivos cometidos por grupos armados ilegales presentes en la zona.
"Hace tres años vivimos una época tenaz (difícil), cuando fueron asesinados unos 120 jóvenes. A la mayoría los mataron los paramilitares, usando el miedo como estrategia para evitar que la situación se conociera públicamente, favoreciendo la impunidad", dijo a IPS un habitante que pidió reserva de su nombre.
"La política de desmovilización de paramilitares del gobierno mermó la crisis. Pero sabemos que hace dos o tres semanas se han vuelto a presentar hechos muy graves", agregó la fuente. "En época de elecciones la situación se pone peor, por lo que debemos cuidarnos más", continuó.
A la muerte se suma el reclutamiento forzado, o más o menos voluntario, propiciado por la falta de oportunidades educativas y laborales.
Según estadísticas de la Mesa Humanitaria, el promedio de escolaridad en la zona es de 5,3 años, y sólo 1,4 por ciento de sus habitantes han cursado un año de educación superior.
El desempleo alcanza a 20 por ciento, y entre los ocupados 52 por ciento no tienen contrato laboral.
Mientras el salario mínimo en Colombia equivale a 217 dólares, el promedio de ingresos mensuales de los trabajadores de Soacha es de unos 96 dólares, según las mismas estimaciones.
Más de 74 por ciento de los habitantes no tienen saneamiento y sólo 12,4 por ciento tienen agua por cañería, mientras predomina el llamado acueducto comunal con manguera, al que la población accede una vez a la semana.
Además, 56,3 por ciento de las familias vive en predios de alto riesgo de derrumbe, a consecuencia de las excavaciones mineras o al asentamiento sobre terrenos montañosos inapropiados para la construcción.
A esa precariedad se suma la inseguridad que sienten 43,9 por ciento de los habitantes y la desconfianza hacia los vecinos, que declaran 68 por ciento de los consultados.
Según las cifras de la Mesa Humanitaria y Social, 17,5 por ciento de los hogares está afectado por el desplazamiento.
Datos del Departamento Nacional de Estadísticas (DANE) dan cuenta de un radical aumento de la población: en 1990 Soacha tenía 170.000 habitantes y en 2005 sumaban 400.000.
Entre 1993 y 2003, la población creció 4,8 por ciento, mientras la media nacional fue de 1,7 por ciento, de acuerdo con el DANE.
En ese periodo, el municipio de seis comunas y dos corregimientos rurales ascendió al puesto 14 entre los de mayor población nacional.
"A Soacha llegan diariamente entre seis y siete familias desplazadas", dijo a IPS el personero municipal José Figuereido.
La coordinadora del Programa de Desarrollo Local y Paz del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Marta Ruiz, dijo a IPS que "es difícil confirmar con precisión la estadística porque muchas personas en situación de desplazamiento no se registran ante ninguna entidad. Pero es cierto que a diario llega bastante gente, en especial a las comunas cuatro y seis".
"Del total de 32 departamentos del país, en esas dos comunas hay desplazados de 25, en especial de Tolima (centro) Meta (suroriente) y afrocolombianos provenientes de la región del Pacífico (occidente), representando 12 por ciento de los habitantes del sector", agregó.
"Es un lugar que consideran propio para su asentamiento porque son zonas ilegales, que conforman un corredor que facilita su acceso, además de que muchos ya tienen familiares que fueron desplazados antes", continuó.
El cumplimiento de sus derechos, al igual que los de las mujeres, indígenas, negros y desplazados, es un deber que "recoge el mandato de la normatividad existente", dijo Ruiz.
Nicolás López, de la mesa de juventudes, dijo a IPS que hace el primer Acuerdo de Voluntades de los candidatos se firmó tres años atrás. Si bien "no fue cumplido en su totalidad, permitió un avance importante para el desarrollo local".
"Los procesos de cambio son muy lentos, pero continuaremos motivándolos, tanto como el compromiso y la participación ciudadana de la localidad", agregó López.
* Con aportes de Constanza Vieira (Bogotá).
