El gobierno de Argentina prestó este miércoles un fuerte respaldo a la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Romina Picolotti, blanco de una denuncia periodística y de tres judiciales por presuntas irregularidades en la administración de su oficina.
En una inusual presentación ante la prensa, en la que no se permitieron preguntas, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, se presentó junto a la funcionaria y rechazó con duros términos la denuncia. "Las barbaridades que se dijeron son todas falsas", dijo Fernández mientras Picolotti asentía sin hablar.
Para el jefe de Gabinete hubo una "operación política" de un "calumniador" que hizo circular una carpeta anónima con datos falsos. Además, Fernández acusó al periodista del diario Clarín que publicó los contenidos de esa carpeta de divulgarlos sin confirmar su veracidad. El aludido, Claudio Savoia, estaba en la rueda de prensa pero no pudo formular preguntas.
Tras dos días en los que la funcionaria hizo sus descargos ante la Jefatura de Gabinete, Fernández resolvió darle apoyo y él mismo se encargó de desmentir las versiones sobre contratación de parientes con altos sueldos y sin la idoneidad requerida, aunque hubo puntos de la denuncia a los que no se refirió.
Clarín publicó el domingo 8 un informe en el que se describían "extraños manejos" en la Secretaría y se mencionaba la duplicación del personal en un año de gestión y la contratación de familiares y amigos no siempre idóneos con salarios de hasta 30.000 pesos (unos 10.000 dólares) mensuales.
El informe también aseveraba que para viajar al interior del país, Picolotti alquilaba aviones privados, que gastó abultadas sumas en mobiliario de oficina y en un centenar de computadoras, que alquiló dos edificios que no se usaban y que los gastos se hicieron a través de la fundación pública ArgenINTA para eludir controles.
Fernández no se refirió a esta fundación ni al alquiler de aviones. Tampoco identificó al autor de la carpeta anónima, pero aseguró en cambio que ningún funcionario ganaba más de 10.000 pesos (3.300 dólares).
El jefe de Gabinete sostuvo que la Secretaría contaba efectivamente con 422 empleados y que Picolotti contrató a otros 300, pero mostró un documento de la Auditoría General de la Nación en el que se señalaba la necesidad de sumar personal para mejorar los controles sobre las empresas acusadas de contaminar.
Frente a la necesidad de "fortalecer institucionalmente" la Secretaría, justificó la adquisición de computadoras y de vehículos para inspecciones, y mostró resultados cuantitativos contundentes acerca del aumento de multas, notificaciones e inspecciones a empresas.
Respecto del hermano de la secretaria, Juan Picolotti, su jefe de Gabinete, Fernández destacó que se trata de un abogado especializado en temas ambientales, que no percibe dinero para gastos personales, y remarcó además que 80 por ciento de los nuevos contratados son profesionales universitarios.
El funcionario señaló además que otra contratada es una prima de Picolotti, una psicóloga que pertenecía al Cedha, quien está a cargo de un programa de acción comunitaria con vecinos de la cuenca Matanza-Riachuelo sobre la que el Estado encara un programa de saneamiento.
Acerca de la contratación de una abogada cubano-estadounidense, Ana María Kleymeyer, cuestionada por su designación para coordinar la Unidad de Asuntos Ambientales Internacionales siendo extranjera, Fernández subrayó que su gestión fue "una ayuda enorme" en el conflicto con Uruguay por las fábricas de celulosa.
Con base en las revelaciones del matutino, dos abogados y un diputado de la oposición presentaron ante la justicia denuncias con el fin de investigar la posible comisión de delitos de mal desempeño y malversación de caudales públicos. En tanto, las organizaciones ambientalistas han preferido la cautela.
Picolotti es abogada y presidía el no gubernamental Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha) hasta hace un año, cuando fue designada secretaria por su labor en defensa de vecinos de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú en el conflicto con Uruguay por la instalación de dos plantas de celulosa sobre un río limítrofe.
Las organizaciones ecologistas han sido muy críticas de su gestión que, en el mejor de los casos, ha dado escasos frutos, opinan. Gonzalo Girolami, de Greenpeace Argentina, dijo a IPS que, más allá de las presuntas irregularidades, el gobierno tiene "un doble discurso" en materia ambiental.
"No vemos avances en ningún tema", dijo Girolami y mencionó como ejemplos el plan de saneamiento de la cuenca de los ríos bonaerenses Matanza-Riachuelo, la más contaminada del país, y la demorada sanción de una ley que frene la deforestación. "El problema es que parece difícil hacer política ambiental cuando el modelo productivo es contaminante", dijo.
Una posición similar manifestó la Fundación Vida Silvestre, para la cual la Secretaría que dirige Picolotti "no tiene aún diagnóstico" de la situación ambiental del país. Más crítica fue la Fundación para la Defensa del Ambiente, cuyos responsables acusan a la funcionaria de desconocer por completo los temas ambientales.
Las denuncias contra Picolotti coincidieron con otro escándalo que involucra a una alta funcionaria del gobierno de Néstor Kirchner cuando faltan tres meses para las elecciones presidenciales de octubre en las que por primera vez en la historia argentina la favorita es una mujer, la senadora Cristina Fernández, esposa del mandatario.
La ministra de Economía, Felisa Miceli, está bajo investigación penal por el hallazgo de una abultada suma de dinero en efectivo en un baño de su despacho hace un mes. El hallazgo, divulgado por el semanario Perfil, se produjo durante una inspección de rutina de personal de bomberos.
El informe periodístico habló del equivalente a 240.000 dólares. Ella dijo que eran 60.000 dólares.
Luego de dos semanas en los que evitó a la prensa, Miceli recibió el viernes a tres periodistas y les explicó que el dinero era un préstamo de su hermano para el adelanto de la compra de un inmueble que luego no se concretó. Pero no presentó ninguna prueba y la justicia sigue investigando.
La última información señala que el dinero encontrado era un fajo sellado por el Banco Central que había sido entregado a un banco privado en el que no tendría cuenta ni la ministra ni su hermano. Tampoco se conocieron aún resultados de las pesquisas realizadas sobre la agenda y el ordenador de la funcionaria.
El gobierno se manifestó satisfecho con las explicaciones de Miceli y la mantuvo en el cargo. Pero con Picolotti el respaldo fue más allá, para convertirse en una defensa pública.
