Cirila Pulido y Teófila Ochoa tenían 12 y 13 años de edad cuando el 14 de agosto de 1985 una patrulla del ejército peruano irrumpió en su pueblo, Accomarca, en la región sureña y andina de Ayacucho, y mató a 69 campesinos, entre los que se encontraban sus padres y hermanos.
Como la justicia peruana no ha sancionado a los responsables, las dos mujeres recurrieron a tribunales de Estados Unidos en busca de justicia.
"Nosotros parecemos los condenados, condenados a sufrir un dolor insoportable por la pérdida de nuestros familiares y por la falta de justicia", dijo a IPS entre sollozos Cirila Pulido. "Esto es peor que el infierno".
"Cada día que pasa sin que se condene a los asesinos es como si mataran de nuevo a nuestros familiares", declaró Teófila Ochoa. "Ni nuestros muertos ni nosotros tenemos paz".
Ambas presenciaron aquella jornada en que los militares balearon, volaron con granadas y quemaron a los campesinos, la mayoría mujeres y niños. Por eso, en nombre de sus familiares y de vecinos asesinados, presentaron ante tribunales de la ciudad de Miami y del oriental estado de Maryland una demanda contra dos ex oficiales que escaparon a Estados Unidos.
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Los denunciados son los mayores retirados Telmo Hurtado y Juan Rivera. El primero dirigió la patrulla que ocupó Accomarca y consumó el mayor asesinato masivo de civiles indefensos durante la guerra contra el insurgente grupo maoísta Sendero Luminoso (1980-2000). Rivera fue uno de los participantes en esa acción.
El 28 y el 29 de marzo, Hurtado y Rivera fueron detenidos en Miami y en un condado de Maryland, respectivamente, por agentes de inmigración de Estados Unidos, acusados de violar leyes migratorias de ese país.
Hurtado había escapado de Lima el 28 de diciembre de 2002, luego de que se reabriera el juicio en su contra. Rivera vive en Estados Unidos desde 1998.
"Las demandas contra Hurtado y Rivera ya fueron acogidas por los jueces norteamericanos (estadounidenses) y los ex oficiales han sido notificados para que respondan a los cargos", dijo a IPS Karim Ninaquispe, abogada de los familiares de Accomarca. "Ni bien nos enteramos de la detención, preparamos la acción", dijo.
Ninaquispe trabaja desde una pequeña oficina de seis metros por cuatro en el barrio de Santa Anita, sureste de Lima, una zona que difícilmente otro abogado escogería para abrir su bufete.
Como sus clientes carecen de recursos para financiar el caso, Ninaquispe recurrió a la ayuda del no gubernamental Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés), con sede en la occidental ciudad estadounidense de San Francisco, para que asumiera el caso.
El 18 de julio, el CJA presentó el litigio a nombre de las dos demandantes. Es la primera vez que un caso de violaciones de derechos humanos contra campesinos se ventila en tribunales estadounidenses.
"La finalidad es proporcionar a las víctimas un foro, darles el lugar para poder contar su historia y buscar justicia", explicó a IPS la abogada del CJA, la española Almudena Bernabeu. "En caso de ganarse el juicio, está prevista una reparación por los daños que sufrieron las víctimas", agregó.
Pero no se trata de un proceso judicial fácil. Si bien Hurtado y Rivera están acusados de mentir para obtener su residencia legal, podrían ser expulsados de Estados Unidos.
"La demanda ya está aceptada y notificada a los acusados. Ahora nos queda esperar a ver si los acusados nombran abogado que los represente y contestan a la demanda. El proceso a partir de allí puede durar algo mas de un año hasta que estemos todos listos para el juicio", señaló Bernabeu.
Pero "si la deportación llega antes de que se concluya el juicio, nuestra demanda no tiene la fuerza ni de paralizarla ni de interrumpirla, queda a discreción de la autoridad federal. Ahora bien, si los deportaran en el proceso de nuestro juicio, esto no quiere decir ni mucho menos que se acabe el proceso. Éste continuaría adelante contra los demandados, y los derechos de nuestros clientes perfectamente garantizados", agregó.
