La desertificación, que afecta a territorios en los que habitan 2.000 millones de personas, es un problema económico además de ambiental, señaló a IPS Kanayo Nwanze, vicepresidente del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA).
Nwanze participó en la octava sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, iniciada el 3 de este mes y finalizada este viernes en Madrid con la participación de dos millares de representantes de los 191 países miembros y de organizaciones no gubernamentales.
A su entender y más allá de la profundidad de los acuerdos específicos, este encuentro muestra que la Convención, con la aprobación de un Marco de Actuación y un Plan Estratégico Decenal, refleja "grandes iniciativas políticas" que posibilitan acciones como la del FIDA, que en 25 años invirtió 3.500 millones de dólares en zonas de tierras áridas.
La desertificación, añadió, amenaza a 40 por ciento de la superficie de la Tierra, previéndose que para 2025, de seguir las cosas como hasta ahora, más de 2.800 millones de personas de 48 países sufrirán escasez de agua o problemas relacionados con ella.
Haciéndose eco de ese problema, la Conferencia decidió crear una Secretaría Ejecutiva de la Convención y designó a su frente a Luc Gnacadja, ex ministro de Medio Ambiente de Benin.
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"Tener una Secretaría Ejecutiva le dará nueva vida a la Convención", sentenció Nwanze.
Más problemática es la aprobación de un Plan Estratégico de la Convención para el próximo decenio pues, como comentó la ministra de Medio Ambiente de España, Cristina Narbona, "en las cumbres de Naciones Unidas sólo se acuerda aquello que ningún país vota en contra", por lo cual tras la aprobación en esta Conferencia tendrán que trabajar duro para lograrlo.
La idea es que el plan tenga un programa de actuaciones concretas, con objetivos cuantificables, medidas adecuadas para cumplirlos y un seguimiento transparente y participativo.
Para lograr esa mayor participación de la sociedad civil, reveló Narbona, su país logró un acuerdo en la Unión Europea para incluir esa propuesta en la agenda de la próxima Conferencia de la Convención y que en la estrategia de la década se establezca con claridad "la importancia de la participación de la sociedad civil".
Ese acuerdo recibió el apoyo de representantes del Parlamento Europeo, quienes hicieron notar "la falta de compromiso y resultados" demostrado por la Convención "desde su nacimiento" y urgieron a elaborar "estrategias integradas de coordinación", indicadores "para medir la efectividad de sus iniciativas" y una financiación "por metas" para sus acciones.
En el borrador de la Declaración de Madrid se apunta la "necesidad de sinergias entre acuerdos medioambientales internacionales: cambio climático, biodiversidad y desertificación" y se insta a "mejorar la cooperación a nivel nacional, regional e internacional".
Por otro lado, las organizaciones no gubernamentales, que se reunieron motivadas por esta octava conferencia, agradecieron el apoyo de las autoridades españolas y en especial el de sus pares españolas, como Asamblea de Cooperación por la Paz, Ecologistas en Acción, Fundación IPADE y WWF/Adena.
También destacaron "la necesidad de cumplir todos los compromisos adquiridos hasta ahora y la importancia de dar un impulso definitivo y certero al proceso de implementación de medidas en favor del desarrollo sostenible en los territorios desertificados o susceptibles de desertificarse".
Este reclamo se debe, aclararon, a que, "hasta el momento, la pasividad e inexistencia de intervención ha sido una constante y esta situación ha alimentado la desilusión y frustración de todas las personas que día a día luchamos activamente por la mejora de las condiciones de vida y el desarrollo ambiental, social y económicamente sostenible de las poblaciones afectadas por la desertificación".
Esa pasividad de los Estados y organismos internacionales, añadieron, afecta a la seguridad alimentaria, incrementa la pobreza, dispara las migraciones internacionales a gran escala, los conflictos intra-regionales, agudiza la inestabilidad social y la inequidad de género y pone en riesgo la salud y bienestar de 1.200 millones de personas en más de 100 países.
Durante la Conferencia, los representantes de la sociedad civil plantearon esos temas, haciendo hincapié en elementos básicos para avanzar en la lucha contra la desertificación, el cambio climático y la pobreza, la participación de la sociedad civil, la equidad de género y la adaptación al cambio climático.
El secretario ejecutivo de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), Yvo de Boer, sin restar importancia a la desertificación, consideró más grave el cambio climático.
Según De Boer, "aunque la excesiva extensión de pastizales, la demanda de agua, la deforestación y a otras actividades afectan negativamente al ambiente, el cambio climático es la principal amenaza".
Germán Rojas, responsable de la Oficina de Información para España y Andorra de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), destacó acciones que considera "logros" de la Convención, como que "ha hecho progresar notablemente el conocimiento científico sobre las complejas cuestiones de la desertificación" y ha impulsado la coordinación de acciones.
"Gracias a la Convención, el nuevo concepto de desarrollo llamado Gestión Sostenible de Tierras ha sido lanzado a la escena internacional y se ha beneficiado de nuevos mecanismos de financiación", añadió.
España, que en 2004 aportaba a la Convención 160.000 euros (222.000 dólares al cambio actual) fue aumentando su contribución hasta llegar a 5,6 millones de euros (casi 7,8 millones de dólares) en 2007.
