Duros enfrentamientos entre la policía y manifestantes constituyen una señal de alarma para la convivencia pacífica que se alcanzó en la década del 90 en El Salvador tras 12 años de guerra civil, advierten abogados, analistas y activistas.
"Se están deteriorando el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos", alcanzados tras la firma de los acuerdos de paz que marcaron el fin del conflicto armado que había estallado en 1980, opinaron los analistas.
El gobierno de Alfredo Cristiani (1989-1994) y la guerrilla izquierdista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) firmaron un acuerdo de paz en 1992 en México que contempló las desmilitarización y democratización de la sociedad, el respeto a los derechos básicos y el establecimiento de un estado de derecho, entre otros aspectos.
Analistas, líderes políticos y religiosos reconocen que hay puntos que se han cumplido, en particular los referidos a las transformación de las Fuerzas Armadas y la creación de espacios democráticos reducidos, pero no se muestran optimistas y aseguran que el pacto de paz experimenta retrocesos significativos que ponen en peligro el proceso iniciado hace 15 años.
En ese contexto, David Morales, asesor de Tutela Legal, una oficina de asesoramiento jurídico que depende de la Iglesia Católica, señaló a IPS que "el ataque de la policía del 2 de este mes fue arbitrario y refleja una actitud autoritaria".
En esa jornada, 12 miembros de organizaciones sociales y una periodista fueron arrestados y acusados de "actos de terrorismo" tras los hechos violentos registrados en Suchitoto, una localidad turística a 47 kilómetros de San Salvador.
La Policía Nacional Civil (PNC) hizo un uso "desproporcionado" de la fuerza, que causó lesiones a por lo menos 100 manifestantes y pobladores de la ciudad, agregó.
Morales también denunció que, según el testimonio de los abogados de Tutela Legal y de los familiares de los detenidos, algunos de ellos fueron torturados psicológicamente mientras los trasladaban en un helicóptero policial.
"La PNC golpeó, amenazó y torturó a varios de los detenidos, haciendo maniobras con el helicóptero, mientras ellos, que estaban esposados, se deslizaban hacia las puertas, con el riesgo de caer al vacío", relató Morales, ex procurador adjunto para la Defensa de los Derechos Humanos.
Una vez que aterrizaron, "los policías simularon ejecuciones sumarias", afirmó.
Los detenidos habían participado junto a cientos de pobladores y activistas de organizaciones de la sociedad civil, que fueron reprimidos por un escuadrón antimotines de la PNC cuando realizaban una protesta en Suchitoto, donde el presidente Antonio Saca iba a anunciar un plan de descentralización del servicio de agua potable.
Los críticos de la medida gubernamental, sin embargo, afirman que se trata de un intento de privatización del servicio.
Los manifestantes bloquearon las carreteras por las que se trasladarían la comitiva oficial y miembros del cuerpo diplomático.
La protesta obligó a suspender el acto y el presidente tuvo que abandonar el lugar en su helicóptero tras la estela de violencia que alteró la casi eterna calma de Suchitoto, una ciudad colonial fundada en 1525 que atrae al turismo con sus calles empedradas y casas de paredes blancas con techos de tejas rojas.
Un canal de televisión local difundió imágenes de la actuación de la policía.
En ellas se puede ver cómo el vehículo en el que viajaba la presidenta de la Asociación de Comunidades Rurales de El Salvador (Cripdes), Lorena Martínez, una de las organizadoras de la protesta, fue interceptado por la policía y su conductor sacado violentamente y lanzado sobre la ruta, acusado de haber obstruido el paso de la policía.
Martínez y la vicepresidenta de la entidad, Rosa María Valle, fueron arrestadas al reclamar por la acción policial, al igual que Haydeé Chicas, quien filmaba los incidentes, aunque ella gritaba que era periodista. Las detenciones se produjeron cuando se dirigían a Suchitoto para participar en la protesta.
En otro video, que los medios locales no difundieron, se puede ver a manifestantes que piden a la PNC que no utilizara la fuerza mientras los efectivos avanzan y forcejean con los pobladores.
También se observa al escuadrón antimotines utilizando sus macanas, como se llama en El Salvador a las porras, lanzando gases lacrimógenos y disparando balas de goma. También se ve a policías que golpean varias veces en la cabeza a uno de los detenidos mientras vomitaba por el efecto de los gases.
