La inédita propuesta del gobierno de Ecuador de no explotar su mayor reserva petrolera a cambio de compensaciones internacionales por conservar la naturaleza sigue sumando apoyos.
Mientras los precios petroleros trepan hasta las nubes, Quito hace propia la iniciativa de la sociedad civil de no explotar el yacimiento de hidrocarburos de Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT), el más importante de este país, ubicado en el Parque Nacional Yasuní, una de las zonas de mayor biodiversidad del mundo, en las provincias amazónicas de Pastaza y Napo.
Las frases "El Yasuní es de todos" y "Sí a la vida, no al ITT", pintadas en las paredes de Quito y de otras ciudades ecuatorianas en los últimos días son una muestra de que algo nuevo parece estar ocurriendo en ese país andino y amazónico.
La propuesta surgió de algunas organizaciones ambientalistas como Acción Ecológica, fue impulsada por el ex ministro de Energía y Minas y actual candidato oficialista a la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, y asumida por el presidente Rafael Correa.
Quito suspendió por un año la explotación del ITT y planteó a varios gobiernos extranjeros, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales la entrega de una indemnización a cambio de eliminar los planes de extracción, con el argumento de que se evitaría así un daño ecológico para la humanidad.
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Correa explicó a IPS que se está estimulando a la sociedad nacional e internacional para contribuir con el Estado en la aplicación de mantener el crudo represado en el subsuelo.
La expectativa es lograr por esta vía unos 350 millones de dólares anuales, que representan 50 por ciento de lo que el Estado obtendría con la extracción del crudo del ITT.
El procedimiento consiste en que el Estado emita bonos por el crudo que permanecerá en el subsuelo, con el doble compromiso de no extraerlo nunca y de proteger el Parque Nacional Yasuní, al que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró reserva de biosfera en 1989.
Ecuador presenta cuatro argumentos centrales para fundar su propuesta: la necesidad de luchar contra el cambio climático, de poner freno a la destrucción de la diversidad biológica, de proteger a los pueblos indígenas huaorani, tagaeri y taromenane y de buscar una transformación económica del país basada en un nuevo modelo de desarrollo.
"El aporte de 350 millones de dólares sería durante 10 años, luego comenzaría a decrecer en forma constante, porque se generaría una alternativa que produzca al Estado estos recursos, y que pueda representar una renta en forma indefinida", afirmó la activista ecológica Esperanza Martínez, experta en temas petroleros.
Hasta el momento hay más de 100 interesados en apoyar a Ecuador, entre gobiernos, organizaciones internacionales e individuos.
Entre ellos se cuenta el músico británico Sting —cuya esposa, Trudie Styler, apoya a los afectados por la contaminación petrolera que dejó la empresa estadounidense Texaco en otras zonas de la Amazonia ecuatoriana— y el gobierno de Noruega, uno de los primeros en adherirse a la "gran cruzada verde", como la denominan algunos ambientalistas.
El viceministro noruego de Relaciones Exteriores, Raymond Johansen, comprometió ese apoyo cuando visitó Ecuador en abril.
España prometió aportar cuatro millones de dólares para la investigación sobre el manejo sostenible del Yasuní, y aseguró que sería el primero en aportar al fondo, si su resultado indica que es viable no explotar el crudo.
La organización ambientalista estadounidense The Pachamama Alliance también se mostró interesada en prestar apoyo económico al intento.
El ex ministro Acosta sugirió, además, pactar un canje de la deuda externa ecuatoriana con el Club de París, un foro informal de 19 países acreedores, a cambio de que Ecuador se comprometa a proteger la cuenca amazónica.
Acosta había efectuado gestiones para el canje mientras fue ministro, entre enero y junio de este año, y cree que es factible.
"Los acreedores de la deuda externa ecuatoriana podrían disminuir el cobro o declarar nula la deuda, a cambio de que no se explote el petróleo", dijo Acosta a IPS.
"Cuidado con la explotación irresponsable de los recursos petroleros. Mantener una política de extracción del crudo en la Amazonia, como se ha dado hasta el momento sería realmente irresponsable", argumentó.
La no gubernamental Acción Ecológica invitó a la cooperación internacional a inscribirse en esta campaña, mediante la compra de crudo represado.
La propuesta incluye declarar el área del bloque ITT vedada a perpetuidad para la extracción comercial de recursos, con reconocimiento expreso del derecho de uso tradicional de los pueblos indígenas, particularmente de aquéllos que viven en aislamiento voluntario, como los tagaeri y taromenane.
"La extracción y quema de petróleo, gas y carbón en el mundo no puede continuar aumentando, porque la emisión de dióxido de carbono es ya ahora el doble de lo que los océanos, suelos y nueva vegetación absorben, y por tanto la concentración en la atmósfera continúa aumentando", dijo Martínez en referencia a los factores que han desatado el cambio climático.
Según estudios de la empresa petrolera estatal Petroecuador, el bloque ITT tiene reservas cercanas a los 1.000 millones de barriles de crudo pesado, con una relación de 80 barriles de aguas tóxicas por cada 20 de petróleo.
En el Yasuní ya opera la empresa brasileña Petrobrás, en el bloque 31, mientras otros dos yacimientos, los bloques 18 y 17, están en manos respectivamente de la canadiense EnCana y de la hispano-argentina Repsol-YPF, situados junto a los límites del parque, al que afectan.
En una zona cercana al ITT viven los huaoranis. "Ya sabemos lo que es el petróleo, nada nos ha ayudado, sólo ha traído contaminación", afirmó Juan Enomenga, dirigente de ese pueblo asentado en el Parque Yasuní.
En el Centro Médico de la ciudad de Coca, capital de la provincia amazónica de Orellana, se afirma que luego de comenzada la explotación petrolera en la zona, los huaoranis empezaron a padecer enfermedades gastrointestinales, respiratorias y dermatitis.
El 10 de mayo de 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de los pueblos taromenane y tagaeri, para proteger los derechos y garantizar la vida de estos grupos.
El Yasuní fue creado en 1979 con el objetivo de proteger su diversidad. Tiene una extensión de 982.000 hectáreas. Se han identificado allí más de 500 especies de aves, 173 de mamíferos, 100 de anfibios, 43 especies de ranas arborícolas, y un centenar de reptiles, entre ellos 62 especies de serpientes.
