Cuando ya pasó un año de la desaparición de una víctima que testificó en un juicio a ex represores de la última dictadura militar de Argentina, organizaciones de derechos humanos denuncian que la investigación más firme, que apunta a ex uniformados, «es más formal que efectiva».
Así lo resumió para IPS Guadalupe Godoy, abogada de Jorge Julio López, visto por última vez el 18 de septiembre de 2006, cuando su patrocinante se disponía a alegar contra el principal acusado en el juicio oral, Miguel Etchecolatz, director de investigaciones de la policía de la oriental Provincia de Buenos Aires al comienzo de la dictadura (1976-1983).
Etchecolatz fue condenado a prisión perpetua por genocidio un día después de que López desapareció. Fue una de las primeras sentencias contra responsables de la represión tras la anulación de dos "leyes del perdón" que los habían alejado de los tribunales pese a estar acusados de la desaparición de 30.000 personas, según datos de organizaciones humanitarias.
López, un albañil que militaba en el hoy gobernante Partido Justicialista (peronista), había estado secuestrado entre 1976 y 1979 en diversos centros clandestinos de detención, pero logró sobrevivir a las terribles torturas a que fue sometido y fue liberado. Treinta años después su testimonio sirvió para probar el asesinato de cautivos y condenar a Etchecolatz y a otros ex policías.
Este martes, organizaciones defensoras de los derechos humanos, políticas y sindicales realizarán diversos actos en todo el país para exigir la aparición con vida de López.
Según creen los abogados de organizaciones humanitarias, su decisión de colabora con la justicia pudo ser la causa de un segundo secuestro ahora, a los 77 años, para amedrentarlo a él y a otros potenciales testigos de los juicios que siguen su curso.
Actualmente el más sonado es el juicio contra el sacerdote católico Christian von Wernich, acusado de siete homicidios, 42 casos de secuestros y al menos 30 de torturas contra mujeres y hombres detenidos e indefensos.
Para octubre se aguarda el primer proceso contra un ex marino del centro clandestino de detención que operó en la emblemática Escuela e Mecánica de la Armada (ESMA).
Lo cierto es que desde hace un año López no aparece, ni vivo ni muerto. A fines de diciembre de 2006, un segundo caso de un testigo secuestrado tuvo un mejor final. Luis Geréz, también albañil, de 50 años, había declarado como sobreviviente y testigo en otra causa tras lo cual fue secuestrado, pero apareció golpeado tres días después.
La hipótesis más firme de la justicia y los abogados indican que López fue secuestrado por ex policías y ex militares cercanos a Etchecolatz. La semana pasada, la justicia federal ordenó diversos allanamientos en el entrono de un grupo de colaboradores del ex oficial que estarían involucrados en el secuestro.
Uno de ellos, Oscar Chicano, ex secretario de Etchecolatz, fue reconocido por familiares y amigos de López como el hombre que en los días previos a la desaparición frecuentaba los mismos sitios de reunión que el testigo, lo cual hace presumir que hubo un trabajo de inteligencia previo a la captura.
También fueron recogidos en la causa testimonios de por lo menos cuatro civiles que sostienen que López fue secuestrado para forzarlo a cambiar su declaración y que, ante su negativa, fue asesinado el mismo día de su captura. Por último se confirmó que una ex colaboradora de Etchecolatz era vecina de López.
Para la familia, López es "el primer desaparecido en democracia".
"Siempre dijimos que López había sido secuestrado y que en su desaparición intervinieron fuerzas de seguridad del Estado. Pero en el gobierno no hay voluntad de avanzar y cuando advierten que hay policías involucrados se vuelven morosos, crípticos", señaló Godoy, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos.
La abogada Godoy también protestó por las constantes filtraciones de la información o pistas que acercan al juzgado, un hecho que impide que las actuaciones ordenadas por la justicia y ejecutadas por la policía lleguen a resultados positivos a pesar de los recursos destinados a ese fin.
Las autoridades rechazan las acusaciones. En vísperas del aniversario, el gobierno de la provincia de Buenos Aires informó sobre centenares de rastrillajes, comunicaciones analizadas, allanamientos y denuncias investigadas, además de la oferta de una recompensa a quien aporte datos ciertos sobre la desaparición.
No obstante, por el momento se desconoce el paradero del testigo. Su esposa, Irene López, cree que no puede estar vivo. "Pasó mucho tiempo. ¿Quién lo tendría? ¿Cómo aguantaría tanto tiempo? Él tomaba remedios, tenía presión alta", dijo la mujer en entrevista publicada el fin de semana por el rotativo Página 12.
"Nadie puede negar el valor simbólico de muchos gestos del gobierno de Néstor Kirchner a favor de los derechos humanos y de los juicios contra ex represores, pero los gestos, si se hacen para buscar un efecto, tienen sus límites", advirtió Godoy, y reclamó una política de Estado para avanzar en los juicios contra represores.
Al asumir en mayo de 2003, Kirchner mostró voluntad de avanzar en los procesos, frenados en la segunda mitad de los años 80 por las leyes dictadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín, como consecuencia de la presión y amenaza militar.
También el actual gobierno centroizquierdista resolvió que se abra un museo en la ESMA, declaró feriado el 24 de marzo, día del aniversario del golpe de Estado de 1976, y otros gestos que lo acercaron a los familiares de las víctimas y a sus organizaciones.
Las organizaciones de derechos humanos entienden que, empero, faltó una política que brinde garantías a los testigos, que comenzaron el desfile ante los tribunales tras la declaración de inconstitucionalidad por la parte de la Suprema Corte de Justicia y su consecuente anulación en 2001 de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida.
Según un informe que elevó este mes la Procuraduría General de la Nación a la Corte, hay demoras en cerca de 800 causas sobre derechos humanos debido a la avalancha de juicios que comenzaron a acumularse rápidamente tras la anulación de las leyes de amnistía.
El procurador sostuvo que hay gran cantidad de testigos citados en múltiples causas, y a su vez hay acusados que tienen que rendir cuentas en distintos procesos. El abarrotamiento de juicios, para los que se requieren más eficiencia y recursos, molesta a los testigos y les resta protección.
"El gobierno no dimensionó lo que implicaba reabrir ese capítulo de la historia", acusó Godoy. "Al paso que vamos se va a tardar otros 30 años en hacer justicia", comentó la abogada. "Hubo una gran irresponsabilidad que se acentuó ante la desaparición de López y se perdieron meses creyendo que estaba perdido", acotó.
