Tras la acusación de la fiscalía federal de encubrir una operación financiera ilegal, Felisa Miceli renunció este lunes a su cargo de ministra de Economía de Argentina y se convirtió así en la primera figura del gabinete de Néstor Kirchner en caer por un escándalo de corrupción.
La renuncia se precipitó tras la difusión de un informe del fiscal federal Guillermo Marijuán en el que pidió a la justicia que cite a declaración indagatoria a Miceli, pues cuenta con "pruebas suficientes" de su participación en delitos vinculados con el hallazgo de una abultada suma de dinero en efectivo en su despacho.
Luego de una investigación de tres semanas, el fiscal consideró "inconsistentes" las excusas de la ahora ex funcionaria acerca del origen del dinero y "lapidarias" algunas revelaciones que deparó la pesquisa.
El gobierno finalmente se decidió por Miguel Peirano, hasta ahora secretario de Industria, para reemplazar a Miceli hasta diciembre, cuando finalizará el mandato de Kirchner.
Miceli fue la primera mujer en asumir, en 2005, la titularidad del ministerio de Economía en este país, y lo hizo para suceder al economista Roberto Lavagna, quien ahora es candidato para las alecciones presidenciales de octubre. La funcionaria se desempeñaba entonces como presidenta del estatal Banco de la Nación.
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Para el fiscal, Miceli "encubrió con la tenencia (de ese dinero) una operación financiera anterior de dudosa legitimidad".
También sostuvo que la ex responsable de la cartera de Economía incurrió en los delitos de "incumplimiento de deberes de funcionario público", "sustracción de documento público" y "encubrimiento". Por todo ello pidió a la jueza Maria Servini de Cubría que la cite a declarar para interrogarla como imputada.
El acusador cree que no sólo encubrió la tenencia de dinero de origen "espurio" en su oficina sino que, en base a múltiples testimonios, la responsabiliza de haber ordenado recuperar el acta original en la que se consignaba el detalle del dinero hallado, pese a que ella tenía en su poder una copia del documento.
Por este mismo episodio, el fiscal requirió la convocatoria para declarar, también como imputados del delito de incumplimiento de deberes públicos, a tres policías que intervinieron directamente en el procedimiento por el cual se resolvió entregar el acta original a la entonces ministra, tal como ella lo solicitó.
Esta historia comenzó el 24 de junio, cuando el semanario local Perfil reveló que, en una inspección de rutina realizada el 5 de ese mismo mes en el ministerio de Economía, bomberos de la Policía Federal habían hallado una bolsa con 240.000 dólares en su interior en un armario del baño privado del despacho ministerial.
Mediante un comunicado, el ministerio corrigió la cifra publicada, aseguró que eran 60.000 dólares y explicó que se trataba de dinero privado que la titular de esa cartera iba a destinar a una operación inmobiliaria, que finalmente no concretó.
Pero un abogado presentó una denuncia penal que dio origen a la investigación realizada por Marijuán, mientras que la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas realizó una indagación en paralelo.
Acorralada, la aún funcionaria convocó entonces a tres periodistas y les explicó que el dinero se lo había prestado su hermano, Horacio Miceli, para concretar una compra para cambiar de domicilio, pero no mostró ninguna prueba. "Fue un error, una torpeza, pero no un delito", se justificó entonces la funcionaria, respaldada aún por el presidente Kirchner.
Ahora, la resolución del fiscal volvió a complicar a Miceli, quien quedó contra las cuerdas cuando faltan tres meses para las elecciones, en las cuales por primera vez en la historia argentina podría llegar a la presidencia por medio de las urnas una mujer, la hoy senadora Cristina Fernández, esposa de Kirchner.
Marijuán finalmente detalló que el dinero encontrado se conformaba de 31.670 dólares y un paquete cerrado al vacío y precintado de 100.000 pesos (el equivalente a unos 33.000 dólares) con billetes salidos del Banco Central y que fueron a la privada Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Limitada, según el seguimiento de lo que calificó en su dictamen como "la ruta del dinero".
El fiscal consideró "sorprendente" que durante el período que va desde que el dinero desembarcó en la Caja hasta que apareció en el despacho de la ministra no se registrara ninguna operación bancaria hecha por su hermano o sus familiares directos.
Pero lo que entiende resulta directamente "lapidario" es que tampoco haya rastros de ninguna operación de ese monto o superior durante el mismo lapso.
Eso le permite inferir que los billetes hallados en el despacho de Miceli "llegaron a su poder por fuera de una operación financiera legal, regular y debidamente registrada, que cuente con respaldo documental". Más aún, señaló que la entidad financiera privada involucrada está siendo investigada desde marzo por lavado de dinero.
El fiscal reseña otros hechos que "agravan" la situación procesal de la ministra. Uno de ellos indica que a pesar de que en el escritorio de las secretarias privadas había una caja fuerte, donde Miceli guardaba dinero en efectivo y su pasaporte, la suma en cuestión no fue a parar al mismo sitio.
"Optó por dejarlo en el placard (armario) del baño, esto evidencia desde mi punto de vista que la señora Miceli no quería o no podía mostrarle a sus asistentes ese dinero", concluyó el fiscal, para añadir que "hay sospecha suficiente de que la nombrada encubrió la tenencia del dinero hallado debido al origen espurio del mismo".
Finalmente, el fiscal encontró "inconsistencias" en los argumentos de Miceli al explicar que el dinero era un préstamo del hermano para adquirir una vivienda. Pero el fiscal no encontró elementos en sus agendas que indicasen una búsqueda de apartamentos o casa o cualquier otra actividad con inmobiliarias, así como tampoco testimonios de sus asistentes en tal sentido.
Para Marijuán, es "llamativo" que Miceli haya movilizado esos fondos sin siquiera haber puesto en venta su propiedad o sin haber dejado un dinero de adelanto para otra.
El escándalo en torno al dinero de Miceli no es el primer escándalo de corrupción de la administración centroizquierdista de Kirchner, aunque sí es el primero que alcanza a un ministro.
En el último año, Kirchner hizo renunciar a dos funcionarios que habían sido citados a declaración indagatoria por la justicia en el llamado "caso Skanka", por el nombre de la firma constructora sueca involucrada en una denuncia por pago de sobornos.
En el último mes, las denuncias recayeron también sobre la secretaria de Ambiente y Recursos Naturales, Romina Picolotti, acusada de manejos administrativos irregulares.
El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, otorgó un definitivo respaldo a Picolotti y acusó al diario local Clarín por haber publicado una denuncia que consideró "falsa" en su contra.
En cambio, respecto de Miceli, el ministro había sido menos convincente hace dos semanas, al señalar que la ministra había brindado ya sus explicaciones al presidente y que había sido refrendada en el cargo. *****