Diez afganos se mantienen en huelga de hambre en Suecia en repudio al endurecimiento de la política migratoria del gobierno de este país, protesta iniciada tras una marcha de 200 kilómetros en la que también participaron frustrados solicitantes de asilo iraquíes.
Los huelguistas comenzaron esa protesta hace dos días en la plaza Sergels Torg, en el centro de Estocolmo, y tienen previsto permanecer allí toda la semana, con los pies encadenados y mordazas negras que cubren sus bocas. Reclaman que se les permita quedarse en Suecia.
«Tenemos derecho al asilo. Detengan las deportaciones», gritaban unos 300 afganos que se sumaron a la marcha de seis días, organizada para protestar contra la decisión de la Junta de Migraciones de enviar a solicitantes de asilo de vuelta a Afganistán.
«Es difícil entender cómo Suecia, un país tan avanzado en materia de derechos humanos, adopta una decisión tan inhumana e inaceptable», dijo a IPS Reza Javid, uno de los organizadores de la marcha.
Los manifestantes recorrieron unos 200 kilómetros. Siete personas se desmayaron a causa del cansancio y la falta de suficiente comida y agua, por lo que fueron llevadas a un hospital. Otras 50 recibieron atención médica por parte de una unidad para emergencias.
«Los solicitantes de asilo estamos indefensos, nuestra única arma es nuestra voz. Tenemos que protestar y manifestar», dijo Javid.
A mediados de mayo, la Junta de Migraciones decidió deportar a los hombres solteros, siguiendo los lineamientos fijados por la Corte de Apelaciones para cuestiones de inmigración. Se tomó la decisión de repatriarlos porque «las condiciones en Afganistán para que se reintegren los hombres solteros son buenas».
Los refugiados no comparten ese punto de vista. «Yo encontré una forma de ganarme la vida aquí. ¿Por qué no me dejan seguir trabajando? ¿Por qué me obligan a irme?», preguntó Davod Rasuli, de 31 años. Su permiso temporal expiró y su apelación fue rechazada.
«Me niego a volver a la guerra en Afganistán», agregó Rasuli. Si las autoridades no dan marcha atrás con las deportaciones, anunció, realizarán una nueva marcha, esta vez de unos 500 kilómetros, desde la ciudad de Gotenburgo en la costa oeste hasta Estocolmo.
Según la Junta de Migraciones, entre enero de 2000 y el 31 de julio de este año un total de 1.811 afganos recibieron asilo. Se informó que se otorgó a 127 la categoría de refugiados, mientras que 1.542 pedidos fueron rechazados y unos 900 están pendientes de resolución.
Los casos que más preocupan son los de aquéllos cuyas solicitudes fueron denegadas.
«Suecia no debería aplicar deportaciones forzadas, ni de hombre jóvenes solteros o ninguna otra persona», dijo a IPS el secretario general del no gubernamental Comité Sueco para Afganistán (SCA, por su sigla en inglés), Bengt Kristiansson.
«Hablar de casos de hombres jóvenes es irrelevante. La edad no importa cuando hay una guerra», agregó. Los solicitantes de asilo deberían ser autorizados a permanecer en Suecia hasta que la situación se estabilice.
El SCA ha estado implementando programas de desarrollo en 16 provincias de Afganistán, fundamentalmente en materia de educación, salud y discapacidad, desde 1982.
Organizaciones como el capítulo sueco de Amnistía Internacional y la Cruz Roja también han expresado su preocupación por la ausencia de una consideración de los casos de manera individual.
«La Junta de Migraciones parece considerar, en general, que no hay ningún afgano que necesite protección», dijo a IPS una especialista legal en materia de asilo y refugiados de Amnistía, Madeleine Seidlitz.
«Esto es francamente extraño, ya que las condiciones no han mejorado tanto desde el momento en que esas mismas personas recibieron asilo temporal», agregó.
Las autoridades rechazan las acusaciones de las organizaciones humanitarias. «Siempre hacemos una evaluación individual de los casos», indicó a IPS el subdirector general de la Junta de Migraciones, Lars Pahlsson.
Las protestas están siendo alimentadas por los nuevos criterios que se aplican a los solicitantes de asilo provenientes de Iraq.
Casi la mitad de los ciudadanos de ese país que buscan refugio en Europa vienen a Suecia. Se estima a fin de este año habrán llegado unos 20.000.
En el primer semestre de 2007, más de la mitad de los 9.000 iraquíes que pidieron asilo recibieron un permiso de residencia. Pero a consecuencia de la aplicación de criterios más estrictos, el porcentaje de rechazos se incrementó durante el segundo trimestre de este año.
Según la Junta de Migraciones no existe un conflicto armado en Iraq, sino «condiciones severas». De acuerdo con tres veredictos de la Corte de Apelaciones, que servirán de guía para la resolución de otros casos, los peticionantes serán deportados salvo que demuestren que su seguridad estaría en peligro en su país.
El 28 de julio, la casa de uno de los jueces que fijó ese criterio fue dañada por el grupo de extrema izquierda Acción Antifascista. Los atacantes dejaron amenazas escritas en las paredes, derramaron pintura roja en los escalones y dejaron un hacha en el exterior.
«Afganistán e Iraq constituyen dos de los conflictos más serios del planeta», dijo a IPS Peter Wallensten, un especialista de la Universidad de Uppsala. «Me gustaría discutir con la Junta de Migraciones cuál es para ellos la definición de conflicto armado», agregó.
Según el Proyecto sobre Información de Conflictos de la Universidad, esa categoría comprende una situación «en la que el uso de la fuerza entre dos partes, de las cuales por lo menos una es el gobierno de un estado, provoca al menos 25 muertes al año como consecuencia de batallas». Según los datos que maneja este grupo de análisis, 3.537 personas murieron en combate en Iraq en 2006.
«Más allá de la definición que cada uno considere correcta, los iraquíes necesitan protección. Sencillamente, no es correcto que la Junta de Migraciones se refugie en cuestiones semánticas en la forma que lo está haciendo», dijo Seidlitz.
«Lo único que uno se debe preguntar en una petición de asilo es si la persona necesita protección legal: ¿sí o no?», agregó.
Con su rechazo de tres solicitudes de ciudadanos iraquíes y una deportación forzosa a Bagdad en mayo, Suecia violó el principio de no devolución, afirmó Seidlitz. «Aunque no sirve como excusa, prácticamente todos los países de la Unión Europea están haciendo lo mismo», comentó.
El principio de no devolución forma parte de la Convención de Ginebra de 1951 y prohíbe enviar refugiados a un país donde pueden sufrir persecución, tortura o donde su libertad y su vida pueden estar amenazadas.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), advirtió en diciembre de 2006 que ningún ciudadano de Iraq proveniente del centro y sur de ese país debería ser obligado a retornar hasta que se verifique un progreso sustancial en materia de seguridad y derechos humanos.
