Un libro describe la expansión de milicias paramilitares en varios departamentos de Colombia y su consecuente alianza con políticos locales, cuando faltan menos de dos meses para las elecciones regionales y municipales.
Varios miembros de la entidad autora acaban de recibir amenazas de muerte.
"Muy profundos sus escritos maldita basura" (sic), dice la amenaza de muerte llegada a su correo electrónico laboral, que además la acusa de haber sido estudiante revoltosa o "tira piedra". El remitente: auc_bloque_capital@hotmail.com. La fecha: jueves 6 de este mes, el mismo día del lanzamiento del libro.
Bonilla, politóloga de 25 años y egresada de la estatal Universidad Nacional de Colombia, cree que "las amenazas son a título personal, son conmigo".
Unos 10 días atrás, otra amenaza le llegó a través del celular de su madre, de 46 años, y se sumó a varias en las semanas anteriores. Las atribuye a "unas intervenciones (exposiciones públicas) mías, por denuncias de la relación con paramilitares de candidatos actuales" a las elecciones locales y regionales del 28 de octubre.
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Bonilla las hizo "en muchos lados. Hicimos un rastreo sobre eso", dijo en un breve diálogo con IPS.
Las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) son milicias paramilitares de ultraderecha, comandadas en muchos casos por narcotraficantes, que apoyaban a la fuerza pública y fueron oficialmente disueltas en 2006 tras un controvertido proceso de negociación con el gobierno del derechista Álvaro Uribe, que las desmovilizó en parte.
Con todo, un llamado Bloque Capital sigue operando en Bogotá.
"Para nosotros no es coincidencia. El tema del libro va a levantar muchas ampollas", sostuvo Bonilla, en referencia a la publicación de 396 páginas, una investigación colectiva realizada desde finales de 2004 y mediados de 2006 y apoyada por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
El libro "narra todo lo que fue la expansión territorial del paramilitarismo en varias regiones que se seleccionaron, y cómo esa expansión terminó en una alianza de políticos con paramilitares a nivel regional", resumió Bonilla a IPS.
En el trabajo participaron varios investigadores que produjeron monografías regionales sobre la forma en que los diferentes frentes de las AUC lograron "dominio e influencia" en Medellín, la segunda ciudad más importante de Colombia, Bogotá y los centrales departamentos de Cundinamarca y Meta.
También se describe esa influencia en la costa norte, en los departamentos de Córdoba, Sucre y la región del Magdalena Grande, en el oriente, en la frontera con Venezuela, en Casanare y Norte de Santander, incluyendo su región Catatumbo, además del occidental Valle del Cauca.
Además, la investigación dedicó un capítulo especial a los efectos de la violencia de las AUC sobre los pueblos indígenas.
Su actualidad es más que candente, cuando restan siete semanas para las elecciones.
Sobre esos comicios, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo (ombudsman) advirtió en julio que 42 por ciento de los municipios del país registran riesgo electoral, casi las dos terceras partes de éstos en grado "alto".
El riesgo electoral se refiere a factores que afectan los comicios y que conducen a votaciones excepcionalmente favorables para una lista, cantidad fuera de lo común de votos nulos o en blanco, concurrencia a las urnas muy alta o muy baja, violencia política, amenazas o asesinatos de candidatos, entre otros.
Los defensores de las AUC —25 por ciento de la población colombiana, según una encuesta de la revista Semana— argumentan que éstas surgieron para protegerse de las guerrillas de izquierda nacidas en los años 60, y ante la ausencia del Estado.
Pero el escándalo de la llamada "parapolítica", que estalló en 2006, muestra un entramado de relaciones de poderosos políticos con el narcotráfico y de toma de la propiedad en todo este país andino.
Durante la expansión paramilitar, a partir de los años 80, 4,5 millones de hectáreas de las mejores tierras del país cambiaron violentamente de manos, desplazando a entre tres y cuatro millones de personas.
No fue la "conspiración de un grupo de delincuentes. Fue una movilización social y política del país en 12 departamentos, (que) cambió el mapa político", dijo en el lanzamiento del libro León Valencia, director de Nuevo Arco Iris.
"Y en muchos otros departamentos influyeron decididamente. Pusieron 1.750.000 votos para las elecciones presidenciales de 2002. Para las de 2006, pusieron 1.850.000 votos", señaló.
Los paramilitares se dicen seguidores de Uribe y en ciertas regiones obligaron a comunidades enteras a votar por él, aunque el mandatario probablemente hubiera sido elegido sin ese apoyo.
La investigación académica es muy anterior a que se iniciara la investigación judicial sobre la "parapolítica".
Hoy, la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia tienen investigados a 113 dirigentes políticos regionales y nacionales. De ellos, 51 parlamentarios están presos o llamados a indagatoria o a prestar testimonio, o mencionados dentro de los expedientes del escándalo.
"Nosotros documentamos 83: 33 senadores y 50 representantes a la cámara" baja, dijo Valencia, quien cree que a este ritmo la investigación de Nuevo Arco Iris se quedará corta.
Los propios jefes paramilitares hoy desmovilizados aseveran que en la legislatura del período 2002-2006 lograron 35 por ciento de los escaños.
"Fue una alianza de conveniencias", la investigación publicada muestra "cómo y por qué les convenía a las elites regionales aliarse" con los paramilitares, comentó Valencia.
"A pesar de todo, yo creo que no debemos perder la esperanza" dijo en el lanzamiento del libro Juan Carlos Galindo, registrador nacional del Estado Civil, responsable del registro y la identificación de los colombianos y de la administración de los procesos electorales.
"La sociedad colombiana está en peligro, y todos y cada uno de nosotros estamos llamados a cumplir una serie de deberes y compromisos con el país de nuestros hijos", añadió.
La investigación de Nuevo Arco Iris "me parece fundamental, porque nos está ayudando a diagnosticar realmente lo que está sucediendo, para tomar medidas", sostuvo el funcionario.
Las intimidaciones contra Bonilla y otros miembros de Nuevo Arco Iris provienen "de quienes se oponen al libre ejercicio de la democracia, el pensamiento crítico y la investigación social", advirtió el viernes un comunicado de esa corporación.
La entidad "insta a los organismos de seguridad del Estado a establecer las medidas necesarias para garantizar su libre ejercicio".
Además, advierte a los responsables de esas presiones del "repudio por parte de todos aquellos que creemos con firmeza en el camino de la democracia y la paz como única vía de la reconciliación nacional".
