El progreso legal de los países de América Latina y el Caribe no ha logrado terminar con la segregación femenina en la vida política y pública, aseguraron asistentes a la X Conferencia Regional sobre la Mujer que se realiza en esta ciudad.
En el primer día del encuentro, inaugurado por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, participaron su par de Chile, Michelle Bachelet, y la vicepresidenta de España, María Teresa Fernández de la Vega, así como delegaciones de más de 30 países.
Justamente en Chile y en España, los actuales gobiernos iniciaron sus mandatos con la investidura de gabinetes paritarios, la misma cantidad de hombres y mujeres al frente de los ministerios.
Si bien su acceso a la primera magistratura significó la "derrota de la exclusión y la victoria de la inclusión" y en su país y en su gobierno se realizan esfuerzos para llegar a una "paridad en la representación política y pública" de hombres y mujeres, falta mucho para terminar con los "prejuicios" que permanecen, dijo Bachelet.
Se deben apoyar todas las iniciativas que promuevan el acceso de la mujer a la "representación pública y política" porque la equidad en ese terreno "no es un tema numérico, sino de principios democráticos", agregó.
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Tanto las leyes que establecen cuotas obligatorias de presencia femenina en los órganos políticos y las listas electorales como otras iniciativas ayudan a derrotar definitivamente la exclusión, estimó.
Por eso, en septiembre enviará al Congreso legislativo de su país un proyecto de ley para fijar una cuota mínima de representación de las mujeres en los cargos electivos.
Para la mandataria chilena, la participación laboral de las mujeres, el cambio de sus relaciones en la vida doméstica y el haber alcanzado la posibilidad de ocupar "un cargo de autoridad" en muchos países constituyen la mayor revolución del siglo XX.
"Más mujer, más democracia, más justicia. La igualdad no es un sueño", concluyó Bachelet ante la ovación de cientos de participantes.
La vicepresidenta primera de España, Fernández de la Vega, que se definió como tributaria de una visión "democrática y feminista" del mundo, afirmó que sobre millones de mujeres pesa una losa de injusticia por ser consideradas ciudadanas de segunda clase.
Además de lograr la paridad en la política, es necesaria una igualdad laboral que termine con "la vieja división sexual del trabajo", dijo Fernández de la Vega.
Es fundamental la implementación de leyes y políticas de Estado que terminen con el trabajo doméstico no remunerado que cumplen millones de mujeres, sostuvo.
"Las mujeres se han hecho cargo de la atención a los demás, y se ha asumido como natural algo que no lo es", por eso es "imprescindible desarrollar políticas" para que se aborde la "responsabilidad pública" de esas labores.
"La necesidad de reconocer el valor que aportan las mujeres a la economía y a la cohesión social por el trabajo doméstico no remunerado que realizan y, al mismo tiempo, la necesidad de ofrecer propuestas para que sea resuelto y compartido de otra manera es una tarea prioritaria", afirmó.
De igual modo, "es imprescindible seguir trabajando por una democracia inclusiva, paritaria, plena, que incorpore a las mujeres a todos los ámbitos de decisión, y así poner fin a una injusticia secular", restituyéndoles el "pleno derecho de ciudadanía", dijo la española.
Si bien la participación política de las mujeres en el ámbito nacional ha aumentado en la última década en América Latina, se está lejos de la paridad de género, afirma un estudio del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (UN-Instraw por sus siglas en inglés).
En el ámbito del Poder Ejecutivo, la proporción de presencia femenina pasó de nueve por ciento a 14 por ciento en 10 años, en el Senado creció de cinco a 13 por ciento, y en la cámara baja de ocho a 15 por ciento.
Pero en el plano municipal, la instancia de representación y gobierno más próxima a la ciudadanía y más vinculada a la vida cotidiana, el porcentaje de participación de las mujeres es mucho menor y no ha crecido de modo considerable en el último decenio, afirma el UN-Instraw.
Según datos recabados por la agencia de las Naciones Unidas en 16 países latinoamericanos, sólo 5,3 por ciento de las administraciones locales están encabezados por mujeres, lo que equivale a 842 de los 15.828 gobiernos municipales.
"En el ámbito local se presenta una paradoja: el municipio es el espacio donde las mujeres más participan en la vida económica, social y cultural, pero donde menos ocupan cargos políticos", afirmó Carmen Moreno, directora del UN-Instraw.
En los países que cuentan con leyes de cuotas a favor de las mujeres en las listas para las elecciones municipales se incrementó notablemente la cantidad de concejalas o regidoras, dijo Moreno.
Sin embargo, dicho mecanismo no se aplica a las candidaturas uninominales para las alcaldías, que siguen siendo casi exclusivamente dominadas por hombres.
Por su parte, la dirigente indígena ecuatoriana Blanca Chancoso dijo a IPS que la discriminación en el ámbito político y público es mucho mayor cuando la mujer es pobre, nativa o afrodescendiente.
La desigualdad en la política también tiene "un componente de clase social y étnico que es necesario tener en cuenta", argumentó Chancoso.
La líder histórica del movimiento indígena ecuatoriano aseguró que los pobres, los indígenas y los negros tienen muchas menos oportunidades de llegar a una representación pública.
La afirmación es corroborada por otro estudio de UN-Instraw, según el cual las mujeres indígenas experimentan el acceso a los recursos y a espacios de poder de manera distinta que los hombres y mujeres no indígenas.
"Ellas, que representan casi 60 por ciento de las 50 millones de personas indígenas de América Latina y el Caribe, enfrentan además una triple discriminación por su condición de mujeres, indígenas y pobres" afirma la investigación.
"En Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala y Perú, donde por lo menos la mitad de la población femenina es indígena, los obstáculos están relacionados con la tradición conservadora, la indocumentación, el alto porcentaje de analfabetismo, el escaso acceso a recursos económicos, la falta de mecanismos de desarrollo de capacidades y las formas centralistas del ejercicio de poder, entre otros" argumenta el estudio.
La conferencia, que continuará hasta este jueves en Quito, es el foro intergubernamental más importante de la región para el análisis de políticas públicas de género y es convocada cada tres años por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Esta edición está dedicada a abordar la contribución de las mujeres a la economía y la protección social, sobre todo respecto del trabajo no remunerado, y la participación política y la paridad de género.
Al inaugurarla, el presidente Correa dijo que "ojalá el próximo gobierno ecuatoriano sea presidido" por una mujer.
"No podemos hablar de desarrollo mientras sigan las discriminaciones de género", argumentó. "En la calle, codo a codo, somos mucho más que dos, decía (el poeta uruguayo) Mario Benedetti. Patria con rostro de mujer, bienvenidas", concluyó.
