Organizaciones defensoras de los derechos humanos en Chile celebran dictámenes judiciales y anuncios de la presidenta Michelle Bachelet a favor de las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Pero critican la lentitud y los asuntos pendientes.
"Vemos avances, no todos los que quisiéramos, pero algunos significativos en el último tiempo", dijo a IPS la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Viviana Díaz, en referencia a las investigaciones de casos simbólicos por su gravedad, como los llamados Calle Conferencia, Operación Albania y Caravana de la Muerte.
El 29 de agosto, la Corte Suprema de Justicia ratificó la primera sentencia de cadena perpetua dictada en un caso de violación a los derechos humanos.
El general retirado Hugo Salas Wenzel, ex jefe de la Central Nacional de Informaciones (CNI), sucesora de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), fue sentenciado a la pena máxima por su participación en el asesinato de 12 opositores izquierdistas en 1987. El caso se conoce como Operación Albania.
Dos días después, la Corte de Apelaciones de la norteña ciudad de Antofagasta sometió a proceso por primera vez a un sacerdote católico, Luis Jorquera Molina, acusado de ser encubridor del asesinato de 28 opositores de Pinochet en octubre de 1973, en el marco de la llamada Caravana de la Muerte, una campaña represiva emprendida por el régimen de entonces.
Por otra parte, el ministro Víctor Montiglio ha procesado desde enero de este año a más de 64 ex militares involucrados en la detención y desaparición en 1976 de la cúpula del Partido Comunista, que se escondía en un inmueble de la calle Conferencia, en Santiago. Entre ellos se encontraba el padre de Viviana, Víctor Díaz.
En ocho meses de alegatos, la Corte de Apelaciones no les ha concedido la libertad provisional a los procesados, indicó la dirigente. Además, en el transcurso de la investigación, se reveló la existencia de un centro de exterminio que funcionó entre 1976 y 1978, bautizado como el "cuartel del horror".
"Ahí asesinaron luego de 48 horas de tortura a la tecnóloga médica Reinalda Pereira, de 26 años, que tenía seis meses de embarazo", contó Díaz.
"La justicia sólo está haciendo su trabajo, de forma lerda, tardía, porque algunos de estos casos llevan 25 ó 30 años", dijo a IPS el secretario ejecutivo del capítulo chileno de Amnistía Internacional, Sergio Laurenti.
A esos dictámenes judiciales, se suma la decisión de Bachelet de reactivar la labor de dos comisiones independientes que registraron, en 1990 y 2003, los testimonios de víctimas de torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas durante la represión dictatorial.
Con ese objetivo, el gobierno puso una indicación al proyecto de ley que crea el Instituto de Derechos Humanos, que está a punto de ser aprobado, lo que motivó el rechazo de algunos sectores de la oposición derechista.
De ser aceptada la indicación, la nueva comisión recopilará durante seis meses la información entregada por las víctimas que por diversas razones no concurrieron a las llamadas comisiones Rettig y Valech, sin poder, por ello, acceder a reparación material. El informe se entregará un año después.
Tras 17 años de dictadura, el ex presidente Patricio Aylwin (1990-1994), perteneciente a la Concertación para la Democracia, coalición de centroizquierda que gobierna Chile hasta hoy, creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, encabezada por el abogado Raúl Rettig.
Esa entidad registró más de 3.000 víctimas de la represión ilegal, de las que 1.183 fueron detenidos desaparecidos.
En 2003, el ex mandatario Ricardo Lagos (2000-2006) formó la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, presidida por el obispo católico Sergio Valech, que certificó que unos 28.000 chilenos —de un total de 37.000 testimonios— fueron encarcelados por causas políticas durante la dictadura y padecieron tormentos, entre ellos la propia Bachelet y su madre, Ángela Jeria.
Díaz explicó que "la apertura de un nuevo periodo de calificaciones de casos de violaciones a los derechos humanos fue una de las propuestas entregadas por la agrupación en 2006 a la jefa de Estado".
Laurenti celebró la decisión de reabrir esas instancias, "que nunca debieron cerrarse", pero criticó el resguardo de la identidad de los victimarios. "Se avanza en verdad y reparación, pero no en justicia", dijo a IPS.
Díaz también valoró la concreción de otra demanda de la AFDD: la inauguración de un moderno centro de toma de muestras de material genético de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, dependiente del Servicio Médico Legal, que tiene por objeto contribuir a las labores de reconocimiento de restos.
El organismo partirá su trabajo con los parientes de las víctimas exhumadas en 1991 de una fosa común ubicada en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago. Los restos fueron identificados entre 1993 y 1995 y entregados a sus familiares, pero en abril de 2006 el Servicio Médico Legal reconoció errores en la individualización de gran parte de los cuerpos.
Todavía sigue pendiente la derogación o anulación del decreto-ley de amnistía dictado por Pinochet en 1978, que prohíbe procesar a los involucrados en ciertos crímenes cometidos entre el día del golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1973, y el 10 de marzo de 1978.
En septiembre de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Chile por no haber investigado ni enjuiciado a los responsables de la muerte del profesor Luis Alfredo Almonacid, militante del Partido Comunista ejecutado en 1973, en cuyo caso se aplicó la amnistía.
La Corte Interamericana obligó al Estado a reabrir el proceso y garantizar que la amnistía no volviera a ser usada en ninguna otra causa relacionada con crímenes de lesa humanidad.
"El caso representa una fuerte y grave sanción para Chile luego de 16 años de transición democrática por la ineficacia del Estado de investigar, sancionar y reparar los efectos de las violaciones a los derechos humanos", concluyó el último informe preparado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, y presentado el 30 de agosto.
"A partir del pronunciamiento de la Corte se ha instalado una jurisprudencia uniforme tanto en la Corte Suprema como en tribunales inferiores, que establece que las ejecuciones sumarias y las desapariciones forzadas son delitos de lesa humanidad, por lo cual no es posible aplicar la amnistía ni la prescripción bajo las reglas del derecho internacional", establece el documento.
Pese a ello, las organizaciones defensoras de derechos humanos exigen la anulación o derogación del decreto para evitar el riesgo de una futura utilización. Bachelet se comprometió a promover la inaplicabilidad de la amnistía, pero todavía no hay luces sobre el mecanismo elegido.
Dentro del oficialismo hay diferencias sobre la mejor opción para acabar con la amnistía, en términos de efectos jurídicos.
"Tal falta de determinación y claridad resultan preocupantes y coloca al Estado de Chile, a casi un año de dictado el fallo de la Corte, en mora del cumplimiento de sus obligaciones internacionales", advierte el informe de la Universidad Diego Portales.
La ofensiva de Bachelet en materia de derechos humanos es interpretada como una estrategia para acceder en 2008 a un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
Por lo pronto, dice Laurenti, "Chile tiene pendientes la ratificación de importantes instrumentos internacionales, como la Corte Penal Internacional y el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) relativo a los pueblos indígenas", una promesa que, junto con la derogación de la amnistía, hicieron los cuatro gobiernos de la Concertación para la Democracia.
