La nueva ley de inmigración portuguesa recibe severas críticas de las asociaciones de trabajadores extranjeros, que acusan a las autoridades de favorecer a egresados universitarios y a quienes llegan al país con bastante dinero para invertir.
Activistas locales y dirigentes de agrupaciones laborales de inmigrantes fustigan la flamante legislación, que no abre las puertas del Ministerio de Interior para permitir la regularización de unos 150.000 indocumentados residentes en Portugal.
El texto legal que define las condiciones y procedimientos de entrada, permanencia, salida y expulsión de extranjeros del territorio nacional, así como el estatuto de residente de larga duración, fue aprobado por el parlamento unicameral en mayo, pero sólo este mes se comenzó a aplicar, luego de tres meses de reglamentación.
Entre los aspectos más novedosos, pero que a la vez ha causado estupor entre las asociaciones, es el derecho automático a obtener visa de permanencia con el que se benefician los extranjeros que lleguen a Portugal a fundar una empresa.
Para quien tiene dinero, "las cosas serán simples, pero para los restantes, de escasos recursos que buscan una vida mejor en Portugal, poco o nada se avanzó", comentó a IPS el brasileño Jair Santos Pereira empleado de un restaurante de Lisboa.
Sin embargo, para quienes traigan un capital pequeño no será tan simple como piensa el inmigrante brasileño. Según un análisis de las nuevas reglas del juego publicado por Diario de Noticias días atrás, "lo que la ley entiende por 'inmigrantes emprendedores' es engañador para el común de los mortales".
Por un lado, representa una tautología, porque la persona que "se decide a atravesar fronteras, corriendo riesgos, es por naturaleza emprendedora", pero un inmigrante chino que monte una tienda no puede ser beneficiado por esta legalización, apunta el análisis.
Asegura, además, que "la idea de la ley es premiar a los grandes empresarios que quieran invertir en Portugal, que traigan el dinero o que cuenten con créditos bancarios para hacerlo".
En cuanto a los trabajadores independientes, Diario de Noticias recuerda que la ley sólo permite esta legalización rápida, sin escollos burocráticos, "para las profesiones liberales", en el entendido de que son graduados de universidades o de institutos técnicos superiores.
La flamante legislación aproxima a Portugal a los caminos seguidos desde hace décadas por Australia, Canadá, Brasil, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Nueva Zelanda, los países que más aprovecharon la energía de los extranjeros para el desarrollo de sus sociedades.
En Portugal, hoy con 10,2 millones de habitantes, residen 420.000 trabajadores extranjeros documentados y otros 150.000 sin los requerimientos exigidos para residir de modo permanente, según cálculos de organizaciones no gubernamentales, es decir una de las cifras de inmigrantes más altas de la Unión Europea (UE) tomando en cuenta la relación con la población originaria.
La principal fuente de ingresos para 4,7 millones de portugueses es el presupuesto general del Estado, alimentado fundamentalmente por los impuestos, que se sitúan entre los más altos de la UE y las contribuciones sociales de trabajadores y empresas.
En este cuadro, con una fuerza laboral de 5,8 millones de personas, 9,9 por ciento de ellos extranjeros, los inmigrantes constituyen un flujo importante para llenar los cofres de un Estado que no tiene escrúpulos en cobrar lo suyo también a los indocumentados, pese a que las autoridades les llaman "ilegales".
Justamente allí residen las críticas más severas y frecuentes de las asociaciones de inmigrantes, porque para los gobiernos portugueses, sean de izquierda o de derecha, 150.000 trabajadores extranjeros son legales ante el fisco, ya que pagan impuestos y el Estado recibe sus contribuciones sociales, pero luego dificulta su acceso a la residencia permanente.
"No puede ser que un país civilizado, miembro de la UE, tenga trabajadores extranjeros legales ante el Ministerio de Finanzas e ilegales ante el de Interior, que les hace la vida imposible para regular su situación", comentó a IPS el ingeniero Carlos Vianna, presidente de la Casa do Brasil.
