El rechazo del presidente peruano Alejandro Toledo a la nueva Ley General del Ambiente aprobada por el Congreso abrió un debate sobre la asignación de prioridades entre la calidad de vida de la población y las condiciones convenientes para el crecimiento económico. Toledo rehusó promulgar el proyecto aprobado en junio y lo devolvió al Congreso el 21 de julio, alegando que su aplicación aumentaría costos de producción, quitaría competitividad a las empresas y desalentaría la inversión privada.
El Congreso puede admitir las objeciones, insistir con el proyecto aprobado, o postergar indefinidamente la definición.
Parlamentarios y ambientalistas sostienen que la norma es necesaria para superar el actual atraso de Perú en materia ambiental.
«No aprobar la Ley nos condenaría a seguir incumpliendo los estándares de calidad ambiental recomendados por la Organización Mundial de la Salud», dijo a Tierramérica Elvira de la Puente, integrante de la Comisión del Medio Ambiente del Congreso.