Las imágenes muestran también a manifestantes que responden con piedras mientras dos helicópteros sobrevuelan la zona.
El periodista Luis Galdámez, de la agencia de noticias Reuters (único miembro de la prensa extranjera en el lugar), quien vio varios vehículos del ejército con ametralladoras de alto calibre, fue también golpeado por los policías, aunque se identificó como corresponsal de prensa y mostraba su credencial.
El fin de semana pasado todos los detenidos, excepto uno, fueron enviados a prisión de forma provisional (hasta tres meses) por la jueza Especial de Instrucción Lucila Fuentes, acusados de "actos de terrorismo". La fiscalía, en tanto, busca reunir más evidencias.
Los detenidos, en caso de ser encontrados culpables, podrían ser objeto de penas de hasta 60 años de cárcel, según la ley antiterrorista en vigencia desde octubre de 2006.
Bernardo Belloso y Pedro Juan Hernández, dirigentes de Cripdes, coincidieron en señalar a IPS que las detenciones "son parte de un política de terrorismo de Estado del gobierno de Saca contra cualquier denuncia de las organizaciones sociales".
"En este país luchar por la solución de los problemas que tienen las comunidades y contra la privatización del agua es, en la interpretación de este gobierno, un acto terrorista", indicaron.
El politólogo Napoleón Campos expresó que los hechos reflejan "un deterioro impresionante de la convivencia política", dado que "las condiciones mínimas de intermediación se han perdido".
"Estamos entrando a una etapa gravísima, generada tanto por la izquierda como la derecha", indicó a IPS. Lo sucedido, agregó, debe interpretarse en el contexto de una campaña adelantada con vistas a las próximas elecciones presidenciales, que ya arrancó a pesar de que los comicios están programados para comienzos de 2009.
Campos sostuvo que, si bien la manifestación en Suchitoto no puede catalogarse como una protesta pacífica, ya que se bloquearon carreteras y los participantes lanzaron piedras, el uso irracional de la fuerza por parte de la PNC y las acusaciones de terrorismo en contra de los detenidos son también reprochables.
El experto se mostró en desacuerdo con declaraciones de dirigentes sociales en el sentido de que sus compañeros son "presos políticos". Esto, indicó, es "sobredimensionar la situación".
El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Oscar Luna, y la vicepresidenta de Asociación Nacional de la Empresa Privada, Carmen de Alfaro, reiteraron durante una entrevista por televisión que los detenidos pueden ser acusados de otros delitos pero no de "actos de terrorismo".
La Asociación de Periodistas de El Salvador y Reporteros sin Fronteras se pronunciaron contra el arresto de la periodista.
"La detención de Chicas representa un grave abuso de poder. Pretender que una periodista que solo cumplía con su trabajo incurrió en flagrante delito de 'terrorismo' resulta ridículo y peligroso", dice el comunicado de las entidades profesionales.
"Con gusto revisaré el caso", declaró el presidente Saca a mediados de semana.
Morales, de Tutela Legal, insistió que la aplicación de la ley antiterrorista pretende criminalizar a quienes protestan contra el gobierno. Consideró asimismo que la resolución de la jueza Fuentes refleja la existencia de "magistrados dóciles al servicio del modelo autoritario que se quiere establecer en El Salvador".
"El escenario actual es de un gravísimo retroceso en cuanto al respeto de los derechos humanos logrado con la firma de los acuerdos de paz", concluyó.
El fantasma de la violencia en este país, que aún hoy trata de recuperarse de una guerra civil que lo fracturó durante más de una década, no resurgió sólo a causa de los disturbios del 2 de este mes. Tiene raíces más profundas que responden a heridas no cerradas en la sociedad.
Meses atrás, el obispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez, señaló que "desde que firmamos la paz ha aumentado la pobreza, ha aumentado el desempleo y hay una gran inseguridad ciudadana y añado que firmamos la paz pero no tenemos un país reconciliado".
"El gobierno no reconoce que las causas están ligadas a una injusticia estructural y que esa injusticia continúa". Por lo tanto, se lamentó el religioso, "tenemos una especie de guerra de otra manera, seguimos viendo que la gente muere cada día".
