Por segunda vez en menos de dos meses, un sector de la oposición en Cuba convocó a una conferencia de prensa en la residencia del Jefe de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana (SINA), Michael Parmly, esta vez para negar que en este país haya mejorado la situación de los derechos humanos.
Existe una "tendencia generalizada a confundir las estadísticas parciales que muestran una disminución del número de presos con un mejoramiento de los derechos humanos", dijo el viernes Marta Beatriz Roque, única mujer del grupo de 75 disidentes encarcelados en 2003 bajo el cargo de conspirar con una nación extranjera para desestabilizar al país.
Por su parte, Vladimiro Roca, sostuvo que para nada se ha avanzado en esa materia y la situación social y económica "va de mal en peor". En ese sentido, rechazó de manera explícita declaraciones sobre la situación en Cuba de la presidencia de Amnistía Internacional (AI).
De acuerdo con versiones de medios internacionales de prensa, la secretaria general de AI, Irene Khan, aseguró esta semana en México haber notado una mejora en los derechos sociales y económicos en Cuba, y se mostró interesada en establecer un diálogo "constructivo" con el gobierno en funciones de Raúl Castro.
En opinión de Roca, "a veces no se maneja bien" el informe semestral de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, en cuya introducción queda claro que la represión continúa. "Lo único que hay es una disminución de los presos políticos", pero, "eso no refleja la realidad", comentó.
[related_articles]
La Comisión, encabezada por Elizardo Sánchez, dijo en julio que el número de reclusos, según casos "documentados por esa organización muestran un descenso de 283 registrados a finales del pasado año, a 246 el 30 de junio.
Esa organización, que carece de reconocimiento legal, considera inexplicable "la existencia de más de 200 presos por razones políticas en un país como Cuba, catalogado como uno de los de "menor violencia política en buena parte del planeta".
Sánchez no estuvo presente en el encuentro, pero de manera coincidente anunció, en un comunicado enviado por fax a la prensa extranjera acreditada, la excarcelación, el propio viernes, de Francisco Chaviano González, presidente del opositor Consejo de Derechos Civiles de Cuba.
Chaviano fue sentenciado en 1994 a 15 años de prisión, acusado de revelación de secretos concernientes a la seguridad del Estado. A juicio de Sánchez, el caso de este disidente "pone en agenda la situación de más de 200 presos políticos que permanecen en las cárceles de Cuba bajo condiciones generalmente infrahumanas y degradantes".
Roca anunció que la Comisión hará en el futuro informes especiales sobre hostigamientos, mítines de repudio (manifestaciones contra disidentes de vecinos afines a la revolución) y encarcelamientos temporales "que se producen prácticamente todos los días" en el país.
A la cita en la residencia de Parmly acudieron también algunos diplomáticos acreditados en La Habana y familiares de algunos reclusos que testimoniaron sobre sus casos personales y describieron como pésimas las condiciones de las prisiones, donde, dijeron, los servicios de salud son "deplorables" o se han negado a sus parientes.
"Los medicamentos escasean por negligencia e irresponsabilidad de las autoridades (carcelarias) ..Siempre está en la mentalidad perversa y maligna que el reo finge (enfermedades)", afirmó el ex preso José Luis García Pérez Antúnez, para quien "la atención médica es lamentable, el talón de Aquiles de las prisiones cubanas".
Informes del Ministerio de Relaciones Exteriores señalan, en cambio, que la población penal dispone gratuitamente de servicios de salud primarios y especializados, y "los reclusos tienen derecho a ser ingresados en cualquier servicio de la red hospitalaria del país". Documentos emitidos en 2006 por la cancillería aseguran que se dispone de un médico por cada 200 reclusos, un estomatólogo por cada 900 y una enfermera por cada 100, sustentados en una red que incluye hospitales, puestos y postas médicas y áreas reservadas en hospitales del sistema de salud pública.
El pasado 22 de junio, Roque, quien encabeza la Asamblea para Promover la Sociedad Civil, y Roca, portavoz de Todos Unidos, convocaron también en la residencia de Parmly a una conferencia de prensa para conmemorar el décimo aniversario de "la Patria es de Todos", documento antigubernamental cuya difusión les costó algunos años de cárcel.
Como en aquella ocasión, Roque indicó que las autoridades no hubieran permitido que se reunieran en otro lugar. "No tenemos ningún temor a ser llamados mercenarios", comentó, en referencia a la acusación gubernamental de que los opositores son pagados por Washington.
Roque fue arrestada en marzo de 2003 y condenada a 20 años de cárcel en un juicio seguido contra 75 opositores, de los cuales sólo cumplió algo más de 12 meses, porque a mediados de 2004 fue excarcelada con licencia extrapenal (libertad vigilada), una figura que se aplica a reclusos cuyas condiciones de salud son incompatibles con la prisión.
En su momento, el gobierno cubano dijo que los 75 presos eran personas directamente vinculadas a acciones conspirativas del entonces jefe de la SINA, James Cason, quien negó que sus contactos con ciudadanos cubanos tuviesen carácter subversivo o provocador.
El 9 de abril de ese año, el canciller Felipe Pérez Roque acusó a Washington y en especial a Cason de crear y financiar grupos opositores a la Revolución cubana y atribuyó los procesos judiciales a la necesidad de preservar la independencia frente a la obsesión estadounidense de fabricar una quinta columna en la isla.
En esos juicios fueron presentados como agentes del gobierno media docena de personas que decían ser periodistas independientes y opositores.
