Más de tres millones de afiliados al sistema estatal de salud y seguridad social de Colombia se encuentran a la espera de una definición sobre la puja política acerca de qué entidad les ofrecerá atención médica en el futuro.
El clima de expectativa no es ajeno a la decisión que deberá tomar el Consejo de Estado, máxima instancia judicial en lo contencioso administrativo, sobre la fusión impulsada por el gobierno del derechista Álvaro Uribe entre el estatal Instituto de Seguros Sociales (ISS) y empresas de medicina privada, que no demuestran gran entusiasmo frente a la iniciativa.
Uribe anunció en enero de este año la fusión del ISS con seis de los más grandes prestadores privados de salud y estaba previsto que el nuevo esquema entrara en vigencia este 18 de julio. La decisión fue cuestionada judicialmente por el sindicato que nuclea a los empleados del organismo estatal.
El planteo obtuvo un dictamen inicial favorable en el Tribunal Superior de Bogotá, que ahora debe ser confirmado o rechazado por el Consejo, que deberá definir el futuro de los planes de Uribe respecto de la cobertura de salud de los colombianos.
Actualmente, 3,2 millones de personas están afiliadas al sistema público de salud, 10,2 millones cuentan con cobertura de prestadores privados y alrededor de 22 millones carecen de seguro médico, según indicó a IPS Saúl Peña, presidente del sindicato del ISS.
Estas cifras reflejan los cambios experimentados por el sistema de seguridad social en Colombia.
El ISS surgió en 1946 para actuar como único prestador de atención médica y pagar las pensiones de vejez e invalidez de sus afiliados, que aportan 12,5 por ciento de sus ingresos mensuales para salud y 15,5 por ciento para financiar su futura jubilación, a la que pueden acceder las mujeres a los 57 años y los hombres a los 62.
Los cónyuges e hijos de hasta 25 años, dependientes económicamente, y los padres de los afiliados solteros tienen derecho a atención médica, aunque deben pagar un bono por consulta que varía entre uno y nueve dólares, según el nivel de ingresos del miembro titular.
La gestión del sistema fue la exclusiva responsabilidad del ISS hasta 1993, cuando Uribe, entonces senador, impulsó la Ley 100, por la que se crearon instituciones de salud y fondos de pensión privados.
Los prestadores recibieron el nombre de Empresas Promotoras de Salud (EPS).
Los usuarios pudieron optar entre pasar a las EPS privadas o quedar en el sistema estatal, que finalmente retuvo a los pacientes más costosos, ya sea por su mayor edad o por estar enfermos, según el gobierno. El sindicato del ISS, en cambio, adjudicó esa distribución a las políticas de selección de afiliados adoptadas por las empresas privadas.
Según el gobierno, 43.500 de los 3,2 millones de colombianos que se encuentran en la órbita de las EPS públicas padecen lo que aquí se denominan "enfermedades catastróficas": problemas renales crónicos, Sida o cáncer, entre otras. El costo de su atención representa unos 100 millones de dólares al año.
El plan de fusión del gobierno apunta a crear un sistema mixto.
El cambio implica una nueva composición financiera. En caso de aprobarse, el sistema quedaría con 49 por ciento de sus acciones en manos de la compañía de seguros La Previsora, de economía mixta, y el resto compartido entre las distintas Cajas de Compensación Familiar, entidades prestadoras de servicios sociales con aportes de los trabajadores que, a partir de la ley 100, pueden ser accionistas de Empresas Administradoras de Fondos de Pensiones y crear EPS privadas.
Las cajas de compensación poseen empresas prestadoras de salud privadas. No sólo las crearon y controlan, sino que además cuentan con centros de recreación y ofrecen otros servicios como préstamos para vivienda.
En enero, tras el anuncio oficial de la fusión entre las prestadoras públicas y las privadas, la gubernamental Superintendencia de Salud canceló la licencia de funcionamiento del ISS, aunque aseguró a sus beneficiarios que continuarían recibiendo atención hasta que entrara en vigencia el nuevo esquema, teóricamente a mediados de julio.
