Una nueva y polémica ley antiterrorista entró en vigor en Filipinas a pesar de los reclamos de políticos, líderes religiosos, organizaciones de derechos humanos y del relator especial de la ONU.
Los críticos de la Ley de Seguridad Humana 2007, vigente desde el domingo, temen que se incrementen las violaciones a las libertades individuales y de que esa nueva disposición se utilice en contra de la oposición de izquierda.
La izquierdista organización Bagong Alyansang Makabayan (Bayan) o Nueva Alianza Patriótica alertó que se abría "una nueva era oscura para los derechos humanos y las libertades civiles", y calificó la norma de "receta para una ley marcial no declarada".
Las autoridades se apresuraron a replicar que la ley pretende proteger a la nación y a su economía de atentados terroristas.
"La ley defenderá nuestro estilo de vida", declaró la presidenta Gloria Arroyo, días antes de su implementación, y aseguró a sus críticos que no se aplicará en contra suyo.
[related_articles]
"Sólo los terroristas tienen razones para sentirse amenazados", subrayó por su parte el viceministro de Defensa, Ric Blancaflor.
El funcionario declaró que la ley tenía suficientes salvaguardas para evitar abusos, incluida una disposición que multa con casi 11.000 dólares a los oficiales que detengan injustamente a un sospechoso.
La norma se adoptó sin los lineamientos de implementación que suelen acompañar a las leyes, suscitando mayor preocupación.
El senador Manuel Roxas II votó contra la ley arguyendo que "era como construir un edificio sin contar con la aprobación de los planos arquitectónicos, eléctricos y mecánicos".
"La línea que divide los imperativos de seguridad nacional y las libertades civiles puede no estar clara para todos los oficiales de policía", indicó.
El portavoz de Arroyo, Ignacio Bunye, señaló que cualquier demora en su implementación sólo animaría a los terroristas. El gobierno creará un manual de aplicación.
Por su parte, la policía informó que sus oficiales habían participado en seminarios informativos sobre la nueva ley.
Bunye señaló que la norma puede utilizarse contra de cualquiera que cometa actos terroristas, incluyendo a rebeldes comunistas, extremistas religiosos y policías y soldados corruptos.
"El mensaje de la ley es claro: si estás armado y matas civiles, serás juzgado", remarcó.
En función de declaraciones oficiales, los primeros en ser directamente afectados por la nueva ley, además de las organizaciones vinculadas a la red terrorista Al Qaeda del sur del país como Abu Sayyaf, son el Partido Comunista de Filipinas y su brazo armado, el Nuevo Ejército Popular.
Esto preocupa a varias organizaciones de izquierda como Bayan, que han sido acusadas por el ejército de oficiar de fachada de esos grupos armados.
Después de organizar una manifestación contra la ley el mismo domingo de su entrada en vigor, Bayan informó que tenía previsto seguir con las protestas masivas y llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia.
La norma define como terrorista a un individuo o grupo que cometa un acto pasible de sanción bajo la legislación filipina de piratería y motín en alta mar, rebelión o insurrección, golpe de Estado, asesinato, secuestro y delitos que involucren destrucción, incendio intencional, tráfico de substancias tóxicas y peligrosas y de desperdicios nucleares, secuestro de aviones, robo a mano armada y posesión y fabricación ilegal de armas de fuego y explosivos.
Se consideran actos terroristas aquellos que siembran "temor y pánico generalizado y extraordinario" en la población con el fin de "coaccionar al gobierno para que éste ceda ante demandas ilícitas".
Las personas halladas culpables de esos delitos serán castigadas con 40 años de cárcel.
La norma también castiga a cómplices y encubridores de terrorismo, y habilita la detención de un sospechoso durante tres días sin cargos en su contra.
El relator especial de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) para la promoción y protección de derechos humanos y libertades fundamentales y contra el terrorismo, Martin Scheinin, señaló que las largas condenas a prisión eran una de las deficiencias de la ley.
"La estricta aplicación de una pena de 40 años de cárcel socava el criterio de justicia y puede resultar en un castigo desproporcionado debido a la amplia definición de atentados terroristas", declaró en marzo.
Además, pidió al Congreso legislativo que reconsiderara su norma antiterrorista porque muchas disposiciones "no se ajustan a los estándares internacionales de derechos humanos".
No obstante, Scheinin señaló que había "algunos aspectos positivos" en la definición de actividades terroristas, pero "el resultado final es una definición demasiado amplia que se considera discrepante con el principio de legalidad y por ello incompatible con el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos".
Bayan sostuvo que la norma hace del terrorismo "un delito que se ajusta a muchos casos demasiado vagos y amplios".
Lo que es peor, según esa organización, es que los términos "terrorismo" y "terrorista" serán finalmente definidos por un Consejo Antiterrorista, que aún se debe crear, integrado principalmente por partidarios de derecha en el gabinete.
La organización también señaló que varios miembros del Consejo estaban detrás de "políticas y medidas represivas" como Oplan Bantay Laya (Operación de Observación de Libertades), que pretende neutralizar a presuntos grupos comunistas.
"Con ese tipo de definición y el tipo de gente responsable de su aplicación, Arroyo podrá utilizar la ley como instrumento para sofocar expresiones legítimas de discrepancias políticas y protestas sociales", alertó Bayan.
"Las manifestaciones masivas que reclaman la destitución de Arroyo ya son calificadas de 'complot para desestabilizar' y conspiración para una rebelión". Así será fácil para las autoridades considerar que "coaccionan al gobierno para que éste ceda ante sus demandas ilegítimas", añadió.
