Tres personas muertas, varias heridas y un aeropuerto incendiado ya dejó la ola de protestas en Perú, en lo que se considera la mayor crisis social desde que Alan García llegó al gobierno hace casi un año. Miles de maestros, obreros y campesinos continúan este jueves en pie de lucha.
"La gente protesta ante la desesperación de que la economía crece sin que el bienestar llegue a sus vidas. Por eso los reclamos continuarán hasta que exista una mejor distribución de la riqueza", dijo a IPS el secretario general adjunto de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Víctor Gorriti Candela.
Los trabajadores reclaman que el gobierno cumpla con la ley de Trabajo, elimine las "services" (firmas tercerizadas), establezca el impuesto a las ganancias mineras elevadas, revise el tratado de libre comercio con Estados Unidos e imponga la libre desafiliación del Sistema Privado de Pensiones, entre otros asuntos que García prometió cuando era candidato.
Cuando sólo faltan 16 días para cumplirse el primer año de gobierno de García, miles de peruanos le piden que rinda cuentas. Trabajadores y organizaciones sociales abarrotaron el miércoles las plazas y calles de Lima, mientras que también se sintieron con fuerza las protestas en las regiones sureñas de Cusco, Arequipa, Puno, Tacna y Moquegua.
Junto con las manifestaciones se registraron varios incidentes, pese a que el gobierno intentó controlar la situación desplegando más de 15.000 efectivos policiales en todo el país y facultando a las Fuerzas Armadas a actuar para impedir la toma de locales públicos.
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En la zona selvática de la región centroandina de Junín, el agricultor Alcides Huamaní Rivero murió por disparos de un comerciante en su intento por evitar que un grupo de manifestantes ingresara a su establecimiento. La gubernamental Defensoría del Pueblo informó que en esa acción también resultados heridas otras ocho personas.
También una profesora falleció en la víspera en un hospital de Lima, donde había permanecido desde el viernes de la semana pasada cuando fue internada tras ser golpeada por efectivos policiales, según denunciaron portavoces de los maestros en huelga.
La escalada de protestas ya había cobrado el martes la primera víctima fatal: una adolescente de 13 años murió durante la represión policial a profesores en la región sudandina de Apurímac.
En este marco de levantamiento social, aproximadamente 5.000 huelguistas tomaron en la víspera en la región sureña de Puno las instalaciones del aeropuerto internacional Manco Cápac de Juliaca. Quemaron muebles, útiles de oficina y viviendas de los trabajadores del lugar, pese a que casi 300 policías intentaron contener a los manifestantes.
En la región centroandina de Ayacucho, el gobernador de la provincia de Huanta, Erick Montero, fue retenido durante cinco horas por miembros del llamado Frente de Defensa Regional.
Los huelguistas le exigieron a Montero que se disculpara por los comentarios del presidente García, quien dos días atrás había calificado a los maestros en huelga de "picones (resentidos), criticones y comechados (parásitos)" que no quieren ir a dar clases.
Los eduadores adheridos al Sindicato Unitario de Trabajadores por la Educación del Perú (Sutep) paralizaron sus actividades en las escuelas públicas en protesta por la aprobación de la ley de la Carrera Magisterial, defendida por el gobierno con el argumento de que permitirá mejorar la enseñanza, pero que para los maestros significa la "privatización" del área.
Precisamente, mientras los maestros tomaban las calles en la víspera, en la sede del gobierno nacional se realizaba, de manera sorpresiva, el acto de promulgación de esta norma que define los nuevos lineamientos de la vida profesional de los profesores y maestros, sin que se ratificara por una nueva votación en el parlamento como se esperaba.
Los dirigentes del Sutep calificaron esta medida de "autoritaria y antidemocrática".
"Estamos frente a un movimiento social y regional muy diverso, pero en el que todos exigen recuperar lo que les fue arrebatado en los últimos 20 años, principalmente durante el gobierno de Alberto Fujimori en los 90", señaló a IPS el analista político Carlos Reyna, profesor de la Pontifica Universidad Católica.
