La huelga que mantienen desde hace 35 días casi la mitad de los 28.000 trabajadores tercerizados de la estatal Corporación Nacional del Cobre (Codelco) puede marcar un precedente en materia de derechos laborales en el país y cambiar prácticas de negociación, según expertos.
Este lunes se informó que la dirección de la firma y los dirigentes sindicales habían llegado a "un principio de acuerdo", que deberá ser ratificado por todos los trabajadores en huelga. La Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica chilena ha mediado en este conflicto iniciado el 25 de junio.
Codelco es el principal productor de cobre del mundo, con casi 1,8 millones de toneladas de este metal fino en 2006, y responsable de la mayor parte de los ingresos del fisco de Chile. Los empleados directos de la minera suman cerca de 17.000, mientras que los contratistas y subcontratistas (tercerizados) superan los 28.000.
Trabajadores tercerizados de Codelco bloquearon este lunes la ruta que une la ciudad de Calama, región de Antofagasta, y la mina de Chuquicamata, ubicada 1.650 kilómetros al norte de Santiago, incidente que terminó con dos heridos y 18 empleados detenidos.
Paralelamente, el Ministerio Público designó un fiscal especial para investigar éste y otros actos de violencia registrados en el marco de la huelga, a petición del presidente ejecutivo de la firma minera, José Pablo Arellano, quien el viernes pasado contabilizaba pérdidas por concepto de daños y merma en la producción cercanas a los 40 millones de dólares.
Los trabajadores movilizados exigen que se les pague el mismo salario que los empleados contratados directamente por Codelco que hacen la misma labor. Según notas de prensa, los tercerizados ganan entre 183.000 (casi 400 dólares ) y 1,7 millones de pesos (más de 3.000 dólares), dependiendo de sus funciones.
El núcleo del problema radica en la discriminación laboral que se produce al interior de la cuprífera, avalada por los vacíos existentes en la ley de Subcontratación, que entró en vigor en enero de este año, indicó a IPS Martín Pascual, profesional del Observatorio Laboral Chile, integrado por las organizaciones no gubernamentales Cenda, Fundación Sol y Oxfam.
"(La norma) permite la subcontratación de trabajadores en el giro principal de la empresa, lo que da pie para que existan empleados de planta ganando tres veces más que tercerizados en la misma labor", explicó a IPS Martín Pascual, economista del Centro de Estudios Naciones de Desarrollo Alternativo (Cenda).
"El conflicto en Codelco es emblemático respecto de lo que puede ocurrir en el resto de las actividades económicas. Por eso el empresariado está tan preocupado", señaló Pascual, quien se refiere principalmente al futuro de la negociación colectiva, que hoy se restringe a cada firma, dado que está prohibida entre empresas y sectores productivos.
Como la negociación "interempresas" no está permitida en la legislación chilena, analistas han advertido que la negociación que lleva a cabo la cuprífera con los trabajadores tercerizados está al margen de las normas y podría convertirse en un "mal precedente".
La tensión entre las asociaciones empresariales ha aumentado producto de que el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet anunció que enviará un proyecto al parlamento para ampliar la negociación colectiva y aumentar la sindicalización.
La negociación colectiva en 2006 alcanzó una cobertura de 8,6 por ciento del trabajo asalariado, mientras que la tasa de sindicalización fue de 12,9 por ciento entre los hombres y 7,5 por ciento entre las mujeres. En el caso de la minería, ésta se eleva a 90 por ciento de los empleados.
"La minería está alerta a las repercusiones (de la huelga en Codelco). Para el resto del mercado, éste y otros conflictos surgidos en el último tiempo se leen como presiones organizadas para reducir la subcontratación y modificar el ámbito de la negociación colectiva", señaló Rossana Costa, del no gubernamental Instituto Libertad y Desarrollo, ligado a la oposición derechista.
