Campesinos mexicanos opuestos a la construcción de la represa La Parota en el sudoccidental estado de Guerrero prometen fortalecer acciones para frenar el millonario proyecto, tras una resolución judicial favorable a su caso. Un tribunal agrario local dictaminó el 18 de enero que fue ilegal una de las 19 asambleas, donde una mayoría habría votado a favor de la venta de sus tierras, que serán inundadas por la represa de 900 megavatios.
“Los campesinos se sienten mucho más animados y mantienen bloqueados los accesos a la zona a los técnicos de la (estatal) Comisión Federal de Electricidad”, dijo a Tierramérica Mario Patrón, abogado de los opositores, quienes sostienen que las asambleas promovidas por las autoridades fueron amañadas y con sobornos de por medio.
El gobierno niega las acusaciones y anunció que nada retrasará la convocatoria a licitación de la obra, prevista para este mes.
