La familia y los maestros son los principales agresores de niñas, niños y adolescentes en Bolivia. Desde golpes e insultos hasta abandono, 83 por ciento de las familias declara haber ejercido algún tipo de violencia contra sus niños, mientras 58 por ciento de los escolares han sido agredidos por sus profesores, dice un estudio divulgado este martes en La Paz.
Las posibilidades de crecer en un entorno que no imprima algún tipo de violencia existen sólo para una minoría de la población infantil, afirma el informe "Violencia contra la niñez en Bolivia", producto de un trabajo coordinado entre el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
"Creemos que estas cifras no reflejan la realidad y que el verdadero nivel de violencia en los hogares y en la escuela estaría subestimado", dijo a IPS Víctor Mezza, autor del informe junto con Hugo Tórrez.
El documento sistematiza datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud realizada en 2003 por el INE, y considera, además del entorno familiar y la escuela, las instituciones de protección (hogares de acogida) o de internación por conflicto con la ley y también la calle.
"Pegar a un niño o a cualquier persona en la calle, provocando lesión corporal, se considera como delito tipificado por el Código Penal u otras disposiciones jurídicas; en cambio, si un progenitor pega a su hijo en el hogar es un hecho aceptable culturalmente", lamenta el informe.
Los datos evidencian que los principales agresores son el padre y la madre, seguidos de los abuelos, padrastros, hermanos y otros. Los argumentos son diversos, como el esgrimido por las madres que justifican el castigo a sus hijos e hijas, sobre todo en caso de desobediencia (32,9 por ciento) e incumplimiento de las obligaciones familiares (26,6 por ciento).
Las formas de violencia son también diferentes: palmadas, sopapos, golpes de puño, de chicote, con manguera, con soga, gritos Otros optan por castigar a los niños quitándoles la ropa, privándolos de la alimentación, mojándolos, encerrándolos, ignorándolos, imponiéndoles más tareas y, en algunos casos, dejándolos fuera de la casa.
El estudio se hizo con base en cinco preguntas incluidas en la Encuesta, una de las cuales estaba referida a si se debía castigar o no a los niños. "La opinión de las madres es que sí porque hay que educarlos", señaló Mezza. "Es difícil juzgar, pero pareciera que persiste el viejo criterio de que la letra entra con sangre", opinó.
La proyección de los porcentajes de madres que reconocen castigar a sus hijos sobre la población nacional estimada en 2003, año en que se realizó la Encuesta, arroja 1,2 millones de niños, niñas y adolescentes maltratados físicamente y cerca de 1,1 millones de menores sujetos a violencia psicológica en el hogar.
Algunas de las explicaciones de los padres señalan que también fueron víctimas de violencia y maltrato en su infancia.
Pero "el problema no es intergeneracional, pues tanto madres que sufrieron violencia como aquellas que no, usan violencia contra sus hijos. El problema tampoco se lo podemos atribuir a la pobreza, a la migración, etcétera", sostuvo Gordon Jonathan Lewis, representante de Unicef en Bolivia en su discurso de presentación del informe.
"El problema se ha generalizado de tal manera, que en todo renglón socio-económico la práctica se ha enraizado en el seno de la familia boliviana", añadió.
Los grados más altos de violencia hogareña se registran en el central departamento de Cochabamba, con 86 por ciento, le sigue el sureño Chuquisaca, con 84 por ciento, y luego Potosí, Tarija, La Paz y Santa Cruz, cada uno con 83 por ciento.
Donde menos se castiga es en los orientales Beni y Pando, con 80,5 por ciento, y en el occidental Oruro, con 80 por ciento.
Pero las diferencias son pequeñas, apenas de seis puntos porcentuales, "hecho que cobra real dimensión más allá de las cifras, cuando se piensa que para la sociedad es prácticamente normal que un padre o una madre castigue a sus hijos supuestamente para educarlos", dijo Mezza a IPS.
El representante de Unicef destacó que, a pesar de un marco jurídico, normativo y político bastante claro y bien fundamentado en instrumentos internacionales como la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la erradicación de la violencia contra la infancia y las mujeres está muy lejos.
"Solamente tenemos 233 defensorías de la niñez y la adolescencia, cuando deberían existir 329 defensorías para los 329 municipios del país", dijo.
El castigo corporal contra niños, niñas y adolescentes es legal en el ámbito familiar en países como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Guayana Francesa y Puerto Rico, sostiene el Informe para la Consulta Regional de América Latina "Acabar con la violencia legalizada contra los niños y niñas".
El documento fue publicado en 2005 por la organización no gubernamental Save the Children Suecia y la Iniciativa Global para acabar con todo castigo corporal hacia niños y niñas.
El Código Penal boliviano en su artículo 276 señala que "no se aplicará ninguna sanción, cuando las lesiones fueren leves y hubieran sido causadas por los cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos, afines en línea recta, cuñados, cuando vivieren juntos".
En más de 80 Estados del mundo, el castigo corporal está autorizado todavía en las escuelas y otras instituciones, mientras en 15 países de América Latina y el Caribe no está prohibido explícitamente en las escuelas.
En Bolivia, esto se refleja en que 58 por ciento de los niños en edad escolar declaran haber sufrido agresiones físicas de sus maestros, regentes e incluso directores y, en menor medida, de sus propios compañeros, de acuerdo con el estudio de Unicef y el INE.
El maltrato físico de los maestros es más alto contra las niñas (59 por ciento) que contra los varones (56 por ciento). El estudio muestra también que los menores castigados por el regente del colegio constituyen 13,4 por ciento, y los que afirman haber sufrido agresiones de sus propios compañeros y compañeras suman 11,2 por ciento.
Las formas más frecuentes de maltrato escolar son los golpes con la mano, con palo, jalón de orejas, chicotazos y castigos como obligar a ponerse en cuclillas o de rodillas.
"Y estamos hablando de entornos que se suponen son los más seguros para los niños en cualquier sociedad", dijo Mezza, quien espera que este trabajo sirva para generar políticas de educación y sanción para los adultos que maltratan.
