La Suprema Corte de Justicia de México definió que en los casos de violaciones de los derechos humanos se limitará a integrar expedientes y dejará de lado la definición o recomendación de sanciones. Por esa decisión, dos gobernadores y varios jefes policiales respiran aliviados.
El encauzamiento judicial y las sanciones respectivas de los delitos de abusos a los derechos básicos de las personas son potestades de los fiscales y jueces con tales facultades, y no de este alto tribunal, concluyeron sus integrantes.
"La autolimitación decidida por la Corte es una mala noticia, pues deja abierta la puerta a la impunidad que reina en algunos estados", señaló a IPS Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, integrada por 54 organizaciones humanitarias mexicanas.
La resolución se conoció este martes, luego de que en dos sesiones privadas los 11 ministros del alto tribunal debatieron los alcances y parámetros para ejercer su facultad de analizar casos graves de violaciones de los derechos humanos, ya sea por denuncia o por oficio.
La posibilidad de conocer casos de alto calibre en esa materia fue otorgada al cuerpo juzgador a comienzos de los años 90.
Pero hasta junio pasado sólo la había ejercido una vez, en 1996, cuando estudio el caso de una matanza de 17 campesinos en el meridional estado de Guerrero ocurrida el año anterior a manos de policías. En esa instancia la Corte concluyó que las autoridades locales fueron responsables, aunque no definió sanciones.
El debate sobre cómo atender otros casos se planteó dos meses atrás, luego de que los magistrados decidieron investigar denuncias de violaciones cometidas por las autoridades durante una rebelión social registrada entre mayo y noviembre de 2006 en el sureño estado de Oaxaca, cuyo gobernador, Ulises Ruiz, es acusado por organizaciones de la sociedad civil de represor y corrupto.
En ese mismo mes también aceptaron la revisión de las acciones judiciales contra la periodista Lydia Cacho, quien reveló la existencia de una red de abuso sexual contra niños y niñas.
Al parecer, el juicio contra la periodista estuvo amañado por el gobernador del central estado de Puebla, Mario Marín, en colusión con un empresario, y por jueces de ese distrito.
Ruiz y Marín, ambos del ex gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), deben ahora respirar aliviados, pues fuera de la Corte Suprema no parece haber ninguna fuerza institucional más en posibilidad de castigarlos, consideró Cortez.
Es que el PRI, que gobernó México por siete décadas consecutivas hasta diciembre de 2000, es aún una fuerza importante en el Congreso legislativo, encargado de levantar el fuero judicial del que gozan esas autoridades o de enjuiciarlos políticamente. También esa agrupación política tradicional es necesaria para el gobernante Partido Acción Nacional en caso de necesitar votos para sus proyectos de ley.
"Ya que la Suprema Corte decidió que no puede obligar a nada, sino sólo investigar y emitir un informe, parece que casos como los de Ruiz y Marín quedarán en el aire", expresó el secretario de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos.
No todos los miembros de la Corte eran partidarios de limitar su facultad a la investigación y redacción de un informe. Algunos, entre ellos el juez Juan Silva, sostenían que era necesario adjuntar claras recomendaciones de sanciones a diversas autoridades. Pero esas posturas perdieron al ser sometidas a votación.
Además de aceptar investigar a los gobernadores Ruiz y Marín, lo que se producirá en los meses venideros, la Corte Suprema de Justicia también acogió de forma previa estudiar el caso de la localidad de San Salvador Atenco, municipio rural ubicada a unos 15 kilómetros al oriente de la capital mexicana.
En ese lugar policías locales y federales realizaron un violento operativo en mayo de 2006 contra pobladores.
En el marco de la represión, las fuerzas de seguridad detuvieron a más de 200 personas, allanaron domicilios sin orden judicial, golpearon de forma tumultuaria a varias personas y vejaron a mujeres, entre otras irregularidades documentadas por organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Un día antes del operativo, habitantes de Atenco, organizados en un frente que en 2002 impidió por la fuerza la construcción de un aeropuerto en sus tierras, se habían enfrentado con policías por el desalojo de floricultores.
Según los jueces de máximo tribunal del país, hay evidencias de que en Atenco se cometieron abusos y que las acciones judiciales no las castigaron. Con esa premisa, aceptaron investigar el caso.
Pero, aunque al final encuentren que autoridades y magistrados de menor jerarquía cometieron irregularidades, no podrán pedir o recomendar condenas. Sólo los fiscales y jueves son los encargados de enjuiciar y eventualmente condenar.
Así, si los presuntos responsables son gobernadores o legisladores que tienen fuero, deberá ser el parlamento quien vote para definir si se les retira esa prerrogativa y enjuicia política, civil o penalmente, reiteraron.
Luego de definir el alcance de sus intervenciones en casos graves de violación a los derechos humanos, los magistrados discuten la aprobación del reglamento que guiará cualquier futura investigación en esas materias.