Para este especialista, durante el régimen fujimorista, de 1990 a 2000, los trabajadores peruanos perdieron "gran poder adquisitivo" y derechos laborales debido a la implementación de una "economía neoliberal".
Mientras que a las regiones también se les recortó ciertos incentivos para su desarrollo, asegura Reyna, porque se buscó centralizar el poder en Lima.
"Hoy que existe una apertura política y un crecimiento económico, y ya no hay guerra sucia ni terrorismo, la gente encuentra un escenario propicio para reclamar lo suyo", agregó. El gobierno de Fujimori está acusado de llevar adelante una sistemática violación de los derechos humanos en la lucha contra las guerrillas izquierdistas que hoy prácticamente han desaparecido.
Sin embargo el presidente García ha preferido minimizar las protestas al negar la convulsión social que afronta el país y responsabilizar de las huelgas a "un grupo mínimo".
En la misma línea, el ministro del Interior, Luis Alva Castro señaló en la tarde del miércoles que en las protestas se infiltran "ex senderistas (miembros de la organización guerrillera maoísta Sendero Luminoso) que causan tropelías".
Lo cierto es que las huelgas continúan y en algunos sectores, como el de la educación, sin tiempo de finalización fijado. También siguen adelante con medidas de fuerza laboral los obreros de la construcción civil, conocidos como los más radicales del sindicalismo peruano, y un sector importante de los agricultores.
Por lo menos cuatro millones de campesinos, de los siete millones que existen en el país, paralizaron el miércoles y este jueves sus tareas y bloquearon las carreteras, principalmente en la sierra central y sur del país, informó a IPS el presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA), Antolín Huáscar.
La huelga agraria de 48 horas también es acatada por los productores de la ancestral planta de coca.
"Nosotros rechazamos que el gobierno siga privilegiando a la inversión privada de espalda a los reclamos de miles de campesinos. Seguimos ignorados a pesar de tantas mesas de diálogo sin resultados", apuntó Huáscar.
Los agricultores centran sus reclamos en cuatro puntos: el rechazo al tratado de libre comercio firmado con Estados Unidos, las concesiones mineras en las cabeceras de las cuencas que ponen en peligro el agua que irriga los campos, la declaratoria de emergencia del sector agrario y la convocatoria a una Asamblea Constituyente que permita "recuperar los derechos efectivos" de los peruanos.
El problema agrario está relacionado con los conflictos socio-ambientales alrededor de los proyectos mineros, debido a que la mayoría de ellos se ubican cerca de los predios y los campesinos temen la posible contaminación de los ríos que aportan el agua de regadío.
Los conflictos sociales se han incrementado en Perú a la par de que el gobierno de García ha privilegiado la actividad minera, con el argumento de que representa 60 por ciento de las exportaciones del país y que aporta 26 por ciento del total de los tributos que reciben las arcas del Estado.
Según un informe de la gubernamental Defensoría del Pueblo, existen 75 conflictos, 35 de los cuales permanecen activos y cuatro por ciento se deben a asuntos socio-ambientales,
"Este régimen económico neoliberal no da para más. Mientras se mantenga, crecerán los conflictos", indicó Reyna quien recuerda que 48 por ciento de los 27 millones de peruanos siguen en la pobreza pese a que el producto bruto interno creció 7,5 por ciento entre enero y abril de este año.
"Estamos frente a un conjunto de demandas embalsadas desde hace tiempo atrás por la incapacidad del gobierno a responder oportunamente a los reclamos y porque se ha preferido centralizar el poder sin otorgarle campo de acción a las regiones", explicó a su vez el analista Eduardo Ballón, del grupo no gubernamental Propuesta Ciudadana.
Para ambos especialistas, el presidente García actúa de "manera soberbia" ante los conflictos, con medidas que lindan con "lo autoritario y la indiferencia frente a los problemas reales del país". El mandatario volvió en la víspera a calificar a los manifestantes de "radicales, suicidas y locos"
