Apenas investido presidente, Nicolas Sarkozy anunció que ejercería una «ruptura tranquila» con las tradiciones más preciadas de Francia, en especial en materia educativa.
Con la aprobación de la Asamblea Nacional, cámara baja legislativa, de la reforma del sistema de educación superior francés, el gobierno se apresta a poner en práctica su polémico lema.
El parlamento, dominado por la gobernante y centroderechista Unión por un Movimiento Popular (UMP) y sus aliados, otorgó a principios de este mes el derecho de manejar su propio presupuesto a los centros de enseñanza superior y aprobó la creación de más oficinas universitarias para ayudar a los recién graduados a encontrar empleo.
Algunos pedagogos consideran que la ley es un primer paso bienvenido.
"El carácter de este tipo de reformas es algo que vemos con buenos ojos y consideramos como muy necesario", señaló David Crosier, director de programa de la Asociación Europea de Universidades, con sede en Bruselas.
"Pero en Francia, muchas veces la cuestión radica en cuan lejos se puede ir dadas las limitaciones del sistema", sostuvo.
La ley habla de autonomía, pero "lo que realmente hace es habilitar la posibilidad de que las instituciones controlen su propio presupuesto, lo que para la mayoría de instituciones sería lo normal", señaló Crosier.
"No menciona la cuestión del estatus del personal. No se puede tener un sistema educativo autónomo si los profesores son funcionarios estatales", añadió.
El gobierno no ha explicitado las consecuencias económicas de la norma. El presidente ya tuvo su primera batalla con los sindicatos por una nueva legislación laboral, por lo que dejó la transformación radical del sistema educativo para otro momento.
Un argumento a favor de Sarkozy, según varios analistas, es que en términos generales, se entiende que el sistema educativo francés fracasó en la atención dispensada a los ciudadanos en peores condiciones socioeconómicas, por lo que están dadas las condiciones para una reestructura.
"Hay grandes diferencias entre las universidades muy especializadas y selectas, principalmente destinadas a la elite, y las públicas, más generales y no selectas", señaló Tom Schuller, director del Centro de Innovación e Investigación Educativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con sede en París, entre cuyos miembros están todos los países industriales.
"El panorama es muy claro, está el sistema privado de alto rendimiento que reúne a las muy buenas, pero acotadas, "Grandes Écoles" (grandes escuelas) y el público, con las atribuladas universidades que cuentan con pocos recursos", explicó.
Unos 60.000 jóvenes franceses por año abandonaron el sistema educativo en el último decenio sin un diploma, como el "baccalauréat" (bachillerato) o bac, como se lo conoce popularmente, que permite ingresar a la universidad, según una investigación del Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos de 2004.
Se estima que 40 por ciento de esos jóvenes están ahora sin trabajo.
El desempleo es de 8,6 por ciento de la población económicamente activa, según datos de la Unión Europea (UE), pero uno de cada cuatro jóvenes no tiene trabajo.
Esa cantidad se eleva a 50 por ciento en las "banlieues", barrios pobres que rodean a muchas de las grandes ciudades francesas.
En respuesta a la iniciativa de Sarkozy, la Conferencia de Presidentes de Universidades, muchos de cuyos miembros están a favor de la reforma, se declararon "complacidos por la adopción de una ley vinculada a las libertades y responsabilidades de las universidades", señaló la entidad en un comunicado.
"Más que nunca es necesaria una ley para programar el presupuesto", añadió.
Se ha criticado mucho a Francia por su sistema excesivamente centralizado de Grandes Écoles que reciclan a la elite política y económica, en tanto no logran hacer frente a las necesidades de estudiantes de origen más modesto.
Un ejemplo es el Instituto de Estudios Políticos de París, conocido como Sciences Po, que tuvo entre sus alumnos a los dos antecesores inmediatos de Sarkozy, Jacques Chirac (1995-2007) y François Mitterrand (1981-1995), y a una docena de primeros ministros.
En cambio, el presidente estudió en la Universidad de París X-Nanterre, de menor categoría, porque no pudo acceder a Sciences Po por no aprobar la prueba de inglés del examen de ingreso, y se convirtió en abogado antes de dedicarse a la política.
Otra de las reconocidas Grandes Écoles, la Escuela Nacional de Administración, conocida como la ENA, creada por Charles de Gaulle (1959-1969) a fines de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), también vio pasar a futuros presidentes, primeros ministros y secretarios de Estado.
Los críticos temen que la nueva norma habilite un pronunciado aumento de las cuotas en las universidades públicas, sin que ello implique medidas para mejorar la situación de los estudiantes de modestos recursos.
La oposición de izquierda votó en bloque contra la ley.
La principal organización estudiantil, la Unión Nacional de Estudiantes de Francia (UNEF), se opuso al proyecto porque trata en forma inadecuada la falta de recursos económicos de las universidades.
"Los estudiantes siguen muy preocupados por las graves consecuencias de la ley", señaló la UNEF.