La economista agregó en un columna de opinión, publicada este lunes en el diario El Mercurio, que "las decisiones de inversión (referidas a cuánto invertir y a si hacerlo con mayor o menor intensidad en mano de obra) incorporan con creciente pesimismo las expectativas sobre futuras reformas legales anunciadas en materia de negociación colectiva". La minera estatal llegó el lunes 23 de este mes a un acuerdo con cerca de la mitad de los trabajadores subcontratados, pero los restantes, agrupados en la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), liderados por Cristián Cuevas, ligado al Partido Comunista, consideraron insuficiente la propuesta.
El arreglo consistió en la entrega de un bono inmediato de 450.000 pesos (unos 900 dólares) y el cambio en las bases de las licitaciones con las empresas contratistas con el objeto de que los tercerizados obtengan bonos de productividad, seguros de salud y otros beneficios.
Pero esta salida abrió un nuevo flanco de debate, dado que no está claro quién financiará los beneficios, si Codelco o las empresas contratistas o subcontratistas, que han sido criticadas por no involucrarse en el diferendo laboral.
Los más graves incidentes desde el inicio de las movilizaciones se registraron el jueves en Andina y El Teniente, dos de las cinco divisiones de la minera ubicadas en el centro y norte del país.
En la ocasión, los tercerizados bloquearon caminos, se enfrentaron violentamente contra carabineros (policía uniformada) y lanzaron piedras contra autobuses que transportaban a trabajadores contratados, quienes exigieron mayor seguridad para retornar a sus labores.
En la división Andina, situada a 80 kilómetros al nordeste de Santiago, encapuchados provocaron el descarrilamiento de un tren que transportaba 500 kilogramos de concentrado de cobre, sacándole los pernos que unían los rieles.
Las faenas en la división El Salvador, emplazada 1.100 kilómetros al norte de la capital, están paralizadas porque los huelguistas impiden el acceso al yacimiento.
La presidenta Bachelet ha rechazado la violencia y respaldado las gestiones de los directivos de la minera, aunque, según los analistas, el conflicto también ha desnudado una vez más las "dos almas" que conviven en la Concertación de Partidos por la Democracia, coalición de centroizquierda que gobierna el país desde 1990.
Informaciones de prensa indican que el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, y el presidente ejecutivo de Codelco, quienes poseen un perfil técnico-liberal, han chocado con los ministros Belisario Velasco, del Interior, y Osvaldo Andrade, de Trabajo, los cuales serían proclive a ceder a las demandas de los huelguistas.
Inclusive algunos parlamentarios oficialistas, denominados "díscolos", amenazaron a Velasco —miembro del directorio de la cuprífera— con presentar una acusación constitucional en su contra por su actuación en el conflicto.
La escalada de violencia llevó a la Iglesia Católica a pronunciarse al respecto e intentar acercar posiciones con los trabajadores. El 18 de este mes, la Conferencia Episcopal emitió una declaración titulada "Desafíos de fondo en los recientes conflictos laborales".
"La subcontratación es una realidad muy extendida en el mundo, sobre todo en las grandes empresas. Progresivamente se ha ido convirtiendo en un mecanismo para disminuir los costos laborales, pudiendo afectar las condiciones de trabajo y la equidad en la remuneración, para elevar la productividad de las empresas. Desgraciadamente, en este régimen muchas veces el trabajo no se realiza en condiciones dignas y justas", dice el texto.
El cardenal Francisco Javier Errázuriz, en tanto, señaló el miércoles pasado que las empresas del Estado "deben dar el ejemplo" en materia laboral.
El alto precio internacional del cobre, impulsado principalmente por la gran demanda de China, le ha reportado millonarias ganancias a Codelco en los últimos años. Mientras en 2002 las ventas alcanzaron los 3.490 millones de dólares, en 2006 sobrepasaron los 17.000 millones de dólares, aportando a las arcas del Estado 8.334 millones de dólares.
Actualmente, Asia absorbe 40 por ciento de la oferta de Codelco, seguido por Europa, con 33 por ciento, América del Norte con 17 por ciento y América del Sur con 10 por ciento.
