La producción de biocombustibles es una prioridad del gobierno de Álvaro Uribe, pero en algunas regiones de Colombia donde se cultiva palma africana para obtener biodiésel, se denuncian problemas sociales y ambientales.
El gobierno busca transformar a Colombia en el mayor productor mundial de combustibles agrícolas y los ministerios de Agricultura y de Minas y Energía trabajan en varios proyectos para conseguir esa meta, dijo a IPS el director del Instituto de Desarrollo Tecnológico de la cartera agrícola, Leonidas Tobón.
Las autoridades han dado prioridad a la producción de combustibles agrícolas a partir de la caña de azúcar, palma africana, yuca y maíz y considera otros relacionados con la papa y la higuerilla.
El gobierno no otorga subsidios, sino que está "dando facilidades como créditos blandos, hasta de 80 por ciento en la asistencia técnica y exenciones tributarias para la producción biocombustibles", según el Ministerio de Agricultura.
A partir de enero de 2005, Colombia empezó a mezclar la gasolina con 10 por ciento de alcohol carburante extraído de la caña de azúcar, y planea aumentar gradualmente esa proporción hasta llegar a 25 por ciento en 20 años. La mezcla de cinco por ciento de gasóleo con biodiésel, obtenido de palma africana, debe comenzar en 2008.
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El auge mundial de los biocombustibles se debe a que emiten menos gases de efecto invernadero que las gasolinas derivadas del petróleo, pero también a los elevados precios del crudo.
La palma también llamada aceitera se siembra en zonas de trópico húmedo, con temperaturas promedio de más de 27 grados, con entre 2.000 y 3.000 milímetros de precipitación, en zonas con buena luminosidad y terrenos planos, entre otras características.
En Colombia esas características las reúnen algunas zonas del Pacífico y del occidente, en el centro-este y en los Llanos Orientales, una extensión de sabanas de unos 17 millones de hectáreas fronterizas con Venezuela y Brasil y utilizadas hoy sobre todo para la ganadería. Allí también se adelantan proyectos de biocombustibles a partir de la yuca.
Colombia produce actualmente un millón de litros de alcohol carburante que abastecen sólo a Bogotá y al sur occidente del país, pero la producción deberá elevarse en medio millón de litros más para cubrir otras regiones importantes del norte y del oriente, según cálculos oficiales.
En el Pacífico y en el occidente, donde la palma se cultiva desde los años 70, las denuncias vinculan esas plantaciones con el violento accionar de grupos paramilitares, con la sistemática violación de derechos humanos, intimidaciones, expropiación de tierras y desplazamiento forzado.
Organizaciones de derechos humanos como la católica Diócesis de Quibdó, capital del departamento occidental del Chocó, Human Rights Everywhere (HREV, Derechos Humanos para Todos, con sede en España) y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz hacen estas denuncias desde 2004.
Pero la situación parece no haber cambiado, pues miembros de esas organizaciones consultadas por IPS remiten a consultar documentos ya expedidos al respecto.
Considerado el segundo país más rico en biodiversidad del mundo y mayor productor de biocombustibles de América Latina después de Brasil, Colombia estaría reproduciendo situaciones similares a las vividas en Indonesia, Malasia, Nigeria o Ecuador, principales productores de palma africana, según las denuncias.
En la siembra de 456 hectáreas en Tumaco, en el suroccidental departamento de Nariño, sobre el Pacífico colombiano, donde se localiza el principal proyecto de palma africana, se denunciaron problemas ambientales por el drenaje de 86 kilómetros cuadrados de tierras y la construcción de 11 kilómetros de carreteras, según un estudio promovido por HREV en esa zona en 2004.
En el documento se solicita la paralización inmediata de nuevos cultivos de palma "hasta que se investiguen y aclaren las irregularidades observadas en el proyecto palmero que afecta la legislación medioambiental, territorial y los derechos fundamentales de las poblaciones".
Por razones de seguridad, ninguna de las personas vinculadas a esa entidad consultadas por IPS quiso dar su nombre para hablar sobre este tema e insistieron en remitirse a los documentos.
El estudio de HREV considera, además, que los planes de implantación de grandes monocultivos en regiones como el occidental Chocó, son ilegales pues violan, entre otras, la ley 70 sobre territorios colectivos así como legislación ambiental.
Hay, además, otros problemas.
