Una cooperación es eficaz cuando da poder a la comunidad y al gobierno del país beneficiado, que ha tomado conciencia de cómo diseñar la estrategia de desarrollo. Si no, el esfuerzo es vano y el hambre y la exclusión se consolidan, afirman activistas.
Ese es el problema central para aprovechar los recursos de los países donantes en regiones como América Latina, que deben tener incidencia directa en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, dijo a IPS el español Francisco Martínez Frutos, responsable del área de seguridad alimentaria de la Alianza Mundial Intervida (INWA por sus siglas en inglés).
Parte de las esperanzas para abatir el hambre y la pobreza extrema en América Latina y el Caribe, la región de mayor desigualdad socio-económica del mundo, están cifradas en la eficacia de la cooperación resentida en parte por los recursos crecientes que se destinan a África.
Casi ausente en los diagnósticos, evaluaciones y ejemplos volcados por los expositores, América Latina es sin embargo motivo de preocupación de delegados al Foro de Desarrollo 2007 de la Conferencia de Organización no Gubernamentales en Relación Consultiva con las Naciones Unidas (Congo), que se realiza desde el jueves a este sábado en Ginebra.
A eso apuntan delegados y expertos de la sociedad civil latinoamericanos consultados por IPS.
[related_articles]
Un asunto sustancial de la cooperación es su eficacia e impacto, que implican sostener la herramienta después de finalizados los proyectos de asistencia. Esto no sólo se refiere al crecimiento, sino además a la búsqueda de la equidad, según el investigador Gonzalo de Castro.
La pobreza y la equidad no son independientes. Es simple aritmética: si los ricos no pueden ser gravados, habrá menos recursos financieros y, por tanto, menos para transferir a los pobres, como explica el economista chileno Víctor Tokman, asesor laboral del gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006) y ex director regional de la Organización Internacional del Trabajo, comenta De Castro.
Como dice Tokman, "mientras algunos viajan en el tren de alta velocidad, otros aún son arrastrados por viejos motores de vapor; existe una sociedad de dos carriles" y las diferencias actuales se transmiten de generación en generación, cita De Castro.
Con la experiencia acumulada en proyectos en marcha en América Central y en la región andina sudamericana, Martínez Frutos alerta sobre una suerte de "privatización de la acción social", que agrava la falta de eficacia.
Los gobiernos cooperantes ricos dejan los recursos en manos de organizaciones no gubernamentales (ONG) para que cada una haga lo que le parece. "Estas son asociaciones privadas y funcionan como empresas, más allá de que no tengan ánimo de lucro", recordó el experto de esta red con sede en España.
En cambio, las políticas de cooperación deben ser tomadas por los gobiernos donantes con una línea concreta de acción, programas propios y bien definidos a través de su agencia de cooperación, para ser coordinados e implementados con los países beneficiarios.
Los recursos se incrementarán, como parte de la lucha de los países centrales contra la inmigración desde los países pobres, en particular desde África subsahariana y América Latina. "Ya no pueden poner más vallas o barreras y una de las políticas es dar dinero con la intención de detener ese flujo imparable de personas", precisa Martínez Frutos.
"Por eso estamos intentando hacer acuerdos con la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) y otras agencias del foro mundial, para entrar en los gobiernos y que sean éstos los que diseñen un plan común de programas con los recursos de la cooperación".
Este aspecto tiene más campo fértil en América del Sur que en el resto del mundo, por la tradición regional del Estado benefactor, pese a que las políticas de corte neoliberal de los años 90 le hicieron perder mucho terreno, a juicio de delegados de la región. Fueron tiempos de democracia de baja intensidad, calificaron.
Planes como Hambre Cero de Brasil y los que propone el gobierno boliviano de Evo Morales van en la dirección de dar poder a las comunidades receptoras de la asistencia para diseño, desarrollo, gestión y control, algo necesario para no caer en el fortalecimiento de las elites tradicionales ostentadoras del poder económico y político.
"Con FAO, por ejemplo, que está trabajando directamente con gobiernos de países donde actuamos —Ecuador, Perú, Guatemala y otros—, en sus planes, diseños y seguimientos, con lo cual podemos lograr esa línea coherente de trabajo eficaz de cooperación", apuntó.
Si las ONG no se mueven de ese modo "no podrán hacer otra cosa que ir directamente a las comunidades y preguntar ¿qué os hace falta? y ya, volcamos los recursos o se monta una ONG en el lugar, pero no podemos capacitar a la autoridad que, por ejemplo, es la que construye el canal de riego que necesita el productor, que debe proveer la infraestructura que permanecerá y permitirá que esa asistencia sea sustentable en el tiempo y no sólo una ayuda temporal".
De ese modo, "nosotros como ONG hacemos una inversión, cuando lo eficaz sería que el dinero viniera desde España, por nombrar un caso conocido, directamente al gobierno del país beneficiado y éste, consciente de las necesidades de su población y enmarcado en programas nacionales concretos, sea el que vuelque adecuadamente esa asistencia".
En esa línea, INWA trabaja en el terreno con las comunidades, haciendo una organización comunitaria, o capacitando al personal del ministerio u oficina gubernamental especializada que trabaja en el área, "cuando nos dejan", afirma.
El caso de Bolivia es ideal como estrategia, destaca Martínez Frutos, porque da poder de decisión a las comunidades, campesinos e indígenas. "El problema es cómo hacerlo, que en ese caso es donde vemos deficiencias, porque eso no se puede hacer por la fuerza sino con convencimiento", advierte.
Se necesita un lazo con los gobiernos, que poco a poco se irá construyendo. Encuentros de la sociedad civil dan más fuerza, como queda demostrado en este foro de Congo, admiten el experto español y activistas latinoamericanos.
"Mientras, en el terreno trabajamos con los productores para que en un plazo razonable —de un lustro por ejemplo— ya estén constituidos como una microempresa, lo cual nos da un impacto y una sostenibilidad", explica.
También se requiere voz en los ámbitos internacionales, donde las recomendaciones de la sociedad civil tengan un plano concreto en los organismos multilaterales.
"Sólo cuatro representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estuvieron presentes el primer día de este foro de desarrollo y luego se fueron" sin esperar las discusiones ni conclusiones de las ONG, criticó sin vueltas el sudafricano Kumi Naidoo, secretario general de Civicus – Alianza Mundial para la Participación Ciudadana.
"Los foros (de ONG) deben tener interlocutores con los gobiernos", dice Martínez Frutos. Un ejemplo válido fue un encuentro este mes en Roma sobre agricultura orgánica y seguridad alimentaria, "en el cual se pudieron hacer recomendaciones concretas que se transmitieron al Consejo de Seguridad Alimentaria (de la FAO) que se reunió la semana siguiente".
"Ahí hubo una línea directa y un elemento específico para discutir y presionar a quienes deciden como gobierno", indica.
"Nosotros estuvimos directamente con el director general de la FAO todo el tiempo, estuvo haciendo de moderador. Era la primera vez que la FAO abría las puertas a la sociedad civil para que éstas pudieran tener voz dentro del Consejo de Seguridad Alimentaria", asevera.
