Habitantes de 14 provincias argentinas se reunieron esta semana en la sede del Congreso legislativo para pedir cambios en el código minero, un cuerpo legal que otorga beneficios fiscales a esa industria y que atrae a empresas cuestionadas por su imprudencia ambiental.
Convocados por la organización izquierdista Red Encuentro Social (Redes), unos 300 delegados de asociaciones vecinales expresaron su preocupación por el avance de proyectos que ignoran a los pobladores, contaminan el agua y el aire y afectan actividades económicas tradicionales de las comunidades.
Afuera de la reunión quedaron otros 400 representantes que luego participaron de un simbólico "abrazo" al edificio del parlamento. Procedían de la sureña Chubut, donde la resistencia consiguió frenar un proyecto de la compañía de la minera Barrick Gold, así como de Catamarca, La Rioja, Mendoza, Santiago del Estero y Tucumán, entre otras.
Guillermo González, de Vecinos Autoconvocados de Termas de Río Hondo, en la norteña provincia de Santiago del Estero, explicó que el yacimiento Bajo de La Alumbrera, ubicado en la vecina provincia de Catamarca y explotado por un consorcio internacional, afecta gravemente a su localidad de 40.000 habitantes, que vive del turismo termal.
El proyecto iniciado en 1997 en el norte del país enseguida se constituyó en el mayor yacimiento del mundo de explotación metalífera a cielo abierto. Cada año se extraen del cerro 180.000 toneladas de cobre y 600.000 onzas de oro.
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Los derechos de exploración y explotación pertenecen a Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), una sociedad integrada por representantes del gobierno de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el gobierno nacional.
YMAD se asoció para explotarlo con Minera Alumbrera, cuyo capital accionario pertenece en 50 por ciento al grupo suizo Xstrata y el resto se reparte entre las canadienses Goldcorp y Northern Orion Resources.
Los minerales circulan por cañerías que pasan por las vecinas provincias de Tucumán y Santiago del Estero, y las roturas frecuentes contaminan las aguas.
El encuentro fue liderado por el diputado nacional Carlos Tinnirello, de Redes, quien propuso una profunda transformación del código minero a fin de prohibir la exploración, prospección y explotación de yacimientos a cielo abierto que utilicen cianuro y otros tóxicos. La iniciativa prevé además prohibir el uso de ríos, arroyos y otras vertientes de agua tanto en exploración como en explotación, así como la instalación de sistemas de lixiviación, tratamiento de las rocas con líquidos ácidos para separar los minerales, y con diques de cola (depósitos de residuos).
Pero en diálogo con IPS, Tinnirello admitió tener una "expectativa limitada" sobre la aprobación del proyecto.
"Hace dos años lo presentamos y sólo conseguimos que la comisión de minería lo incluyera en el temario para derivarlo al equipo de asesores. Eso significa que puede estar dos años más en un cajón, porque el problema de fondo es que el gobierno de Néstor Kirchner tiene por objetivo impulsar la minería", alegó el legislador.
La apertura a las inversiones mineras comenzó en los años 90, durante la gestión de Carlos Menem (1989-1999) pero con Kirchner "se profundizó", dijo.
"Argentina participa activamente en ferias internacionales para difundir los beneficios de invertir en la minería local", afirmó.
Según datos de la Secretaría de Minería, en los últimos cuatro años los proyectos mineros se multiplicaron en 500 por ciento. Pero a medida que aumentan los proyectos crece la resistencia organizada de comunidades cercanas.
El código minero aprobado en 1997 desató un aluvión de inversiones. A raíz del aumento internacional de los precios de los metales, las transnacionales mineras encontraron en Argentina un destino apto por sus riquezas y un conjunto de normas favorables a la explotación.
Esas normas otorgan fuertes incentivos fiscales. Por empezar, el código establece que el Estado tiene prohibido explotar minerales y está obligado a otorgar la actividad a empresas privadas. Puede hacer investigación, pero sus hallazgos deben ser transferidos a compañías extractoras.
La legislación asegura estabilidad jurídica por 30 años, permite deducir impuestos a las ganancias de todas las inversiones en prospección, exploración y otros estudios, reduce drásticamente el porcentaje de regalías que las empresas deben pagar al Estado y les permite transferir al exterior 100 por ciento de las divisas por exportaciones.
Si bien Tinnirello consideró esas condiciones "aberrantes", aclaró que su propuesta no preveía modificar el régimen de regalías ni de deducciones impositivas. "Eso sería ponerle un precio a la muerte", dijo. "Lo que queremos es que se vayan o que no contaminen", precisó.
Así lo explicaron los vecinos. "Para nosotros la minería es la muerte", dijo a IPS Urbano Cardozo, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por la Vida de Andalgalá, un poblado catamarqueño a pocos kilómetros del yacimiento de Bajo de La Alumbrera.
El yacimiento ha recibido muchas denuncias por roturas en los conductos por los que pasan los minerales en los alrededores de Andalgalá y en las vecinas Santa María y Belén. También residentes de Tucumán y Santiago del Estero demandaron a la compañía por contaminación del suelo y el agua, sin obtener respuesta.
"Es imposible controlar lo que hacen. Nosotros vemos los derrames en los ríos y llamamos al juez que viene y toma las fotos y las muestras, pero no pasa nada con esas denuncias", comentó Cardozo.
"En Chubut, La Rioja, Mendoza y Tucumán están dando marcha atrás con estas inversiones, pero Catamarca está entregada a la minería", se lamentó.
Cardozo se refería a leyes provinciales aprobadas recientemente para limitar la minería a cielo abierto que utiliza cianuro. Estas normas se están imponiendo por presión de las comunidades en algunos distritos, pero obtener lo mismo en el terreno nacional luce difícil, admitió Tinnirello.