De cuatro especialistas colombianos consultados por IPS, tres sostuvieron que la obtención de biodiésel de palma contribuye al calentamiento global por la destrucción de selvas tropicales y el drenaje de agua de los suelos. Ambos procesos provocan la liberación a la atmósfera del dióxido de carbono, uno de los gases de efecto invernadero, retenido tanto en la tierra como en el bosque húmedo tropical destruido.
El cuarto experto, Alcidíades Hinestrosa, asesor de la dirección de desarrollo tecnológico del Ministerio de Agricultura, sostiene que esas son especulaciones que sólo provienen de personas que desconocen los procesos de cultivo de palma y los desarrollos agrícolas en el Pacífico.
"De los sistemas agrícolas que asemejan a un bosque en equilibrio, la palma es el que más se parece y maneja un microclima similar a un bosque en equilibrio", dice.
Además, "en la zona del Pacífico, con el cultivo de la palma africana no sólo se están recuperando áreas antes dedicadas a cultivos ilícitos (coca) sino que se están incrementando sistemas de desarrollo limpio".
Los cultivos de palma "están permitiendo a las personas un mejor nivel de vida, frenando la explotación inapropiada, indebida e indiscriminada de los bosques y originando más de 90.000 empleos directos, sin contar los indirectos y los sistemas que se generan alrededor de la palma, como los suministros", sostiene.
En el Chocó, que se caracteriza por su riqueza étnica y ambiental y por su pobreza económica y el secular abandono del Estado, también hay denuncias contra la palma aceitera.
"El río Curvaradó, que hasta hace pocos años estuviera poblado por algo más de una decena de prósperas comunidades campesinas de afrodescendientes y mestizos cordobeses, está totalmente despoblado y sus bosques ya no existen", denuncia en un comunicado de prensa la Diócesis de Quibdó en 2005.
Culpa de ello al avance acelerado de la tala de árboles, "suplantados por el 'desierto verde' de la palma aceitera y que impone el monocultivo sobre la biodiversidad".
"Los caños (arroyos) y quebradas han sido desviados, canalizados o secados, se han trazado y abierto carreteras que van marcando el avance de esta agroindustria", según la Diócesis de Quibdo.
Los verdaderos propietarios de las tierras tuvieron que huir para salvar sus vidas, pero fueron regresados a la fuerza para que las vendieran o las entregaran, según el documento de la diócesis.
Los intermediaros pagaron unos 100 dólares por hectárea, que los campesinos deben entregar libre de maleza y de cultivos, un robo en una zona donde la hectárea se cotizaba hasta hace poco en unos 5.000 dólares, afirma.
"Una vez perdido su derecho a la tierra ('o vende usted o negociamos con su viuda', los amenazan), la gran mayoría de los propietarios no tienen otra alternativa que permanecer y ofrecerse como peón. Allí se les paga unos 15 centavos de dólar por cada palma abonada y 60 por cada metro de canal que se roce", según el documento.
Ese modelo de producción sería el principal responsable de las decenas de muertos y el desplazamiento de miles de campesinos desde principios de los años 90 en esa zona.
Si bien el procesamiento de aceite de palma estuvo destinado inicialmente a la fabricación de alimentos y cosméticos, hoy las plantaciones de palma son la columna vertebral del estratégico mercado de los biocombustibles, dice en otro documento la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
Allí se denuncian "impactos ambientales socioeconómicos y efectos sobre la tenencia de la tierra, en comunidades campesinas, negras e indígenas" colombianas.
La Comisión relaciona también los cultivos de la palma africana con torturas, falsificación de documentos y destrucción ambiental, pues muchos de los cultivos se realizan en territorios de alta biodiversidad, como en el Chocó y a lo largo del Pacífico colombiano, produciendo desplazamiento y miseria.
En foros internacionales realizados en Bogotá sobre desplazamiento forzado, campesinos han denunciado que la violencia de la guerra los arrancó de sus tierras pero que cuando regresaron a sus predios los encontraron sembrados con palma.
El gobierno asegura que ha hecho todo lo necesario para resolver estos problemas.
"En las 305.000 hectáreas sembradas con palma africana y que se localizan, sobre todo, en la zona del Pacífico y el occidente colombiano no se presenta hoy ningún problema ni social ni ambiental", según Hinestrosa, el asesor del Ministerio de Agricultura.
"En todo el país sólo se presentó un problema con expropiación de tierras en la zona del Chocó (frontera con Panamá), pero fue resuelto", aseguró a IPS.
