Representantes de los 370 millones de indígenas del mundo renovaron, como lo han hecho en los últimos 20 años, su pedido a la Asamblea General de la ONU de reconocimiento a su soberanía sobre tierras y recursos ancestrales.
"Es tiempo de que la Asamblea General adopte la declaración (al respecto) mediante una votación, si es necesario", dijo a los periodistas Les Malezer, presidente de la Asamblea de los Pueblos Indígenas de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
Miembros de la Asamblea General, que reúne a representantes de los 192 países que integran la ONU, preveían que el proyecto de declaración de derechos de los pueblos indígenas sería aprobado el año pasado.
Pero fuertes objeciones de Estados Unidos, Australia, Canadá, Colombia, Guyana, Nueva Zelanda, Rusia, Suriname y unas pocas naciones africanas lideradas por Namibia obligaron a dejar la iniciativa de lado a la espera de nuevas negociaciones.
Esos países expresaron fuertes reservas sobre el reconocimiento propuesto del derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación y control sobre sus recursos naturales.
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En ese sentido, describen el proyecto como "fundamentalmente defectuoso" y, por lo tanto, se negaron a aceptar el derecho a la autodeterminación de los pueblos nativos.
Líderes indígenas, que luchan por el reconocimiento internacional de este derecho, han dicho en reiteradas ocasiones que no aceptarán ninguna versión suavizada del texto.
"Somos personas distintas por definición. Somos el pueblo colonizado luego que (Cristóbal) Colón llegara a América y los comerciantes y gobernantes europeos conspiraran para dominar y explotar al resto del mundo", dijo Malezer el miércoles, en conferencia de prensa.
"Tenemos nuestras propias sociedades, leyes e idiomas, y una relación única con el mundo natural", dijo Malezer, aborigen australiano.
Buena parte de la comunidad científica mundial parece convencida de que sin la cooperación de los pueblos indígenas no hay modo de revertir la pérdida de biodiversidad.
"La conservación de la naturaleza está en el corazón de las culturas y los valores de las sociedades tradicionales", señaló Ahmed Djoghlaf, secretario ejecutivo del Convenio sobre Diversidad Biológica de la ONU.
"El vínculo entre biodiversidad y conocimiento tradicional es evidente", agregó.
El Convenio, aprobado en 1992 durante la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, no sólo reconoce la significación del conocimiento tradicional, sino que también exige la necesidad de "respetar" y mantener las innovaciones indígenas.
El documento también pide una "cuota justa y equitativa" para los pueblos indígenas en los beneficios derivados de los recursos naturales por parte de empresas comerciales.
Las amenazas a tierras y recursos indígenas continúan escurriéndose a través de la minería, la tala, la contaminación con tóxicos, las privatizaciones y los proyectos de construcción, así como por el uso de transgénicos.
"Se produjeron algunos avances en el área del reconocimiento legal de nuestros derechos. Pero en términos prácticos, este reconocimiento no se tradujo en una realidad", dijo Victoria Tauli-Corpuz, del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU.
Consultado por IPS, Malezer dijo que había intereses comerciales privados involucrados en la oposición política a la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas.
"Eso tiene mucho que ver con el orden económico existente y con los intereses de las multinacionales", declaró a IPS.
En el pasado reciente hubo muchos casos en los que los indígenas desafiaron a los gobiernos que permiten operar a corporaciones privadas comprometidas en la explotación ilegal pero rentable de sus tierras y recursos.
Tanto Estados Unidos como Canadá fueron castigados por varios organismos de la ONU por violar los derechos de los pueblos indígenas.
Representantes de estos pueblos dijeron que Estados Unidos mantuvo silencio en las conversaciones diplomáticas sobre la declaración, pero aseguraron no tener dudas en que ese país jugó un rol clave en la orquestación de una campaña negativa.
Hace dos semanas, la ONU difundió un "no-documento" (texto de análisis de carácter extraoficial) representando los puntos de vista de los gobiernos contrarios a la declaración.
Allí se exigen enmiendas en el texto original, particularmente la redacción de las cláusulas relativas a los derechos a la autodeterminación y a la propiedad intelectual.
El no-documento no menciona los nombres de los países que buscan cambios en el texto, pero algunos líderes aborígenes dijeron a IPS que "la formulación y posiciones de Australia, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda son reconocibles entre el embrollo de falsas preocupaciones".
En la conferencia de prensa, Malezer acusó a Canadá de politizar los problemas de los pueblos indígenas, y advirtió que su gobierno perdió credibilidad entre los países preocupados por la protección de los derechos humanos.
Canadá fue uno de los países que ayudó a redactar la declaración, pero alteró su posición como resultado del pasaje del gobierno de liberales a conservadores.
Dirigentes indígenas sostienen que tanto Canadá como Estados Unidos, así como otros que se oponen a la declaración, deben ser responsabilizados por violaciones de derechos humanos de los pueblos originarios.
"Canadá lidera la oposición al borrador de declaración" porque pretende "librarse de reclamos sobre las tierras indígenas", aseguró a IPS Arthur Manuel, líder de las comunidades aborígenes de ese país.
Como muchos otros dirigentes indígenas, tanto Malezer como Manuel esperan que, pese a la oposición de un puñado de países, una vasta mayoría de estados miembro en la Asamblea General de la ONU aprueben la declaración este año.
"Llamamos a los estados sin pueblos indígenas a votar", dijo Malezer. ***** +Vidas en peligro – Cobertura especial de IPS Noticias (https://www.ipsnoticias.net/_focus/biodiversidad/index.asp) +Caucus de los Pueblos Indígenas, en inglés (http://www.ipcaucus.net/)
