Cuba espera que el cese del escrutinio anual de su situación humanitaria acordado en las Naciones Unidas convenza a la Unión Europea (UE) de que no hay razones para mantener su postura crítica hacia este país en materia de derechos humanos.
"Esperamos que los próximos pasos sean abolir definitivamente la Posición Común y las sanciones que la UE mantiene suspendidas", si bien vigentes desde 2003, señaló este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Felipe Pérez Roque, en conferencia de prensa.
El canciller calificó de "rotunda" victoria diplomática la decisión adoptada el lunes por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que, como parte de su proceso de reorganización, sacó a Cuba y a Belarús de la lista de países que deben ser observados de manera especial.
El caso cubano estaba a cargo desde 2002 de la relatora Christine Chanet, representante personal de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, cuya misión fue rechazada de modo sistemático por el gobierno de Fidel Castro, bajo el argumento de que se trataba de una maniobra impuesta por Estados Unidos.
La cuestión de los derechos humanos ha sido durante años motivo de duros enfrentamientos verbales entre las delegaciones de La Habana y Washington en Ginebra, sede anual de las sesiones de la desaparecida Comisión de Derechos Humanos de la ONU, sustituida por el Consejo desde el año pasado.
El gobierno cubano defiende el sistema socialista vigente en esta nación caribeña desde el comienzo de la década del 60 como el más humano por sus políticas sociales, de salud y de educación, que benefician a los ciudadanos por igual.
La Habana siempre ha culpado a Washington de utilizar los derechos humanos como parte de su política hostil hacia Cuba y de "justificar el bloqueo" económico que mantiene desde hace más de cuatro décadas contra este país.
Pérez Roque indicó que Estados Unidos acaba de perder el "último pretexto" para la aplicación de sanciones económicas y comerciales contra La Habana. "Se han quedado colgados de la brocha, y nosotros nos hemos llevado la escalera", sentenció.
El fin del mandato especial sobre Cuba figura en un documento aprobado por consenso de los 47 miembros del Consejo, al que inclusive se sumó la UE. Por eso, el canciller cubano consideró que Bruselas debía hacer coherente con esa decisión su "discurso" y sus resoluciones.
"No puede haber una relación normal entre los gobiernos de la UE y Cuba mientras exista la Posición Común ( ) que es anormal, un documento contrario a los intereses europeos y escrito por el Departamento de Estado", cancillería de Estados Unidos, indicó el jefe de la diplomacia cubana.
La Posición Común sobre Cuba, adoptada por la UE en 1996, se propone, entre otros objetivos, "fomentar el proceso de transición hacia el pluralismo democrático y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en Cuba, así como el aumento y la mejora duraderos del nivel de vida del pueblo cubano".
Esta constituye la base de la política hacia La Habana del bloque europeo, que en 2003 aplicó varias medidas diplomáticas adicionales en reacción al arresto y severas condenas contra 75 disidentes cubanos, acusados de conspirar con Washington con fines subversivos.
Ese nuevo paquete incluyó la restricción de visitas oficiales de alto nivel a Cuba, la reducción de la participación europea en actos culturales en este país isleño y la invitación a representantes de la oposición cubana a las fiestas nacionales de las embajadas de la UE en La Habana.
Esas medidas introdujeron hasta 2005 extrema tensión en las relaciones e interrumpieron los intentos de normalización de las relaciones entre La Habana y Bruselas, que estaban en marcha por entonces.
El lunes, en su revisión anual de la Posición Común, el Consejo de Ministros de la UE acordó invitar a una delegación gubernamental cubana a Bruselas, para sondear la posibilidad de entablar un diálogo político abierto y general con las autoridades.
En su declaración, los ministros de Relaciones Exteriores del bloque dijeron que si bien el "régimen político, económico y social de Cuba sigue siendo básicamente el mismo", se ha producido "la primera transferencia de poderes temporal en 48 años", lo que constituye "una novedad".
El presidente Fidel Castro, convaleciente de varias delicadas operaciones intestinales, delegó provisionalmente sus cargos el 31 de julio del pasado año en su hermano Raúl, primer vicepresidente, quien hasta ahora encabeza un gobierno colegiado en el que se destacan Pérez Roque y el vicepresidente Carlos Lage.
La UE también lamentó que la "situación de los derechos humanos no haya cambiado en esencia" en este país y consideraron que el gobierno "sigue negándose a conceder a sus ciudadanos las libertades y derechos civiles, políticos y económicos reconocidos internacionalmente".
"Nosotros hemos tomado nota de ese documento europeo y nos vamos a referir a él en el transcurso de los próximos días", señaló el canciller cubano si bien consideró que el texto contenía una "rectificación necesaria, aunque no suficiente", pues no elimina la Posición Común ni las sanciones de 2003.
En tanto, algunos sectores de oposición no autorizados, pero tolerados por las autoridades cubanas, reiteraron sus críticas a "la falta de libertades", especialmente las individuales, pero dijeron a IPS que existía una atmósfera adecuada para el diálogo.
"Creo que el gobierno debería responder positivamente a la invitación de la UE. Sería ampliar el proceso que ya comenzó con España", dijo Manuel Cuesta, portavoz de Arco Progresista, una coalición de pequeñas agrupaciones disidentes de corte moderado.
El gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero intenta liderar dentro de la UE un clima de distensión hacia Cuba. Tras la visita a La Habana del canciller Miguel Ángel Moratinos, ambos países comenzaron a fines de mayo un diálogo político que incluye la cuestión de los derechos humanos.
