El sacerdote Andrés Tamayo no acató las amenazas de expulsión de pobladores y empresarios madereros quienes le exigieron abandonar el nororiental departamento de Olancho el 31 de mayo.
El ultimátum tuvo lugar en la localidad de Salamá, donde hace una semana se declaró una veda parcial de los bosques, cuya preservación es la principal bandera de lucha de Tamayo, de origen salvadoreño y nacionalizado hondureño este año.
El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, se comprometió a garantizar la vida del religioso, pero el gesto no es suficiente para varios activistas.
“La vida de Tamayo está en peligro y no basta con que el presidente diga que va a protegerla, debe proceder a investigar y capturar a quienes lo amenazan constantemente”, dijo a Tierramérica Bertha Oliva, de la organización humanitaria COFADEH.
Salamá, donde Tamayo reside hace 23 años, es una de las zonas más devastadas por la tala ilegal del bosque y el tráfico de madera. Cifras oficiales indican que unas 108 mil hectáreas boscosas son deforestadas anualmente en el país.