Las firmas transnacionales Chiquita Brands International y Drummond Company son acusadas ante la justicia estadounidense de haber colaborado en Colombia con el accionar delictivo de paramilitares de derecha vinculados al parecer con el gobierno de ese país.
Ambas corporaciones originarias de Estados Unidos enfrentan cargos en dos demandas civiles diferentes presentadas en tribunales de distrito de este país por víctimas y familiares de abusados en sus derechos básicos, amparándose en las leyes de Protección a las Víctimas de Torturas y de Reclamación por Agravios contra Extranjeros.
Estas normas permiten a los extranjeros entablar juicios en tribunales estadounidenses por delitos de violación de los derechos humanos reconocidos internacionalmente.
Chiquita Brands International, el gigante bananero con sede en la oriental ciudad estadounidense de Cincinnati, es acusada de colaborar en los asesinatos de casi dos docenas de trabajadores colombianos a manos de organizaciones paramilitares entre 1997 y 2004.
Por su parte, Drummond Company, una importante productora de carbón basada en el sudoriental estado estadounidense de Alabama, enfrenta cargos similares de complicidad en las ejecuciones en 2001 de tres líderes sindicales cerca de la mina de esta firma en La Loma, Colombia. En la víspera comenzó el proceso de selección del jurado para ese juicio.
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La firma bananera admitió que funcionarios suyos efectuaran pagos a organizaciones guerrilleras de izquierda y a paramilitares como las Autodefensa Unidas de Colombia (AUC).
La empresa acordó pagar 25 millones de dólares en un caso, según lo investigado por el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos. Chiquita, que se retiró de Colombia hace tres años y ahora compra los productos a firmas contratadas, sostiene que le pagó a las AUC en un esfuerzo por "proteger" a sus empleados.
El Centro de Solidaridad de la Federación Estadounidense del Trabajo-Congreso de Organizaciones Sindicales (AFL-CIO por sus siglas en inglés) estiman que en Colombia fueron asesinados unos 4.000 dirigentes de trabajadores en las últimas dos décadas.
Por su parte, la Escuela Nacional Sindical (ENS) colombiana, defensora de los derechos laborales, precisa que entre enero de 1991 y diciembre de 2006 fueron ejecutados en ese país sudamericano 2.245 sindicalistas, 138 permanecen desaparecidos y 3.400 fueron amenazados, en su gran mayoría por paramilitares en el marco de una guerra civil que ya lleva casi 50 años.
Cincuenta y ocho activistas laborales colombianos fueron asesinados sólo en 2006, según la organización Human Rights Watch, con sede en Nueva York, mientras que la ENS sitúa el número de muertos de ese año en 72.
Las AUC completaron un controvertido proceso de desmovilización parcial el año pasado, como resultado de negociaciones con el gobierno del derechista Álvaro Uribe. Sin embargo, hubo abundantes informes de reagrupamientos de paramilitares.
"Los vínculos de los grupos paramilitares que llevan a cabo la mayoría de estas matanzas en Colombia con las dos corporaciones estadounidenses y la asistencia militar de Washington a ese país se han vuelto cada vez más evidentes", afirmó el Centro John F. Henning para las Relaciones Laborales Internacionales de la Universidad de California, en Berkeley.
"Preocupa especialmente los alarmantes vínculos entre el ejército de Colombia y las organizaciones ultraderechistas de las AUC, que son responsables de 90 por ciento de los asesinatos de sindicalistas", sostuvieron investigadores del Centro californiano.
Activistas y expertos alegan que la ubicación geoestratégica de Colombia es un factor clave que alimenta el conflicto armado en el país, que ya lleva casi medio siglo. La producción de banano tiene lugar predominantemente en dos regiones septentrionales, que son Urabá y Santa Marta.
"Urabá está en la región noroccidental colombiana, conectada con Panamá y la región del Caribe. Es estratégica para el transporte de drogas ilegales, armas y soldados de varias clases", dijo a IPS Renata Rendón, directora para América de Amnistía Internacional.
Rendón dijo que Urabá es un área agrícola pobre, donde "la población civil fue históricamente blanco de organizaciones paramilitares".
"Los paramilitares siempre recibieron apoyo político, militar y económico, de políticos, de empresarios dentro del país, ya fueran internacionales o locales", agregó.
Marselha Gonçalves Margerin, encargada de programa en el Centro Robert F. Kennedy para los Recursos Humanos en Washington, indicó a IPS que cree que el mundo está debatiendo sobre Colombia como si fuera un país post-conflicto, cuando en realidad todavía está envuelto en una guerra civil.
"El problema de Colombia tiene muchos aspectos; la preocupación es que el dinero de Estados Unidos esté ayudando a organizaciones paramilitares, perpetuando, por lo tanto, el problema de derechos humanos", dijo Gonçalves Margerin.
Anotó que Colombia ha sido declarada el país más peligroso para los defensores de los derechos humanos.
"Hemos visto la situación de los activistas deteriorarse mucho en los últimos años", precisó la experta, quien señaló las "muy serias" acusaciones que comparan a los defensores de los derechos humanos con terroristas, lo que, dijo, dan a los grupos paramilitares la luz verde para seguir adelante con sus actividades.
El propio presidente Uribe hizo declaraciones en este sentido.
Organizaciones humanitarias exigieron una reducción de la cuantiosa asistencia económica y militar para la lucha contra la insurgencia que proporciona Estados Unidos a Colombia, por entender que esos recursos ayudan a fortalecer a los grupos paramilitares, cuyos vínculos con las Fuerzas Armadas fueron ampliamente demostrados.
En su lugar, quieren ver que la asistencia monetaria sea destinada a desarrollo social, como programas de alivio de la pobreza y ayuda a las personas desplazadas de sus hogares, que ya suman más de tres millones.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó en junio un proyecto de asistencia extranjera para 2008, que propuso reducir de 76 por ciento a 55 por ciento la asistencia militar a Colombia. Nita Lowey, representante del opositor Partido Demócrata y presidenta del Subcomité de Operaciones Estatales y Extranjeras, fue quien presentó el proyecto, también conocido como H.R. 2764.
"Desde 2000, alrededor de 80 por ciento de nuestra asistencia a Colombia fue para las fuerzas de seguridad estatales", estableció la evaluación de ese texto realizada por el Centro para las Políticas Internacionales (CIP, por sus siglas en inglés).
El proyecto exige "más asistencia económica, condiciones específicas para la misma y más fuertes para los casos de derechos humanos, de fumigación de plantaciones ilegales y de desmovilización paramilitar, así como más requisitos de información", señaló el CIP.
"Nos gustaría que el proyecto terminara yendo al Senado", dijo a IPS Lisa Haggard, directora ejecutiva del Latin American Working Group ("grupo de trabajo latinoamericano").
"Nos gustaría ver un diálogo constante con el Departamento de Estado de Estados Unidos y la necesidad de aplicar los derechos humanos en la ley", agregó.
Otro elemento nuevo del proyecto llama al gobierno de Colombia a proteger los derechos de la tierra y de la propiedad de los ciudadanos descendientes de africanos y de las comunidades indígenas.
Durante la última década, Colombia se convirtió el tercer mayor receptor de asistencia externa de Estados Unidos, después de Israel y Egipto.
Dos veces por año, el Departamento de Estado certifica que Colombia cumpla con las condiciones de derechos humanos contenidas dentro de la legislación estadounidense para los casos de asistencia militar.
IPS contactó al Departamento de Estado en busca de comentarios sobre las demandas contra las dos firmas transnacionales, pero sus funcionarios se negaron a hacer declaraciones y dijeron que actualmente evalúan sólo el caso Drummond.
