El gobierno de Chile se comprometió con cinco organizaciones ambientalistas a impulsar una reforma constitucional que elimine barreras a la información de entidades públicas. La Secretaría General de la Presidencia respondió favorablemente el miércoles a una petición de las organizaciones Oceana, Ciudad Vida, Ecocéanos, Defendamos la Ciudad y Terram, de derogar un decreto de 2001 que permite a reparticiones estatales declarar secretos algunos de sus archivos.
El decreto fue emitido como salvaguarda tras la expedición de una ley de probidad pública, pero hoy existe consenso en que muchas entidades estatales hicieron uso indiscriminado del mismo.
En el marco de reformas constitucionales en marcha se establecerá que solo el Poder Legislativo tiene facultad para establecer reserva y no las autoridades administrativas, prometió el gobierno.
«Esto es un avance para la sociedad», dijo Marcel Claude, vicepresidente para América Latina de Oceana. Pero aún se debe acabar «con los resabios de una cultura del secretismo» aplicada por «el gobierno de Ricardo Lagos», agregó.
