Un nuevo reglamento para la descarga de aguas residuales que entró en vigencia el 11 de mayo en Guatemala incluye penas de hasta 10 años de prisión por contaminar fuentes hídricas. La medida espera eliminar gradualmente la contaminación de unas 500 empresas para 2024.
“Vamos a crear una base de datos para establecer el grado de contaminación de las aguas del país e instalaremos un laboratorio móvil para realizar pruebas que deberá estar listo en cuatro meses”, aseguró a Tierramérica Mario Dary, ministro de Medio Ambiente.
Los industriales llamaron a no poner el acento sólo en el sector privado. «Algunas fábricas sólo contaminan entre 10 y 15 por ciento de las fuentes hídricas; el resto son las municipalidades y el sector residencial», dijo Ricardo Sagastume, director ejecutivo de la Cámara de Industria.