Las cifras difundidas este mes por el Alto Comisario para la Inmigración y el Diálogo Intercultural (ACIDI), revelan que la inmigración brasileña es la que más creció en Portugal, con un aumento de casi 900 por ciento de 1986 a 2003 y con una tendencia al alza en los años sucesivos.
En su mayoría, el flujo de trabajadores provenientes del país sudamericano, que con 188 millones de habitantes es la mayor nación de lengua portuguesa del mundo, está constituida por personas cada vez más jóvenes y con menos formación.
El estudio indica que los 64.295 brasileños documentados son hoy la mayor comunidad foránea residente en Portugal, superando a los tradicionales inmigrantes luso-africanos de Cabo Verde, Angola, Mozambique, Guinea-Bissau y Santo Tomé y Príncipe y al más reciente flujo de ucranianos, que comenzaron a instalarse en el país a inicios de este siglo.
Sin embargo, estimaciones de Eduardo Tavares de Lima, presidente de la Asamblea General de la Casa do Brasil, en verdad residen en Portugal unos 120.000 brasileños.
"Estos cerca de 60.000 brasileños, o bien son hijos o nietos de portugueses que han obtenido la nacionalidad de este país, o bien se trata de indocumentados", dijo Tavares de Lima a IPS.
En la comunidad brasileña residente en Portugal conviven jóvenes de media y baja calificación laboral, dispuestos a trabajar por bajos salarios en sectores tales como aseo doméstico, albañilería, turismo y hotelería, con profesionales y técnicos altamente preparados, en especial médicos, dentistas, ingenieros y peritos en publicidad e informática, indica el ACIDI .
En su inmensa mayoría provienen de zonas rurales y pequeñas localidades urbanas de los estados de São Paulo, Minas Gerais, Río de Janeiro, Bahía, Paraná, Espírito Santo, Goiás y Pernambuco, y que se han establecido principalmente en el distrito de Lisboa y en las regiones septentrionales de Oporto, Aveiro y Braga.
Entre los aspectos positivos de la nueva ley, según la Plataforma de las Estructuras Representativas de las Comunidades de Inmigrantes en Portugal, se destacan el combate contra la burocracia y la regularización para los estudiantes, así como la apertura de Portugal a nuevas candidaturas a residentes extranjeros, pese a que "al mismo tiempo tiende a fortalecer el poder discriminatorio del Servicio de Extranjeros y Fronteras".
En la norma puesta en vigor este mes se destacan también el aumento de las multas a las entidades patronales que contraten inmigrantes indocumentados, la penalización de los matrimonios de conveniencia y la creación de un régimen más adecuado para combatir el tráfico de seres humanos y la inmigración irregular.
El ucraniano Igor Klashin, que preside la Asociación "Edinstvo" (Unidad) formada por trabajadores de Europa oriental, declina opinar si "la ley es o no favorable".
"Pero esperábamos que diese más oportunidades a los inmigrantes que están en Portugal" y así evitar que se dirijan a otros países de la UE para engrosar las filas de los indocumentados que deambulan por todo el continente, apuntó.
En el contexto general de los 27 países miembros de la EU, España, Italia y Malta sostienen que el problema mayor es el de la inmigración africana que desembarca en sus costas. Es una cuestión que puede ser solucionada no sólo por esos países, sino con el concurso de las demás del bloque.
Madrid obtuvo en mayo la ayuda de la nueva Agencia Europea de Fronteras (Frontex) para patrullar el área comprendida entre la costa africana y las Islas Canarias, con el propósito de disuadir a los inmigrantes.
Sin embargo, sólo cuatro países del bloque, Finlandia, Francia, Italia y Portugal, aceptaron contribuir con España, empeñada en evitar el arribo de africanos que cotidianamente de largan al mar en muy frágiles embarcaciones.
