El 7 de octubre es la fecha prevista para que Costa Rica decida en las urnas si se integra o no en el tratado de libre comercio con Estados Unidos, otros cuatro países de América Central y República Dominicana.
Costa Rica es la única de esas naciones que aún no ha ratificado el acuerdo, conocido como DR-Cafta, por sus siglas en inglés.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a cargo de analizar el asunto, resolvió el lunes que el tratado no viola la Constitución de Costa Rica, en una decisión que permitirá al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) convocar al referendo.
Pero las campañas de partidarios y detractores del DR-Cafta ya habían comenzado. El 23 de junio, el Frente Nacional de Apoyo a la Lucha contra el TLC (Tratado de Libre Comercio) iniciaba la suya en el auditorio de la Conferencia Episcopal.
Las autoridades, al amparo de diversas normas, habían prohibido la realización de ese acto en los locales del Gimnasio Nacional y del Colegio Luis Dobles Segreda, dijo a IPS el líder del Frente y rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Eugenio Trejos.
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De todos modos, el Frente y sus componentes se proponen realizar numerosos actos contra el DR-Cafta. "Aglutinamos a muchas plataformas políticas, sociales y sindicales, que tienen libertad de acción", explicó Trejo.
El Frente cuenta con más de 100 Comités Patrióticos Cantonales (en referencia a los 81 cantones o subdivisiones provinciales que componen Costa Rica) coordinados por provincias, que trazan las estrategias a seguir en los distintos puntos del país.
El costo de la campaña será elevado, pero eso no parece afectar demasiado, por el momento, a los partidarios del "no". Trejos indicó que cada uno de los miembros del Frente a título individual aportaron 10.000 colones (poco menos de 20 dólares) para solventar el primer acto.
Para el líder del Frente, la lucha será "de David y Goliat" por la diferencia de capacidad financiera entre partidarios y opositores al TLC. "No disponemos de muchos recursos económicos, pero sí del más importante: el recurso humano", dijo.
La ventaja de los detractores del DR-Cafta es que "contamos con tejido social muy amplio que ellos no tienen, organizaciones que desde hace años han trabajado en el país por los derechos de la infancia, por equidad de género, por los recursos naturales, por la institucionalidad democrática, por garantías laborales", afirmó.
"Ellos tienen el dinero, sí, pero nuestro tejido social dará réditos para frenar el avance de las políticas neoliberales que pretenden consagrar con este TLC", sostuvo.
"Buscamos recursos a nivel interno. Es incierto que hayamos recibido dinero o favores de ningún gobierno extranjero, ni de embajadas acreditadas en el país, ni de transnacionales. Los recursos salen de nuestros bolsillos", aseguró.
Por su parte, el portavoz de la Alianza Ciudadana por el Sí, Miguel Martí, asegura que su coalición es "posiblemente la más amplia de Costa Rica", pues "incluye a estudiantes universitarios, 'solidaristas' (activistas de asistencia social), agricultores, profesionales, cámaras empresariales y partidos políticos".
La Alianza ya cuenta con 200.000 dólares para afrontar la campaña, aunque Martí cree que será necesario alrededor de un millón de dólares para "llegar a más de 2 millones de electores".
El Tribunal Superior de Elecciones (TSE) limitó las contribuciones individuales de campaña a 20 salarios mínimos, algo menos de 7.800 dólares.
El trabajo ya ha comenzado, según Martí, "de forma muy intensa". "Nuestra campaña se basa en informar, educar y motivar", agregó. Para ello ya han organizado charlas, foros y talleres por todo el país, y han publicado un manual titulado "El ABC del TLC".
Los partidarios de la ratificación del acuerdo aseguran que el TLC es la "gran oportunidad" para Costa Rica. "No es un instrumento mágico, pero sí crea unas condiciones favorables y atraería nuevas inversiones", agregan.
Además, "la relación con nuestro principal socio comercial tendrá una base jurídica, que nos daría estabilidad y certeza, algo que no dan las actuales concesiones arancelarias, que son un prerrogativa unilateral de los Estados Unidos", advirtieron.
Según las últimas encuestas de la Universidad Nacional de Costa Rica (la principal del país), el "sí" le lleva al "no" una ventaja, al menos entre los "jefes de hogar" (la persona que se encarga de la manutención económica de la casa) entrevistados, de 12 puntos porcentuales.
"Si el referéndum es transparente, respetaremos absolutamente los resultados", afirmó Trejos. "Eso sí, el Gobierno ha reiterado que si sale el 'no', seguirán adelante con la agenda complementaria. Entonces nosotros seguiríamos la misma estrategia, y revisaremos esos proyectos y nos opondríamos por medios pacíficos."
La denominada "agenda complementaria" del DR-Cafta no es parte del tratado, pero incluye reformas imprescindibles para su aprobación e implementación.
Los proyectos más sensibles de la agenda complementaria se refieren a la apertura de los sectores de seguros y telecomunicaciones, a la protección del ambiente y a las instituciones sociales.
Martí no está de acuerdo en que haya polarización en la sociedad costarricense en torno al TLC, aunque "sí a nivel de las pequeñas cúpulas políticas". "Al fin y al cabo, el día después, y sea el resultado que sea, todos tendremos que seguir trabajando juntos", concluyó.