Hurtado fue sometido a una parodia de juicio militar que terminó en 1992 con una condena a seis años de prisión por "abuso de autoridad". En el proceso, describió con detalle el crimen.
En junio de 1995 se benefició de la amnistía dispuesta por el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) para los militares condenados, procesados o investigados por violaciones de los derechos humanos.
El militar regreso al servicio y luego fue condecorado por el jefe del ejército Nicolás Hermoza. Rivera nunca fue enjuiciado.
"Los militares llegaron temprano, a las siete de la mañana Se metieron casa por casa y después de juntar a los que encontraron, los metieron a todos en dos casas. Yo me pude escapar y subí a una loma desde donde vi todo. Varios soldados dispararon a los detenidos que estaban dentro de las casas. Escuché gritos, súplicas, quejidos. Los niños chillaban", contó Pulido.
"Estaba desesperada porque allí estaba mi mamá, Fortunata Baldeón, y mi hermanito de nueve meses, Edgar Pulido. Después de disparar, lanzaron granadas y todo voló y se incendió. Todo era puro fuego. Nadie sobrevivió", relató.
"Después buscaron comida en las casas de los que habían matado. Comieron y bebieron celebrando lo que hicieron", agregó.
Según la abogada Ninaquispe, los muertos fueron 16 hombres, 30 mujeres y 23 niños. "Durante una reciente exhumación de los restos incinerados, se encontraron fetos. Quiere decir que había algunas mujeres embarazadas", dijo.
"A mí me mataron a mi madre, Silvestra Lizarbe Solís, y a mis hermanitos Gerardo, Víctor, Ernestina, Celestina y Edwin, de nueve, ocho, seis, tres y un año de edad. Yo tenía 13", narró entre lágrimas Ochoa.
"Cuando llegaron los militares no estaba en la casa porque mi madre me había pedido que recogiera el burro. Cuando escuché el alboroto me asusté y regresé rápido. Encontré a mi mamá con los militares. Les estaba ofreciendo comida. Algunos comenzaron a comer hasta que llegó un oficial y les gritó que siguieran con la misión", dijo.
"Salí de la casa rápido sin que se dieran cuenta, con mi hermanito Gerardo a quien pude jalar de la mano. Mi mamá entre gritos pedía que no hicieran nada a mis hermanitos. Yo corrí y corrí asustada con Gerardo. Los militares metieron en dos casas a los detenidos y después los balacearon. Luego que lo quemaron todo con granadas, salieron a buscar a más gente", sostuvo.
"Me avistaron y me comenzaron a disparar. Gerardo y yo corrimos, pero a él lo atraparon. Las balas silbaban por mis costados. Me escondí y ya no vi más a mi hermanito. Lo atraparon y lo mataron. No pude dormir en la intemperie. Los perros aullaban de dolor. Todo parecía un cementerio".
"Al amanecer, los mayores que regresaron al pueblo me recogieron. Después llegó mi abuelito y con él fuimos donde la gente había sido quemada. Sólo había cráneos calcinados, restos de brazos y piernas. Allí estaban mi mamá y mis hermanitos", siguió.
La matanza se perpetró pocas semanas después de que el actual mandatario Alan García fuera investido presidente por primera vez, el 28 de julio de 1985. Pero no lo llevó a cambiar la política antisubversiva aplicada por su antecesor, Fernando Belaúnde. En esa guerra de 20 años murieron 69.280 personas, según la independiente Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Los familiares de las víctimas de Accomarca pidieron seis meses atrás al jefe de Estado una cita para que ayudara a acelerar el proceso judicial en Perú. García no los ha atendido. En diciembre premió con un cargo diplomático en Washington al general retirado José Williams, jefe directo de Hurtado y Rivera cuando se consumó el asesinato masivo.
