Guatemala podría dejar de ser considerada un paraíso de la adopción internacional desde que su parlamento ratificó el Convenio de La Haya y se dispone a aprobar una ley para regular un fenómeno que se ha convertido en sinónimo de venta y tráfico ilegal de niños.
"Era un paso obligado. Ahora daremos familias a los niños y no niños a las familias", dijo a IPS el procurador general de la Nación, Mario Estuardo Gordillo, en referencia a la ratificación el 21 de mayo del Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional.
Ese tratado, firmado el 29 de mayo de 1993 por la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado y en vigor desde 1995, tiene 71 países partes, entre ellos Guatemala.
Gordillo aseguró que la ratificación del Convenio, que entrará en vigor el 31 de diciembre y busca prevenir la sustracción, venta o tráfico de niños, garantizará "claridad, certeza y transparencia en el tema de las adopciones, y ayudará a que prime el interés superior del menor".
Aunque parte del Convenio, Guatemala no lo aplica, pues en agosto de 2003 la Corte Constitucional declaró inconstitucional el decreto ratificatorio que había sido aprobado por el parlamento, decisión que lamentó el procurador en sus declaraciones a IPS.
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Además, otros cinco países partes —Alemania, Canadá, España, Holanda y Gran Bretaña— objetaron aquella adhesión guatemalteca, pues no aceptan negociar adopciones con este país centroamericano.
El cónsul de España en Guatemala, Bernabé Aguilar, dijo a IPS que la nueva ratificación del Convenio es "condición necesaria, pero no suficiente" para que su país levante la objeción a la adhesión guatemalteca y comience a negociar adopciones con esta nación centroamericana. "Hay que esperar a la aprobación de la ley de adopciones y a que se pongan en práctica los mecanismos de protección del menor", advirtió.
Guatemala es considerado por activistas como un "paraíso" de las adopciones internacionales ilegales. Los trámites son ágiles —la espera no rebasa el año—, y en su mayoría efectuados por parejas estadounidenses que deben disponer de sumas de entre 25.000 y 30.000 dólares, lo que incluye el viaje, el papeleo y los letrados.
En lo que va de año, se han dado en adopción 683 niños, de un total de 2.389 expedientes entregados, precisaron a IPS fuentes de la Procuraduría General de la Nación (PGN), institución que autoriza los trámites. En 2006 hubo 4.496 adopciones, 10 por ciento más que en 2005.
El de las adopciones "es un negocio que produce al año unos seis millones de dólares que se quedan en un grupito de notarios", dijo a IPS Edgar Aguilar, asesor del presidente de la Comisión del Menor y la Familia del Congreso legislativo, Francisco Rolando Morales.
Aguilar aseguro que hay procesos iniciados cuando la madre está aún en estado de gestación, "casas de engorde", que corren con los gastos del embarazo y el parto de las mujeres, y una serie de "jaladoras" (buscadoras) para convencer a jóvenes de escasos recursos de entregar a sus hijos.
"Hay 'madres canguro' que se dedican a dar niños en adopción como un modus vivendi" y a cambio reciben "migajas" en comparación con las ganancias de los notarios, sostuvo Edgar Aguilar.
Nidia Aguilar del Cid, de la Defensoría de los Derechos de la Niñez de la Procuraduría de los Derechos Humanos, dijo a IPS que algunas mujeres han reconocido haber recibido entre 650 y 1.600 dólares por dar en adopción a un hijo.
Además de la ratificación del Convenio de La Haya, el Congreso aprobó en segunda lectura un proyecto de Ley de Adopciones, que debe subsanar los defectos e insuficiencias normativas existentes.
Actualmente, el proceso para adoptar a un menor se rige por el Código Civil, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, pero no existe una normativa específica ni una autoridad central reguladora.
El proyecto de ley, introducido en el Congreso el 17 de febrero de 2005, busca eliminar los incentivos económicos del proceso. En su artículo 10 "se prohíbe la obtención de beneficios económicos o de otra clase para los padres biológicos del niño, niña o adolescente dado en adopción".
El proyecto de ley prevé la creación de una Rectoría Nacional de Adopciones, un ente administrativo dependiente de la PGN e integrado por representantes de varios organismos del Estado, como autoridad competente para autorizar los trámites.
Es muy importante la "idoneidad" de las personas que integren esa autoridad reguladora "para que ésta no se convierta en un foco de corrupción", y además debería ser paritaria y abierta a representantes de la sociedad civil, dijo a IPS el coordinador del programa legal de la no gubernamental Casa Alianza, Héctor Augusto Dionisio.
Si hasta ahora han sido los notarios, y no los jueces, "los que se encargaban de todo el proceso", esta iniciativa "los deja fuera de toda la tramitación hasta el final", dijo Edgar Aguilar.
La iniciativa da prioridad a las adopciones nacionales, que constituyen ahora menos de un dos por ciento del total, enfatiza en la idoneidad del adoptante y establece un mayor control de las actuaciones.
Mientras se completan los trámites, los niños quedan al cuidado de un sinnúmero de familias cuidadoras, sustitutas de las suyas, o en casas cuna. La iniciativa legal prevé en su artículo 58 un plazo de 15 días para que "todas las entidades privadas que tengan a su cargo la guarda y cuidado de niños, niñas y adolescentes" se inscriban en la Secretaría de Bienestar Social.
Estados Unidos, receptor de casi la totalidad de las adopciones de niños guatemaltecos prevé ratificar el Convenio de La Haya antes de fin de año, informaron a IPS fuentes de la embajada estadounidense.
En lujosos hoteles del centro de Guatemala se ven diariamente decenas de parejas extranjeras con bebés guatemaltecos de pocos meses. IPS comprobó que hay plantas dedicadas exclusivamente a la estancia en el país de esas familias adoptivas.
"En Guatemala estamos enviando niños al extranjero con el único argumento de la pobreza de sus familias", lamentó Aguilar del Cid. Datos oficiales indican que más de 50 por ciento de los 12,7 millones de guatemaltecos viven en la pobreza.
En un mercado callejero de la capital, hay hombres que ofrecen a voz en cuello a las mujeres embarazadas entre 15.000 y 20.000 quetzales (entre 1.900 y 2.600 dólares) a cambio de un hijo, dijo Aguilar del Cid.
"La ratificación del Convenio nos lava un poco la cara ante los países que quieren adoptar con nosotros", pero se debería aprobar cuanto antes la ley, afirmó.
