Entorpecida por profundas diferencias ideológicas, la Asamblea Constituyente de Bolivia sólo tiene dos meses para redactar la nueva ley fundamental y hasta ahora apenas ha logrado aprobar un artículo que proclama la práctica del deporte en altura como un derecho humano y universal.
Tras 10 meses de sesiones en Sucre, la capital de Bolivia, de los cuales ha empleado siete en elaborar su reglamento de debates, la Asamblea trata de recuperar el tiempo perdido con el agitado trabajo de 21 comisiones encargadas de preparar las propuestas que luego deben ser discutidas en sesiones plenarias.
El restaurado Teatro Gran Mariscal Sucre abrió sus puertas a los constituyentes para considerar esta semana, como tema único, la prohibición por parte de la FIFA de jugar partidos internacionales de fútbol en ciudades con una altura mayor a los 2.500 metros sobre el nivel del mar (msnm).
Sin votos en contra ni abstenciones, los asambleístas resolvieron censurar la decisión de la FIFA (Federación Internacional del Fútbol Asociado) e incorporar como norma constitucional el derecho universal y básico a practicar deportes en cualquier lugar de este país, donde algunas de sus ciudades se aproximan a los 4.000 metros sobre el nivel del mar.
Esta unanimidad demostró que la adhesión de los constituyentes al deporte más popular de Bolivia pudo más que las fuertes discrepancias partidarias e ideológicas registradas hasta ahora en cuanto asunto se ha tratado en este ámbito.
Es que esas opiniones encontradas continúan trabando cualquier decisión respecto, por ejemplo, de las autonomías de los nueve departamentos en que se divide Bolivia, de la propiedad de la tierra y sobre la creación de un nuevo país con la incorporación de los pueblos indígenas con gobiernos propios basados en sus tradiciones ancestrales.
Se estima que las comisiones encargadas de estos asuntos cruciales no logren un dictamen de consenso y, por tanto, pasen para su tratamiento a partir del 2 de julio a las sesiones plenarias, donde se necesitan para su aprobación los votos de por lo menos dos tercios de los componentes de la Asamblea Constituyente.
En caso no pasar esta instancia, los artículos observados serán llevados a una consulta ciudadana.
La preparación previa al debate central debió superar obstáculos como la falta de un reglamento y el interés del opositor Poder Democrático y Social (Podemos), de derecha, de bloquear y hacer fracasar la Constituyente, según dijo a IPS su vicepresidente, Roberto Aguilar Gómez.
Aguilar Gómez aguardará la presentación de los informes de comisiones hasta el 15 de este mes y, tras una evaluación a cargo de la dirección, se definirá el plazo final del trabajo de los asambleístas, aunque la ley de convocatoria indicó el 6 de agosto de 2007 como fecha límite, un tiempo aparentemente insuficiente para la redacción de la nueva ley fundamental.
Inaugurada el 6 de agosto, la Asamblea Constituyente surgió de la demanda de los pueblos indígenas por obtener dominio sobre la tierra que habitan y por el aprovechamiento para el país de sus recursos naturales como los bosques, la fauna y el agua.
A ello se agregaron los reclamos de organizaciones sociales en defensa de los recursos hidrocarburíferos como el petróleo, el gas, y una mayor participación en las decisiones políticas. Por eso, en esta instancia están representadas todos los estamentos de la sociedad, como los campesinos, indígenas, empresarios, sindicatos y los partidos políticos.
La sede elegida para la Asamblea fue Sucre, escenario en agosto de 1825 del nacimiento de la entonces República de Bolívar, llamada así en honor del libertador americano Simón Bolívar, y que luego trocó en Bolivia.
Esta ciudad ubicada 714 kilómetros al sur de La Paz, donde está asentado el gobierno, y que guarda rasgos de arquitectura colonial, ha cambiado su tradicional tranquilidad por la efervescencia social que acompaña a las sesiones de la Asamblea.
Es habitual observar en estos meses, por ejemplo, a grupos de indígenas en demanda de cambios en la Constitución que permitan mejorar la distribución de las tierras para la agricultura y el reconocimiento a sus tradicionales formas de gobierno comunitario.
También denominada Ciudad Blanca por las claras fachadas donde se observan señoriales balcones y arcos de medio punto fabricados con piedra cortada, Sucre es además sede del Poder Judicial y con ello de lo más granado de los bufetes de abogados y litigantes, además de residencia de familias de clase alta que se caracterizan por sus costumbres conservadoras.
Ese círculo social ha visto con sorpresa la irrupción de nuevos actores en el escenario de la Asamblea Constituyente: hombres y mujeres vestidos con sombreros de lana de oveja, coloridas chaquetas con tejidos y bordados multicolores de las culturas quechua y aymara, y calzando abarcas.
Hombres y mujeres indígenas y agricultores comparten las deliberaciones y el trabajo de generación de propuestas con militantes de los partidos tradicionales, empresarios y sindicalistas.
Esa fuerte presencia de representantes de los sectores más empobrecidos de Bolivia, frente a habitantes urbanos y con una tradición en el manejo de la política y sus instituciones, se traducen en acalorados debates en busca de la nueva concepción del Estado boliviano.
Una iniciativa que acompañó la llegada al gobierno del izquierdista Evo Morales, el primer indígena elegido presidente en este país y en América del Sur.
La Constitución aún en vigor reconoce un Estado nacional y unitario, pero en la Asamblea se ha expresado el pedido de los pueblos originarios de reconocimiento de las nacionalidades que conduciría al nuevo concepto de Estado plurinacional, explicó a IPS el antropólogo Gonzalo Vargas Rivas, quien integra la Comisión de Organización y Estructura del Nuevo Estado.
