La Fundación Ambiente y Recursos Naturales de Argentina solicitó al gobierno el informe ambiental oficial correspondiente a 2003, que debió publicarse en noviembre de ese año y que aún no se conoce. Una fuente de la organización dijo a Tierramérica y que se descuenta que el informe no fue confeccionado, pero se requiere la explicación de esa falta.
La fundación reconoció haber hecho el pedido para «poner a prueba» la ley de acceso a la información pública ambiental promulgada en enero. Aunque no ha sido reglamentada aún, la norma está vigente, y reconoce a cualquier persona «física o jurídica» el derecho de solicitar y recibir información del Estado, entes autárquicos y empresas que brindan servicios públicos, aunque sean privadas.
Las respuestas deben ser entregadas gratuitamente, antes de que se cumplan 30 días hábiles de la petición, o negarse con razones fundadas.
