El sindicato de maestros, causante del peor dolor de cabeza del gobierno peruano de Alan García, decidió suspender sus protestas, tras 15 días violentos que dejaron tres muertos y decenas de heridos en todo el país. Pero la puja con el Poder Ejecutivo apenas comienza.
"El diálogo será ininterrumpido y permanente a partir de hoy", afirmó este viernes el ministro de Educación, José Antonio Chang, luego de instalar la mesa de negociaciones con los maestros, que paralizaron sus actividades desde el 5 de julio en las escuelas públicas en protesta contra la ley de la carrera magisterial que consideran una "privatización" del sector.
"La huelga se levanta temporalmente hasta que atiendan nuestros pedidos en este proceso de conversaciones", dijo a IPS el secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), Luis Muñoz, luego de reunirse ayer por la tarde con el primer ministro y presidente del consejo ministerial, Jorge del Castillo.
De esta manera, el dirigente confirmaba la tregua otorgada al gobierno de García por más de 160.000 profesores que acataron la medida de fuerza y que constituyen 72 por ciento del magisterio, según los reportes oficiales.
Muñoz enfatizó a IPS que el primer punto propuesto por los maestros en la mesa de diálogo es que el Estado no descuente el pago de los días de huelga y ponga fin a las anunciadas sanciones administrativas o judiciales.
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El gobierno dispuso el martes que no pagaría a los profesores los días en los que no dictaron clases por la huelga e inició castigos administrativas contra 300 docentes huelguistas. Además, varios dirigentes fueron detenidos por la policía y, pese a haber sido liberados, siguen bajo investigación.
Sin ahondar en comentarios, el ministro Chang descartó que el asunto de los descuentos fuera parte de la negociación, pero aseguró que se dialoga sobre los procesos administrativos contra algunos maestros.
Contra la posición del Poder Ejecutivo, varios presidentes de los 25 gobiernos regionales que han actuado como mediadores en el conflicto sindical, anunciaron que sí pagarían las remuneraciones a los maestros de sus jurisdicciones, en respeto al derecho de huelga contemplado en la Constitución.
"Los profesores están dispuestos a recuperar las clases perdidas y a discutir el plan educativo nacional y regional, lo cual es un gran avance. Y nosotros tenemos que apoyarlos", dijo a IPS el presidente de la noroccidental región de Lambayeque, Yehude Simon.
Sin embargo, el contralor de la República, Genaro Matute, advirtió el miércoles que las autoridades regionales se exponían a ser denunciadas por disponer de recursos públicos en contra de la decisión del gobierno central.
La negociación comenzó cercada de un clima de alta tensión. El diálogo del jueves entre la dirigencia del Sutep y el primer ministro Del Castillo se desarrollaba en la capital mientras en el aeropuerto internacional del Cusco, en la sierra sur, la policía apagaba un incendio provocado cerca de la pista de aterrizaje por los huelguistas.
Algunos periodistas fueron atacados por manifestantes fuera de la terminal aérea Alejandro Velasco Astete. Ante la situación, todos los vuelos fueron suspendidos.
Por la noche, el líder sindical Muñoz ratificaba ante la prensa el reinicio este viernes de la actividad en las escuelas públicas para más de ocho millones de estudiantes y se comprometía a recuperar las horas de clase perdidas, al mismo tiempo que dirigentes de las regiones de Arequipa, Ayacucho y Cusco, en el sur del país, anunciaban que no levantarían la medida de fuerza.
El dirigente más radical del Sutep, Robert Huaynalaya, desconoció el acuerdo para poner fin a la huelga y estuvo reunido hasta la madrugada de este viernes con sus bases sindicales para analizar el nuevo escenario, según pudo constatar IPS.
"Siempre hay algunos que quieren radicalizarse y dicen que los han traicionado, pero ésta ha sido una decisión de los delegados del magisterio y la mayoría va a implementar el acuerdo", dijo Muñoz.
El diálogo iniciado luego de varios intentos frustrados, se instala sobre arena movediza.
