Familiares de asesinados en Japón pretenden que una ley les permita prestar testimonio en juicios contra los acusados de esos crímenes. Opositores a la pena de muerte sienten aprensión ante la propuesta, que, según ellos, dificulta la campaña abolicionista.
"La iniciativa tiene el claro objetivo de aplacar a (los deudos de) las víctimas más que el de promover la justicia", dijo a IPS la abogada experta en derechos humanos Kei Itoh.
"Temo que, de ser aprobado el proyecto, los juicios por homicidio concentren su atención en los aspectos emocionales, lo que derivaría en sentencias más severas", advirtió.
El impulsor de la propuesta hoy en discusión es él mismo deudo de víctima de homicidio y sobreviviente, el abogado Isao Okamura, de 77 años. Su esposa fue apuñalada hasta morir en octubre de 1999 por un hombre que pretendía asesinarlo a él en su hogar.
Okamura preside la Asociación Nacional de Víctimas de Crímenes y Familiares Sobrevivientes, organización que representa en Tokio a más de 3.000 familias y que alega que el drama de los deudos de asesinados es minimizado en Japón.
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Okamura se lanzó a la acción cuando el hombre hallado culpable de asesinar a su esposa fue condenado a cadena perpetua en 2001.
"El fallo fue inaceptable para mí, como esposo y como abogado", dijo. Okanomura pretendía su condena a muerte.
Los deudos de las víctimas a menudo sufren durante años un amargo resentimiento porque no tuvieron la oportunidad de hablar ante un tribunal, dijo a IPS el ex fiscal Tsuneo Matsumura, portavoz de la asociación.
"No pueden tolerar un sistema en el que son obligados a observar el juicio en silencio. Aplaudimos la propuesta porque a las víctimas de crímenes finalmente se les permitirá denunciar públicamente la verdad", afirmó.
Matsumura negó que la iniciativa, como dicen sus críticos, opere en contra de un juicio justo. Los deudos de las víctimas sólo podrán dirigirse al tribunal luego de ser autorizados por los fiscales, quienes estarán a cargo de garantizarán la objetividad del testimonio, dijo.
Pero, según la abogada abolicionista Itoh, "en términos generales, la gente común tiene dificultades para aceptar que los sospechosos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario".
La propuesta se erige como una dificultad más para la campaña por la abolición de la pena de muerte en Japón, así como asesinatos recientes y muy publicitados.
En la última encuesta del gobierno sobre la pena capital, realizada el año pasado, 80 por ciento de los entrevistados manifestaron su apoyo a este castigo extremo.
Uno de esos casos fue el asesinato de una mujer casada y su pequeña hija, por parte de un hombre de 18 años, hace unos ocho años.
Hiroshi Motomura, cuya esposa e hija fueron asesinadas hace ocho años, protagoniza una intensa campaña para que los tribunales dejen de lado la cadena perpetua asignada al supuesto autor del crimen, quien, según él, debería ser condenado a muerte.
La Corte Suprema de la ciudad de Hiroshima decidió revisar la sentencia.
La propuesta de admitir el testimonio de deudos de las víctimas todavía no fue presentada formalmente como proyecto de ley. Y, según Itoh, insumirá por lo menos dos años que entre en vigor, en caso de que sea aprobada por la Dieta (parlamento).
Expertos en derecho consideran que la propuesta deja en evidencia el rezago del sistema judicial japonés respecto del resto del mundo.
Japón es uno de los pocos países ricos que continúa implementando la pena de muerte.
En la última Navidad murieron cuatro hombres en la horca, lo que puso fin a una pausa en las ejecuciones de 15 meses. En ese lapso estuvo en funciones un ministro de Justicia de religión budista que se negó a firmar esas sentencias por motivos de conciencia.
La abogada Itoh está dedicada a revocar la condena a muerte de Masaru Okunishi, de 81 años, quien, a 37 de dictada la sentencia por el asesinato de cinco mujeres, continúa declarándose inocente.
Originalmente, a Okunishi se lo halló culpable de matar con vino envenenado a su esposa, a su amante y a otras tres mujeres.
Luego, hubo cinco apelaciones, entre ellas una que revocó la declaración de culpabilidad por falta de evidencia. Pero Okunishi está esperando de nuevo en el pabellón de los condenados a muerte. Itoh busca que se lo someta a un nuevo juicio.
El abolicionista Shouzo Inou el único activista autorizado a visitar a Okunishi, quien ahora se encuentra débil tras someterse a una operación de cáncer de estómago.
El condenado está ansioso por limpiar su nombre antes de morir. Muchos ciudadanos comunes le envían cartas de aliento.
"Okunishi sufrió tremendamente, y su familia también", dijo Inou, subrayando el sufrimiento a menudo ignorado de los familiares de acusados en juicios capitales muy publicitados.
Los padres y hermanos de Okunishi no soportaron la mala fama que el caso les dio en la pobre comunidad agrícola de Nabari, al occidente de Tokio. Se vieron obligados a mudarse a otra localidad donde pudieron vivir en el anonimato.
Los abolicionistas exigen ahora un debate público sobre el sistema de implementación de la pena de muerte.
"Tenemos que educar al público sobre las trampas de la pena de muerte en Japón. Los ejecutados pueden ser víctimas inocentes, pues los tribunales aceptan confesiones hechas por los acusados bajo custodia policial", dijo Hiroyuki Ito, profesor de ciencia política en la Universidad Ritsumeikan.
Un tribunal de tres jueces libraron en marzo del cadalso a Iwao Hakamada, boxeador profesional condenado por asesinato en noviembre de 1980. Uno de los miembros del tribunal, Norimichi Kumamoto, dijo a la prensa que la evidencia presentada era insuficiente para una condena.
