El control de los ciudadanos sobre sus instituciones y autoridades tiene múltiples formas y está en expansión en América Latina, pero requiere de un cauce legal y mejor conocimiento de la población sobre sus derechos, afirman expertos.
Una de las vertientes de esa fiscalización es la llamada contraloría social, "que tiene muchos significados", lo que limita sus potencialidades, dijo a IPS Felipe Hevia de la Jara, doctor en antropología del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas) de México.
Para él la contraloría social es "una serie de instrumentos y mecanismos que sirven para que los ciudadanos controlen la acción del gobierno", que pueden ser "sistemas de atención ciudadana, comités de vigilancia, participación en los órganos de decisión, observatorios, etcétera".
Su sello distintivo es que "tienen que tener un resguardo legal que le permita (a la población) hacer ese trabajo". En otras palabras, es una participación institucionalizada, explicó el investigador invitado del Centro de Estudios de Metrópoli (CEM) y del Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) de Brasil.
Su percepción es que el concepto está "cada vez más extendido en América Latina" y advierte potencialidades y limitaciones. Entre las primeras está la posibilidad de abrir espacios de innovación y promover la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas.
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Entre las trabas figuran el desconocimiento de la población y el hecho de que muchas veces no tiene la capacidad de vetar al gobierno, indicó Hevia de la Jara, uno de los expositores de la conferencia internacional "Contraloría social en América Latina: experiencias y esperanzas", celebrada este lunes en la capital chilena.
La conferencia fue una de las actividades del curso taller "Control social, transparencia y participación ciudadana en la gestión pública", que se extenderá hasta este miércoles, organizado por la no gubernamental Corporación Participa y el Programa Ciudadanía y Gestión Pública, una alianza entre la Universidad de Los Lagos y la Corporación Innovación y Ciudadanía.
Hevia de la Jara identifica a Brasil como uno de los países donde está más desarrollada la contraloría social. Es, por ejemplo, líder en presupuestos participativos. Mientras, en México "el control social está más institucionalizado en la forma que en la realidad", advirtió.
Sin embargo, se destacan los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia del estado de México, integrados por tres ciudadanos elegidos democráticamente en asamblea general por los vecinos beneficiarios de obras realizadas con recursos estatales, federales y municipales, los cuales fiscalizan e informan de presuntas irregularidades.
"La contraloría social es una de las posibles formas de control social, pero hay otras instancias" ciudadanas que ejercen esa fiscalización, explicó Hevia de la Jara.
"Uno puede mirar la historia de América Latina, y son varios los presidentes que han salido gracias al ejercicio de control social realizado por los ciudadanos de forma legal, legítima", indicó el experto, quien se encuentra realizando un estudio comparativo de sistemas de rendición de cuentas en Brasil y México.
El especialista se refirió al caso del ex presidente brasileño Fernando Collor de Mello, destituido e inhabilitado por el parlamento de su país en 1992, tras un juicio político por corrupción.
En 2003, una persistente movilización popular contra la política de hidrocarburos del entonces presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, lo forzó a renunciar. Lo mismo tuvo que hacer su homólogo argentino Fernando de la Rúa en diciembre de 2001, cuando su conducción precipitó una crisis económica sin precedentes en ese país, y un masivo movimiento de ciudadanos reclamó su dimisión.
Pero "dentro de ese control social, como sucede en México, termina siendo más efectivo tomarse la calle que asistir a un consejo consultivo o un comité de vigilancia, porque no es ahí donde se están tomando las decisiones, entonces las medidas de fuerza resultan ser más efectivas para controlar al poder", advirtió Hevia de la Jara.
A su juicio, "el principal riesgo que tienen estas instancias de control social institucionalizadas es que sirvan sólo en el papel o que realmente no tengan recursos de poder necesarios para hacer contraloría".
En la conferencia se mostraron otras experiencias de control social, como el Sistema Vigila Perú, llevado a cabo desde 2001 por el Grupo Propuesta Ciudadana, un consorcio de organizaciones no gubernamentales que trabajan en los ámbitos nacional y departamental.
La entidad elabora y difunde informes cuatrimestrales sobre la gestión presupuestaria de los gobiernos regionales, las inversiones públicas, el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información y los indicadores de participación ciudadana, entre otros aspectos.
Gracias al programa, se han registrado cambios positivos en el comportamiento de los gobiernos regionales, creciente interés y expectativa de medios de comunicación y el desarrollo de capacidades institucionales para la vigilancia ciudadana, aseveró la representante Cinthia Vidal de la Torre.
También ha promovido el surgimiento de otras iniciativas similares entre la población, añadió.
A juicio de Andrea Sanhueza, directora ejecutiva de Corporación Participa, "en Chile no existe una cultura de rendición de cuentas, y la ciudadanía no ha asumido un rol protagónico como sujeto de derechos".
Quienes toman las decisiones siguen creyendo que el voto es suficiente en una democracia, que la participación trae ingobernabilidad y que las personas no saben ni entienden de los temas relevantes, dijo Sanhueza.
"En comparación con el resto de América Latina, Chile tiene mecanismos horizontales de control fuerte. Hay una contraloría, que más o menos funciona bien, un congreso (legislativo), que más o menos fiscaliza bien, un sistema de justicia que, con todos los bemoles que le puedas encontrar, funciona", explicó Hevia de la Jara, todo lo cual mejora las perspectivas.
"Chile tiene un relativo buen estándar en cuanto a la vigencia del Estado de derecho, dado que tiene un sistema de control interno, pero tiene muy poca experiencia en hacer visible el papel que los ciudadanos tenemos en que las cosas vayan bien", complementó Gonzalo de la Maza, director del Programa Ciudadanía y Gestión Pública.
"El avance más importante que ha hecho (la presidenta chilena Michelle Bachelet) es en materia de acceso a la información. Ahí tomó una decisión valiente de poner (en los sitios web de ministerios y servicios públicos) información a disposición de la ciudadanía, que va desde los sueldos de los funcionarios en adelante, cosa que ningún otro gobierno había querido hacer", explicó De la Maza, sociólogo de la Universidad Católica de Chile.
"Veo cierta voluntad, particularmente de la presidenta, de tratar de ampliar los mecanismos de participación. Ella envió un proyecto de ley (al parlamento) de modificación constitucional para incorporar la iniciativa popular de ley. Pero no veo esto tan claro en las políticas concretas, en los mecanismos específicos que se desarrollan", concluyó De la Maza.