La decisión del gobierno es aplicar como sea la Ley de Carrera Pública Magisterial, que los docentes consideran una pretensión de "privatizar la educación". Para el Poder Ejecutivo, la norma busca mejorar la calidad de la enseñanza mediante la capacitación de los maestros y el incremento de sueldos a partir de la meritocracia.
Quien fue ministro de Educación del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), Nicolás Lynch, dijo a IPS que estimaba positivo que los profesores fueran sometidos a un proceso de evaluación permanente.
Pero "es importante que el gobierno garantice que puede financiar las capacitaciones y los aumentos de sueldos, no sólo en un año, sino al menos en ocho o 10, para darle seguridad a los maestros", indicó.
La ejecución de la Ley de Carrera Pública Magisterial demandará una inversión de 1.400 millones de soles (443 millones de dólares) para los incentivos económicos a los maestros.
Pero los educadores dudan de que este aspecto se ponga en práctica, pues la antigua ley ya contemplaba promociones y ascensos cada tres años, que nunca se cumplieron. Hay profesores con más de 25 años de servicio que siguen percibiendo un salario mensual de mil soles (unos 315 dólares) y a los que no se les permitió hacer una carrera docente.
"Hay que aclarar quién realizará la evaluación y qué tipos de instrumentos se utilizarán para no incrementar el temor de los profesores y que no sientan que se trata de un proceso para sancionarlos", dijo a IPS Hugo Díaz, uno de los autores de la polémica ley y miembro del Consejo Nacional de Educación.
La dirigencia sindical ha señalado que presentará una acción de inconstitucionalidad contra la norma que fue promulgada sin que fuera ratificada por una segunda votación en el Poder Legislativo, como se esperaba.
En estas semanas, el conflicto traspasó las barreras del magisterio y abarcó a otros trabajadores y a los campesinos.
La Confederación General de Trabajadores del Perú ha expuesto demandas que incluyen el respeto a la ley de trabajo, eliminación de la tercerización de actividades, adopción de un impuesto a las ganancias mineras elevadas, revisión del tratado de libre comercio con Estados Unidos y la libre desafiliación del sistema privado de pensiones, entre otros cambios que García prometió cuando era candidato.
"El gobierno ha actuado en forma prepotente y soberbia para resolver este conflicto social, jactándose de la prosperidad económica que la mayoría no siente", dijo a IPS el sociólogo y catedrático de la Pontificia Universidad Católica, Carlos Reyna.
Precisamente el jueves, García dijo que el crecimiento económico había empezado a llegar a la población peruana, como lo probaba el mayor consumo de electricidad y cemento de la clase media y de los sectores menos pudientes.
El mandatario proyectó que el producto interno bruto anual por persona ascenderá a 4.000 dólares al término de su mandato, en 2011, y que el país alcanzará a 100.000 millones de dólares en inversión privada.
Pero Reyna asegura que mientras se mantenga el régimen económico neoliberal el escenario social seguirá agitado porque "es este esquema el que ha dado lugar a la violación de las leyes laborales y ha abaratado la mano de obra".
Otro aspecto pendiente es atender las demandas regionales, exacerbadas por el centralismo peruano. "Las provincias están reclamando medidas proteccionistas porque este esquema económico ha colapsado", estimó.
El Frente Amplio Cívico de la región sureña de Arequipa, que acaba de dar una tregua al gobierno, exige la subvención de los precios de varios tipos de gasolina, el aumento del fondo de contingencia para los combustibles, la liberalización de la importación de la harina y el fin de los aranceles a la importación de trigo y maíz, alimentos básicos de los que depende el país y que registran altos precios internacionales.
En la provincia centroandina de Andahuaylas, los agricultores exigen la reducción de los impuestos a los fertilizantes. Aunque el ministro de Agricultura, Ismael Benavides, viajó hasta esa zona y pudo poner fin al paro agrario regional, el conflicto sigue latente, como en otras partes del país.
