Alrededor de un millón de personas en todo Brasil, según sus organizadores, participaron el viernes del Grito de los Excluidos, una movilización popular que este año reclama anular de la venta de la mayor empresa minera del país y una de las mayores del mundo, la Compania Vale do Rio Doce (CVRD), privatizada en 1997.
En São Paulo fueron unas 3.500 personas, según la policía. Durante la celebración, que comenzó con una tradicional misa en la Catedral da Sé, en el centro paulista, el obispo auxiliar de esa ciudad, Pedro Luiz Stringhini, destacó que el acto contra la privatización de la CVRD es "simbólico" porque "sería difícil revertir esa ve nta", que tuvo lugar durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), opinó.
El Grito de los Excluidos, una movilización popular convocada desde hace 12 años cada 7 de Septiembre, Día de la Independencia de Brasil, por la católica Conferencia Nacional de Obispos, tomó este año como tema central la CVRD.
Los presentes en actos que se repitieron en más de 100 ciudades, pidieron el retorno de la empresa al Estado.
Luiz Bassegio, de la secretaría del Servicio Pastoral de los Migrantes y de la coordinación del Grito de los Excluidos Continental, explicó a IPS que la razón de unir este año esa movilización con la privatización de la CVRD, es "porque el Grito siempre está presente en las luchas del pueblo por la soberanía buscando un nuevo proyecto para Brasil".
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Según Bassegio, el plebiscito popular sobre la CVRD quiere destacar este año "que no vale este modelo económico concentrador que amplía cada vez más la distancia entre ricos y pobres".
"El grito es un no a la actual política económica, al imperialismo, y un sí a un proyecto popular alternativo donde los derechos de las personas estén en primer lugar y no los derechos del mercado", agregó.
La movilización contra la venta de la CVRD tiene lugar en momentos en que más de 60 organizaciones populares llevan a cabo en todo el país una consulta popular consultiva sobre un pedido de anulación de la privatización.
El plebiscito, que se celebra desde el 1 de este mes hasta este domingo 9, fue apoyado inclusive por el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Las organizaciones convocantes, entre ellas el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), sostienen que la venta se efectuó de modo fraudulento.
En diciembre de 2005, después de 10 años de tramitación de unos 90 procesos judiciales cuestionando esa privatización, el Tribunal Regional de Justicia Federal de Brasilia condenó en segunda instancia el remate como fraudulento y determinó su anulación.
La sentencia no es definitiva y el proceso aún puede demorar años.
En entrevista con IPS, Eloá dos Santos Cruz, uno de los abogados que cuestionan la operación en los tribunales, dijo que el Estado "vendió un patrimonio de los brasileños sin consultar y por un precio mucho más bajo que el estimado por el mercado".
Creada en 1942 durante el gobierno de Getulio Vargas, la CVRD es de las mayores empresas mineras del mundo y la principal productora y exportadora mundial de mineral de hierro, componente básico de la fabricación del acero.
Además, produce bauxita, oro y aluminio y cuenta con inversiones en transporte naviero y ferroviario, entre otros sectores.
Mientras que en la época de su privatización la CVRD fue tasada "por su mismo comité financiero en 40.000 millones de dólares, fue vendida en apenas algo más de 3.000 millones de dólares", destacó.
El abogado estima que "la variedad y cantidad de minerales disponibles para la explotación de la Vale hacen de ella un patrimonio incalculable".
En segundo lugar, según Cruz, otra de las irregularidades fue el vínculo entre el tasador y el comprador.
El banco "Bradesco tuvo participación en el consorcio de evaluación del precio de la empresa y después se convirtió en uno de los accionistas de la compañía", dijo.
Algo similar pasó con la firma estadounidense de servicios financieros Merrill Lynch, que hizo la evaluación de la empresa estatal para su venta y después también se convirtió en una de las accionistas de la compañía privatizada, recordó el abogado.
Cruz explicó que la Constitución brasileña contempla la posibilidad de garantizar a cualquier ciudadano el derecho a pedir la invalidez de un acto considerado "lesivo, perjudicial e inmoral" contra la administración pública.
En ese aspecto, movilizaciones populares como el plebiscito tienen un poder de incidencia en la decisión de un juez, sobre todo cuando "la sociedad está volcada a un determinado asunto" como ahora.
"Un plebiscito es importante para señalar al Poder Judicial que la sociedad está atenta y que sus componentes deben juzgar con cuidado respetando las normas constitucionales y legales que existen hoy", dijo.
Cruz destacó que por eso los accionistas de la Vale mantienen "una cortina de silencio" sobre el cuestionamiento de la privatización. IPS intentó obtener declaraciones de la empresa, y su asesora de prensa informó que no harían comentarios al respecto.
