Senadores y ambientalistas pidieron al gobierno colombiano anular una resolución, actualmente suspendida, que permitió fumigar áreas protegidas por su biodiversidad con el herbicida de amplio espectro glifosato, para erradicar cultivos de drogas ilícitas. La petición se formalizó el 30 de marzo, durante un debate en el Senado al que asistió para explicar esa medida el viceministro de Ambiente, Juan Bonilla.
Bonilla aseguró que la fumigación seguirá en suspenso mientras el gobierno evalúa alternativas como la erradicación manual, para la que procura apoyo internacional.
El senador Jorge Robledo, del izquierdista Movimiento Obrero Independiente, señaló a Tierramérica que el uso de herbicidas en esas áreas es peligroso para el ambiente y las comunidades locales.
Las 49 áreas protegidas del país abarcan 10 millones de hectáreas y abastecen de agua en forma directa a 31 por ciento de la población.