En ese momento, el ministro de Protección Social, Diego Palacio, y el director del ISS, Gilberto Quinche, anunciaron que las 15.000 cirugías pendientes serían realizadas en menos de tres meses, como la última tarea del ISS, e insistieron en la respuesta positiva por parte de los empresarios privados a la reforma propuesta.
El 3 de julio el gobierno anunció la concreción de 15.020 cirugías pendientes desde 2006, enfatizando que 51 por ciento de los procedimientos fueron realizados a mayores de 61 años y 31 por ciento a mayores de 46.
El anuncio de la fusión siempre enfrentó el escepticismo y rechazo de los partidos de oposición y de la ex directora del ISS, Cecilia López, del opositor Partido Liberal. La presidenta del Congreso legislativo, Dilian Toro, una ex liberal que se sumó a las filas de Uribe, también planteó sus dudas sobre la conveniencia de la medida.
La batalla judicial fue encabezada por el sindicato de los empleados del ISS.
El 6 de junio, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá "dio respuesta favorable a nuestra solicitud" dijo Peña a IPS. "La decisión de la Superintendencia Nacional de Salud de revocar la licencia de funcionamiento del Instituto de Seguros Sociales no se encuentra firme", dictaminó.
"Esta decisión motivó que el superintendente de Salud, José Trujillo, nos llamara a conversar, invitación que no atendimos ni atenderemos", agregó Peña. "El paso siguiente es presentar el caso ante el Consejo de Estado, porque tenemos la convicción de que la salud no puede ser entregada tan fácilmente a manos privadas y en medio de tanta improvisación".
El diario El Tiempo (propiedad de la familia Santos, que contribuye con dos ministros al gabinete de Uribe) coincidió con el diagnóstico en su comentario editorial del domingo 15. "Ha brillado la improvisación y se han puesto en evidencia las grandes grietas del sistema de aseguramiento en salud", señaló.
La oficina de prensa del Ministerio de Protección Social señaló a IPS que las respuestas a las consultas sobre este tema dependían de "la agenda" del ministro, única voz autorizada para opinar sobre la cuestión. No hubo respuesta.
En el ISS, las asistentes del presidente y vicepresidente remitieron a IPS a un centro de atención telefónica.
Una grabación informa que "el Instituto de Seguros Sociales será transformado para ofrecer servicios de salud con calidad y oportunidad. Todos los servicios se siguen ofreciendo en las mismas condiciones de costumbre. Cualquier cambio será anunciado oportunamente".
Esa portavoz de prensa ad hoc agregó que "todos los afiliados al Instituto del Seguro Social continuarán siendo atendidos en las mismas clínicas y centros de atención. (…) Las consultas, tratamientos y procedimientos quirúrgicos programados se atenderán en las fechas previstas".
La grabación indicó que "los medicamentos serán entregados en los puntos de atención farmacéutica" y concluyó con una advertencia: "el pago de aportes deberá efectuarse normalmente".
Por su parte, los directivos de las empresas privadas de salud se encargaron de erosionar los comentarios optimistas de los funcionarios del gobierno respecto de la buena disposición del sector frente a la reforma propuesta. "Los estudios de factibilidad para la fusión de sus EPS con el Seguro Social no han concluido", señalaron.
El Tiempo indicó que "las Cajas de Compensación, propietarias de las EPS, hicieron saber que mientras no tuvieran certeza sobre la viabilidad de la nueva empresa no entrarían en el negocio". Fueron invitadas por el gobierno a conformar la nueva entidad "sin concurso, sin licitación, sin un compromiso de compraventa o fusión", agregó el editorial.
"Todo indica que un Ministerio de Salud, capaz de entender integralmente las necesidades sanitarias del país, centrado en una cultura del bienestar y no en la salud como negocio, es más necesario que nunca", señaló, para concluir que "las medidas producidas de manera afanosa y paralela han favorecido abiertamente" a las privadas.
Peña resaltó que los privados "saben el costo que representaría la atención de los pacientes del ISS y por supuesto no quieren asumirlo porque disminuirá sus ganancias".
