Un alto funcionario del gobierno de Argentina renunció este jueves, envuelto en un escándalo por su responsabilidad en la llegada a este país de un venezolano con 800.000 dólares sin declarar en la aeronave de una comitiva oficial argentina.
El renunciante es Claudio Uberti, hasta ahora titular del Órgano de Control de Concesiones Viales, que depende del Ministerio de Planificación Federal, aunque en los hechos estaba encargado de negociar los acuerdos con Venezuela en materia de energía, maquinaria agrícola y otros asuntos.
El presidente Néstor Kirchner afirmó que su gobierno "no tapa nada", que "por primera vez la corrupción se combate en serio". "Yo no tapo nada, cuando algo pasa, que el pueblo se entere como corresponde", declaró el mandatario en una referencia clara al caso.
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, consideró "un error" aceptar que en un avión privado, rentado por la empresa estatal petrolera argentina Enarsa, viajaran pasajeros ajenos a la comitiva oficial.
Según la versión de Enarsa, el pedido de trasladar al hombre de la valija, identificado por las autoridades argentinas como Guido Alejandro Antonini Wilson, y a otros cuatro venezolanos había partido de funcionarios de la también estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, coincidió en que "fue un error grave (de Uberti) subir al avión de la comitiva argentina a un desconocido", pero confió en que la empresa venezolana explicaría el incidente. "Creo que hubo un abuso de confianza al pedir a Argentina el traslado de esas personas", acusó el funcionario.
Mientras, la oposición política argentina reclama una investigación a fondo. En diálogo con IPS, el portavoz de la dirigente opositora Elisa Carrió sostuvo que Uberti y De Vido habían sido sindicados por su partido como los encargados de recaudar dinero de empresas para financiar la campaña electoral del oficialismo en 2003.
Matías Méndez, portavoz de la ex diputada y líder de ARI (Afirmación para una República de Iguales), recordó que esos y otros hechos vinculados a la campaña han sido denunciados desde 2003 por ese partido ante la justicia electoral. Por algunas de esas acusaciones, Carrió enfrenta tres querellas por injurias.
Menos de un mes después de la renuncia de la ministra de Economía, Felisa Miceli, que no pudo explicar el origen y destino de una abultada suma de dinero hallada en un baño de su despacho, este caso provocó una rápida reacción de la administración Kirchner, que ordenó desplazar del cargo al funcionario vinculado.
El incidente de la maleta estalló en las primeras horas del sábado, cuando un avión privado proveniente de Caracas llegó al aeroparque metropolitano Jorge Newbery con siete pasajeros. Según admitió el gobierno cuatro días después, la comitiva oficial estaba conformada por el presidente de Enarsa, Ezequiel Espinosa, Uberti y una secretaria de relaciones públicas.
En un comunicado, Enarsa sostuvo que, a pedido de la empresa venezolana, también viajaban en la aeronave Ruth Behrens, funcionaria de la filial de PDVSA en Uruguay, Nelly Cardozo, asesora jurídica, un miembro del protocolo y el hijo del vicepresidente de la compañía, Daniel Uzcátegui Speech, y Antonini Wilson.
Éste quedó demorado en la aduana cuando se detectó que en una valija llevaba casi 800.000 dólares que no había declarado. Según relataron funcionarios aduaneros a la fiscal que investiga los hechos, Antonini Wilson intentó sobornarlos para que no se denunciara su infracción a las leyes aduaneras, que obligan a declarar cualquier ingreso de dinero superior a 10.000 dólares.
Los agentes aduaneros retuvieron la valija, y le impusieron al venezolano una multa de 400.000 dólares. Sin embargo, éste, caracterizado por la prensa como un acaudalado empresario, se fue del país el martes rumbo a Uruguay y luego a Venezuela, sin que nunca lo interrogara la justicia y sin reclamar el resto del dinero.
La noticia del hallazgo de la valija causó sorpresa el lunes justamente cuando llegaba a Buenos Aires el presidente venezolano, Hugo Chávez. El mandatario negó toda vinculación con el hecho al hablar ante la prensa y el gobierno argentino esperó el final de su visita para referirse al caso.
La fiscalía inició una investigación para determinar si hubo delito de contrabando o de intento de lavado de dinero. Entretanto, el gobierno de Kirchner, luego de desplazar al responsable de la llegada al país del portador de la maleta, procura hacer caer la responsabilidad de los hechos en PDVSA.
Según Fernández, el alquiler del avión privado se justificó porque los funcionarios argentinos viajaron el jueves 2 a Caracas a negociar un acuerdo para la construcción de una planta gasífera en Argentina que debía estar listo para que lo firmaran los presidentes Chávez y Kirchner el lunes 6, como finalmente ocurrió.
Pero luego señaló que PDVSA "no debería esperar el pedido de explicaciones" de Argentina para aclarar los hechos, si bien "tal vez ellos también fueron sorprendidos en su buena fe", confió.
El desplazado Uberti es considerado un hombre de extrema confianza de De Vido, ministro bajo cuya órbita trabajaba también uno de los dos funcionarios separados del cargo por el escándalo Skanska, la empresa sueca investigada por la justicia por presuntos sobornos en la construcción de gasoductos.
Los fluidos contactos de Uberti con el gobierno venezolano lo erigieron en principal candidato a suceder al frente de la embajada argentina en ese país a Nilda Garré, la actual ministra de Defensa, cuando ésta fue convocada en 2005 para integrar el gabinete. Finalmente se optó por la dirigente sindical Alicia Castro.
Según la versión de la opositora Carrió, Uberti y el ex chofer de Kirchner, Rudy Ulloa, trabajaban con De Vido recogiendo fondos para la campaña electoral de 2003. El ARI recibió una denuncia del empresario pesquero Raúl Espinosa, según la cual era presionado para aportar dinero de su compañía.
Espinosa fue asesinado a balazos por desconocidos en la puerta de su casa en la austral ciudad de Puerto Madryn, provincia de Chubut, 10 días después de hablar con Carrió y cuatro meses antes de que Kirchner fuera investido presidente.
Estas denuncias, que el ARI remitió a la justicia, no contribuyeron a esclarecer el crimen de Espinosa, todavía impune. "Es la impunidad lo que permite que estos hombres sigan en el gobierno y que hagan cosas como esta que ocurre ahora", sostuvo el portavoz de Carrió.
